5 de enero de 2025
La baja del gasto público en 2024 incluyó amplios recortes en haberes jubilatorios y menor cobertura de medicamentos por parte del PAMI.
Fatal equilibrio. Quienes sufrieron el mayor ajuste en sus ingresos fueron los 6 millones de jubilados y jubiladas.
Foto: Jorge Aloy
La retórica del discurso oficial durante 2024 abarcó de forma preferencial los derechos previsionales para ocultar o tergiversar el verdadero impacto de sus políticas, orientadas a asegurar un «ahorro» en las partidas presupuestarias estatales y consolidar el equilibrio fiscal.
Quienes más aportaron a ese resultado fueron 6 millones de jubilados/as y pensionados/as, de los cuales aproximadamente 3,1 millones (52%) perciben hasta un haber mínimo. Sobre ese amplio conjunto social y sus familias, insospechados de pertenecer a ninguna «casta», se descargó a lo largo del año una tormenta de recortes de ingresos y de prestaciones básicas, al desconocerse inclusive su derecho al acceso a medicamentos esenciales.
Como si la desatención, el agravamiento de enfermedades de las y los adultos mayores, o la disminución de su nivel de consumo de todo tipo de bienes y servicios básicos fuera la única solución a mano para atender urgencias económico financieras del Estado.
El 30 de agosto el presidente Javier Milei no dudó en sostener su decisión de mantener la fuerte quita en los haberes de los jubilados y pensionados, derivada de la devaluación del peso y el salto inflacionario subsiguiente. Ese día de fines del invierno, el jefe libertario logró que el Parlamento ratificara su veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que semanas atrás había sido aprobada por el Congreso de la Nación. La normativa votada por los legisladores buscaba compensar la pérdida del poder adquisitivo de haberes que recibieron un incremento de solo un 12,5% frente a una suba de precios del 20,6% de enero, tras el 25,5% de diciembre de 2023.
Según el mandatario, la ley era «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente», en tanto no contemplaba su impacto fiscal ni determinaba la fuente de su financiamiento.
La Cámara de origen de la iniciativa, en este caso Diputados, tenía la facultad de dejar sin efecto la decisión presidencial e insistir con su proyecto reparatorio. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que, tras el veto presidencial, cuatro legisladores del radicalismo cambiaron el sentido de sus votos originales.
La ley, que pretendía aumentar un 8,1% las jubilaciones, había logrado su sanción definitiva el 22 de agosto en el Senado, donde los únicos representantes provinciales que votaron en contra fueron los del bloque oficialista de La Libertad Avanza. El ahorro del Tesoro así conseguido fue una pieza clave para evitar que se aflojara el torniquete fiscal, luego de que en el primer semestre se contabilizara el primer superávit en las cuentas públicas desde 2008, en un contexto de drásticos recortes del gasto estatal; decenas de miles de despidos; la paralización de las obras públicas; bajas en los partidas para provincias, universidades, institutos de ciencias, investigación y desarrollo; y poda de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos.
Sin remedios
De manera adicional y en nombre de una «administración eficiente», sin ninguna transparencia ni mayores explicaciones, los funcionarios consideraron necesario revisar los parámetros para la entrega sin costo (o con importantes descuentos) de remedios a los jubilados, que acrecentó el porcentaje a cubrir por los propios beneficiarios. Como justificación se habló de «brindar una adecuada cobertura, optimizar los recursos disponibles, evitar desvíos del sistema y garantizar la cobertura gratuita de medicamentos a aquellos afiliados que realmente lo requieren». Concretamente, se dio fin a la cobertura en medicamentos gratuitos que alcanzaba a 4,2 millones de afiliados, incluía 176 principios activos y casi 3.000 presentaciones comerciales destinados a tratamientos esenciales. Para esas especialidades de uso habitual entre los adultos mayores se limitaron los descuentos al 80%, 60% o 40%.
Recortes. Los beneficiarios con acceso a la cobertura del 100% cayeron de 1.090.711 a 38.206.
Foto: NA
La nueva política en la materia equiparó los parámetros de acceso a la cobertura integral de medicamentos, en línea con lo establecido para el acceso a subsidios energéticos. Así, la ventaja (mayor rentabilidad) conseguida por grupos locales y extranjeros que controlan la provisión de gas y electricidad, al haberse reducido el número de beneficiarios de tarifas sociales, fue el criterio para habilitar el uso de la motosierra en una materia tan sensible como la atención de la salud de los adultos mayores. Además, al suprimir el acceso gratuito a los medicamentos a los beneficiarios con ingresos mayores a $388.500, se perjudicó a la mayoría de los adultos mayores (unos 3 millones de jubilados). En junio ya se habían quitado 11 remedios con 100% de cobertura del vademecum y en agosto otros 44. Por otra parte, se redujo la cantidad suministrada de medicamentos gratis a cinco por mes. Mientras, el precio de los remedios, que ahora deben ser solventados en parte por los jubilados, se triplicó a lo largo del año (subieron un 202% en promedio, pero en los casos extremos la suba superó el 380%), debido a la luz verde del Gobierno a los laboratorios.
En respuesta a interrogantes de legisladores, funcionarios del PAMI (principal programa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) precisaron que los beneficiarios con acceso a la cobertura del 100% cayeron de 1.090.711 a apenas 38.206 (solo el 4% del universo previo).
Los excluidos del beneficio «pueden realizar el trámite de excepción correspondiente, en aquellos casos que el gasto de bolsillo en medicamentos sea mayor al 15% de sus haberes», se indicó. Si no pudieran acceder al subsidio social, añadieron en el Gobierno, los afiliados «podrán obtener sus medicamentos con descuentos que van del 50% al 80% sobre el precio fijado para el PAMI, que actualmente se encuentra en promedio un 30% por debajo del Precio de Venta al Público». Para tranquilidad de los usuarios y la población, el Gobierno aclaró que «los medicamentos que no están incluidos en la cobertura al 100% son aquellos que no cuentan con evidencia médica disponible suficiente para determinar beneficios clínicos significativos o resultan de uso local y eventual y, por lo tanto, no ponen en riesgo la continuidad de ningún tratamiento crónico de enfermedades prevalentes».
El año que recién comienza trae además el trascendido de un inminente proyecto de reforma previsional de la mano de los libertarios, que anticipan, presentarán en el Congreso en la segunda mitad de 2025. Habrá premios para quienes se jubilaron sin moratoria, posiblemente un aumento en función del crecimiento económico, marcando una diferencia con quienes lo hicieron a través de moratorias. Además, pretende igualar la edad jubilatoria para hombres y mujeres en 65 años, por supuesto, eliminar regímenes especiales.
