15 de septiembre de 2024

Daniel Víctor Sosa

Este año las fábricas locales registran un derrumbe en la producción de vehículos, en el marco de la fuerte recesión y la consecuente caída en las ventas. Perspectivas del impacto del RIGI en el sector.

Las once fábricas de automóviles, pickups y camiones radicadas en el país aminoran este año drásticamente su ritmo de producción, ante la fuerte recesión inducida por el Gobierno libertario. Se espera que la cantidad de unidades producidas sea un 20% inferior a la de 2023 (no se llegará al medio millón de unidades). El derrumbe en las ventas, principalmente al mercado interno (-18% interanual, según se proyecta) se traslada tanto hacia atrás de la cadena (autopartistas) como hacia adelante (concesionarios, repuesteros).

Si bien se prevé un repunte en 2025, queda aún como un recuerdo lejano aquel récord de 2011, con casi 830.000 vehículos salidos de las terminales nacionales. Entretanto, el sector se mantiene expectante ante el cambio de reglas impulsado desde los despachos oficiales.

Por un lado, mediante alivios fiscales específicos y otras medidas tendientes a amortiguar el violento descenso de la demanda local. Pero, por otra parte, con la amenaza de una probable mayor competencia, si es que se cumplen los temores sobre el arribo de nuevos competidores asiáticos, tentados de aprovechar las ventajas abiertas con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

La capacidad de recuperación del sector se vincula, en todo caso, con el importante ciclo de inversiones registrado en el período 2017-21, que incluyó el lanzamiento de nuevas plataformas exclusivas, el rediseño (restyling) de los productos existentes y la modernización de las instalaciones. Analistas privados, sin embargo, advierten que en 2022-24 fueron insuficientes los aportes de capital de las casas matrices y las asignaciones de nuevos modelos para manufactura local.

El país debe superar además un conjunto de cuellos de botella locales, mientras se enfrenta a un gran desafío ante la irrupción de un proceso global de cambio tecnológico.

El Ministerio de Economía implementó desde abril pasado un conjunto de medidas con el objetivo de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento del sector automotor, rubro que concentra el 10% de la producción total industrial y que da empleo a más de 75.000 trabajadores. Entre esas disposiciones se decidió mantener la exención de derechos para las exportaciones incrementales, es decir, aquellas que excedan el volumen registrado en 2020.

Luego, se acordó sistematizar y digitalizar el régimen de Reposición de Existencias (Repostock), que permite importar mercaderías destinadas a reemplazar aquellas que, previamente ingresadas desde el exterior, hayan sido exportadas después de ser objeto de procesos industriales. Mediante esta variante de importación temporal los autopartistas venden piezas a las terminales sin pagar aranceles e impuestos, lo que mejora la competitividad exportadora del sector automotriz.

Se dispuso asimismo la rebaja de aranceles para importar matrices y moldes. El recorte fue del 35% al 12,6% para los moldes de metal, mientras que los de inyección plástica pasaron del 24% al 12,6%. A partir de junio, además, se homologaron los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos con Brasil, a fin de evitar duplicaciones y acelerar los tiempos de evaluación de nuevas líneas de vehículos (lo cual facilita el incremento de exportaciones).

Riesgos
Las terminales automotrices recibieron con satisfacción la baja del Impuesto País (del 17,5% al 7,5%), a lo que se añadió la promesa de eliminación del tributo en diciembre próximo. La rebaja debería impactar también en el costo de producción de los autos nacionales que, en promedio, tienen entre 50% y 90% de sus piezas importadas (la proporción varía mucho según la fábrica y el modelo).

De modo simultáneo, el ministro Luis Caputo anunció la eliminación de «trabas burocráticas» para la importación de acero y aluminio: las empresas del área estimaban que el costo de esos trámites era hasta 50% más alto que en otros países. Otro beneficio para las terminales será indirecto, al anunciarse el «desarmado de la burocracia» de los Registros del Automotor. Concretamente, se redujo el costo de la transferencia a 1% del valor del vehículo (hasta ahora era del 1,5% para autos nacionales y 2% para importados). También se ordenó la digitalización de todos los trámites y se estableció la gratuidad de la emisión de cédulas, patentes y otros documentos.

Por último, la industria automotriz fue incluida en el reglamento del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), del que inicialmente había quedado marginada (solo incluía a la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, petróleo y gas). Quedaron así incluidos los proyectos que contemplen nuevas tecnologías en materia de movilidad, motorizaciones y energías alternativas.

Un documento interno de Adefa (la Asociación de Fábricas de Automotores) respaldó el marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los U$S200 millones, al considerar que «tiene como objetivo generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional».

La entidad, de todos modos, consideró elevado el tope fijado para las futuras inversiones, ya que proyectos de rediseño, desarrollo de proveedores o de redes comerciales implican costos muy inferiores. Ese sería el caso, por ejemplo, de la adaptación de una plataforma existente para fabricar el mismo vehículo en su versión híbrida.

Finalmente, Adefa alertó sobre el riesgo de que el RIGI abra «una ventana de oportunidad» para la instalación de fábricas de origen asiático, alusión indirecta a empresas de China. «Lo cual significaría un gran perjuicio y dejaría en situación de desventaja/desigualdad de oportunidades a las empresas del sector ya radicadas que vienen invirtiendo, generando empleo y divisas desde hace más de 100 años en el país», advirtió la entidad.

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