13 de abril de 2016
El incremento de tarifas de los servicios públicos y combustibles impacta con fuerza en el bolsillo de los trabajadores pero también en los costos de producción de las empresas. Pérdida de puestos laborales y caída del consumo. El silencio del INDEC.
Transporte. El ajuste en el Área Metropolitana representa un salto de 100%. (Carlos Brigo)
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que «elegimos el camino del gradualismo porque es el único posible». Sin embargo, los incrementos de tarifas públicas anunciados están muy lejos de respetar esa consigna.
En el área metropolitana (amba), los aumentos promedio fueron del 500% al 700% en electricidad, 100% en trenes y colectivos, 375% en agua y 300% en gas. En el resto del país, las subas fueron significativas aunque inferiores a las de la zona amba. A su vez, el aumento del 186% en el abono de la telefonía fija y del 19% en combustibles –acumulado 2016– fue parejo para todo el país. Las «tarifas sociales» anunciadas apenas cubren un mínimo porcentaje del universo total. Para el caso del gas natural, desde el propio Ministerio de Energía y Minería reconocieron que la tarifa social solamente beneficiará a 350.000 hogares (el 4,5% del total). El declamado «sinceramiento» de precios le pone un piso a la inflación de abril, según la mayoría de las consultoras, del 6%. El objetivo gubernamental de lograr una inflación ubicada en un rango del 20% al 25% anual ya es una utopía.
Sin embargo, los aumentos no impactan de idéntica manera en toda la sociedad. Los investigadores Demian Panigo, Fernando García Díaz, Sergio Rosanovich y Pilar Monteagudo explican en El impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en Argentina (2015-2016) que «los procesos inflacionarios afectan de manera asimétrica a los distintos sub-grupos poblacionales dependiendo críticamente de la dinámica de los precios relativos. Tradicionalmente, las familias de mayores recursos poseen un patrón de consumo intensivo en servicios (personales, esparcimiento, turismo) y bienes durables. Por el contrario, en los hogares de menores ingresos las erogaciones se concentran principalmente en alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos (luz, gas y teléfono)». Los investigadores examinaron el impacto diferencial inflacionario en la Ciudad de Buenos Aires, sin considerar la última tanda de aumentos. La conclusión a la que arribaron fue que los hogares humildes perdieron más del doble de poder adquisitivo que los hogares acomodados. En números, el 10% más vulnerable registró una caída del 23,8% en su capacidad de compra. Mientras que el 10% de mayores recursos tuvo una retracción del 11,1%.
Los sectores vulnerables fueron los principales perjudicados con la evolución de los precios relativos en la Argentina post-triunfo electoral de Mauricio Macri. En ese marco, el último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (cifra) verifica un significativo aumento de la pobreza. Esta habría pasado de afectar al 19,7% de la población en el segundo trimestre de 2015 a alrededor del 23% en enero de 2016. Por otra parte, la medición no registra todavía los efectos de los últimos incrementos tarifarios.
Quejas del empresariado
La otra cara de la moneda es el impacto en los costos empresarios. Las entidades patronales comenzaron a reaccionar a medida que sus asociados recibían la factura de luz. La situación es particularmente angustiante para aquellas compañías que requieren de un intensivo consumo eléctrico y/o gasífero.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (came) expresó que «la quita de subsidios a la electricidad está impactando de lleno sobre los costos de producción de las pymes, especialmente en el sector industrial donde hay muchos rubros que realizan un consumo intensivo del recurso energético». Por su parte, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (apyme) denunció que se trata «de un cóctel explosivo para pymes y trabajadores». La delegación Rosario de la entidad solicitó una prórroga de 60 días para la aplicación de los aumentos. Además, reclamó a la Empresa Provincial de la Energía santafesina la apertura de una mesa de diálogo. También el secretario general de la Unión Industrial Argentina (uia), Juan Carlos Sacco, advirtió que «por el impacto de la crisis en Brasil y por el tarifazo puede haber una pérdida de entre 100.000 y 200.000 puestos de trabajo». Por lo pronto, la consultora Tendencias Económicas sostiene que se perdieron 110.000 puestos de trabajo en los dos primeros meses del año. La mayoría de las bajas laborales provinieron del ámbito privado.
La experiencia histórica revela que las consecuencias inmediatas del tarifazo serán: reducción del poder adquisitivo, caída de la demanda e incremento de costos empresarios. Los resultados de ese combo son contracción del consumo, actividad económica y empleo.
En esa línea, la Confederación de Actividades Mercantiles (came) informó que las cantidades vendidas por los comercios minoristas se redujeron 5,8% en marzo en términos interanuales. La retracción acumulada en el primer trimestre alcanza el 4,2%.
Un dato alarmante es que las ventas en medicamentos retrocedieron un 4,8% en el primer bimestre del año, respecto al mismo período de 2015. Las alternativas son dos: o la población se está enfermando menos o el achicamiento del bolsillo dificulta el acceso a los medicamentos.
La recaudación impositiva de marzo también refleja una caída en el consumo interno. El cobro del iva interno apenas creció un 23% en marzo. Esta variación implica un fuerte retroceso en términos reales si se lo compara con la inflación anual estimada del 35%.
—Diego Rubinzal
