El distrito más rico del país, gobernado desde hace 12 años por el PRO, es escenario de grandes contrastes a nivel social y económico. Endeudamiento, privatizaciones y meganegocios inmobiliarios son los ejes de la actual gestión porteña.
12 de marzo de 2020
Junto con los más altos niveles de desarrollo económico del país, persisten en la Ciudad de Buenos Aires flagelos extendidos que se agudizan a medida que se profundiza la gestión neoliberal iniciada a fines de 2007. La «isla» que gobierna Juntos por el Cambio presenta incluso graves amenazas para la calidad de vida de gran parte de su población. Tal futuro inmediato fue denunciado por dirigentes opositores y organizaciones de la sociedad civil luego de la reciente apertura de sesiones de la Legislatura por parte del jefe de Gobierno. Algunos legisladores llegaron a definir el discurso de Horacio Rodríguez Larreta como «ficción», «relato» o «fantasía», al comparar los dichos con el constante deterioro de las políticas públicas en áreas clave, como Educación, Salud, Vivienda o Infraestructura. Panorama al que se agrega un proceso de endeudamiento similar al que hoy pesa sobre la Nación, y la permanente disposición de patrimonio público para facilitar negocios privados (inmobiliarios, principalmente). «Habla de educación y no hay vacantes para 25.000 niños y niñas; habla de espacio público y vende cientos de hectáreas; promete una ciudad verde y quiere incinerar los residuos», sintetizó Matías Barroetaveña, Legislador de la Ciudad por el Frente de Todos.
Sin contar el impacto de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2019, tras la devaluación post-PASO, los niveles de pobreza e indigencia porteños ya eran muy elevados en septiembre: unas 570.000 personas en una ciudad de 3 millones de habitantes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de ese mes mostraron que eran pobres el 14,3% de los porteños, 430.000 personas en 108.000 hogares, mientras los indigentes eran 145.000 (4,8% de la población), en 36.400 hogares.
Pese a los enormes recursos con que cuenta la Ciudad, incluidos los sobregiros nacionales recibidos por la coparticipación de impuestos (que la Nación ahora quiere revertir) los indicadores sociales mostraron un permanente deterioro en los últimos años. Del lado de los ingresos debe añadirse el crecimiento de la deuda. De 1.413 millones de dólares en 2012 saltó a 2.493 millones de dólares en 2015 y, en septiembre, último dato, ya ascendía a 2.900 millones de dólares.
En parte, los indicadores de pobreza son reflejo de los elevados niveles de desocupación del tercer trimestre de 2019. El desempleo abierto llegó al 7,9% (134.000 personas) y el subempleo, a 11,9% (203.000). Pero ese promedio oculta la profundidad del desempleo en la franja joven de la población activa (hasta 29 años), en la que estaban desocupados el 10,7% de las mujeres y el 20,1% de los hombres.
Prioridades
La emergencia sociolaboral, que afecta a la Ciudad aunque en menor medida que en el resto del país, no parece cambiar los ejes de la política de Rodríguez Larreta. Siguen ausentes soluciones para impulsar la vivienda popular, mientras que en materia de transporte Larreta ya anunció que no se van a construir más líneas de subterráneos en los próximos cuatro años. Se volvería, además, a concesionar el servicio a la cuestionada Metrovías y se sigue apostando al Metrobus.
Se mantiene, asimismo, una de las más controvertidas prioridades del Gobierno porteño: la venta de tierras públicas. «Se han perdido unas 150 hectáreas de espacios verdes públicos entre privatizaciones y negocios inmobiliarios», advirtieron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). Para María Eva Koutsovitis, del Instituto de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, «el combo Macri-Larreta ha consolidado en la Ciudad un modelo de precarización y mercantilización urbana. La venta ilegal de inmuebles y tierra pública profundiza la desigualdad, a la vez que nos despoja de nuestros bienes comunes al conjunto de las porteñas y porteños». El titular del ODC, Jonatan Baldiviezo, señaló a su vez que «a medida que analizamos nueva documentación descubrimos la cantidad de irregularidades y violaciones a las leyes que cometieron los Gobiernos de Cambiemos para llevar a cabo su plan sistemático de venta y privatizaciones de tierra pública en estos últimos cuatro años».
El mecanismo consiste en la entrega a empresas de distintos terrenos, pese a los reclamos vecinales de creación de espacios verdes. Las compañías beneficiadas están en muchos casos vinculadas con negocios de exfuncionarios y amigos del Gobierno de Cambiemos. La presunta comisión de irregularidades abarca además el traspaso de unos 100 inmuebles de la Nación a la Ciudad Autónoma, a fines de 2019, operaciones que están siendo investigadas por orden del actual Gobierno nacional.
En uno de esos casos, la Comisión Fiscalizadora de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., controlada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), advirtió sobre la ilegalidad que se cometería si se transferían los predios del Playón Ferroviario de Palermo y de Caballito al violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe actos de disposición de inmuebles en los últimos seis meses del último año de un Gobierno. Pese a ello se traspasaron propiedades por valor de 36 millones de dólares. Por otra parte, la AABE autorizó en septiembre pasado la venta directa del playón ferroviario de Chacarita (12.500 m2) a la Ciudad de Buenos Aires, respaldándose en decretos que en ningún caso conceden esa facultad. Esas y otras transferencias fueron denunciadas por el Observatorio de Derechos porteño, ante «el desapoderamiento de activos insustituibles con efectos negativos a los intereses del Estado».
