12 de julio de 2018
Finalmente, la mayor vulnerabilidad externa de la economía argentina, que con sus políticas incrementara el gobierno, se materializó en la presente crisis. Se decidió, de forma súbita y precipitada, recurrir a la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional.
El documento a través del cual se formaliza el pedido se denomina Carta de Intención. Dicho documento presenta, por primera vez en forma explícita luego de dos años de deriva, el plan económico del gobierno. En su formulación señalamos algunos aspectos llamativos: inflación de un dígito (objetivo a ¡tres años!) y una lluvia de fondos que cubriría el déficit de dólares de la economía argentina. Parte de estos recursos se proyecta que provendrán de la Inversión Extranjera Directa (IED) y parte de la inversión de portafolio. Lo sorprendente de esto último es que se refiere al ingreso de dólares financieros, cuyo salida de Argentina durante el segundo trimestre de este año explica en buena medida la presente crisis financiera en el mercado local. En resumidas cuentas, todo parece configurar la promesa de un nuevo «segundo semestre» que nunca llegará.
Queda, entonces, lo medular del plan, esto es, una profundización del ajuste en curso hasta alcanzar niveles draconianos. Dicho ajuste atacará, entre otras cosas, las compras de bienes y servicios del Sector Público, la racionalización del empleo público y la postergación de inversiones públicas. El documento destaca que esta batería de medidas ayudará a construir confianza, reducirá la incertidumbre y fortalecerá la economía argentina, siendo improbable que la situación social se deteriore producto de las mismas. Evaluamos que pasará exactamente lo contrario.
En suma, luego de dos años tenemos la verdadera carta de intención que expone los objetivos de este gobierno.
