20 de agosto de 2024

Daniel Víctor Sosa

El Gobierno libertario impulsará cambios tributarios en Nación y provincias. Preparan una nueva tarifa social en luz y gas, y buscan achicar el gasto asociado al empleo estatal.

El primer paso fue la «motosierra» sobre el gasto público, con importantes recortes que no se detuvieron ni siquiera ante la necesidad urgente de proveer de alimentos a cientos de miles de familias en condiciones socioeconómicas vulnerables. Ese procedimiento, orientado a la corrección de desequilibrios fiscales con estrictos criterios neoliberales, podó los presupuestos de la Nación, las provincias y municipios, las empresas estatales, las universidades, etcétera.

Pero ese ajuste fue solo el comienzo de la experiencia libertaria. En los planes inmediatos de la Casa Rosada figuran ambiciosas reformas estructurales para que los cambios tengan un horizonte de largo plazo.

Las modificaciones en carpeta se empezarán a concretar antes de fin de año y se profundizarán en 2025, si se cumple el cronograma oficial. Están previstos giros rotundos en comparación con el rumbo seguido en lo que va del siglo y superarán ampliamente los ensayos practicados durante la gestión de Mauricio Macri. Siempre con miras a corregir desequilibrios fiscales −identificados como raíz de todos los problemas económico financieros del país por la concepción neoliberal libertaria− el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, prepara:

• Una amplia reforma del sistema tributario nacional, que contemplará la eliminación de distintos gravámenes. La innovación será el correlato de un análisis comparativo con los regímenes vigentes en Chile y Uruguay, que detallará aspectos como la presión impositiva (incluyendo contribuciones a la seguridad social);

• El objetivo es reemplazar los ingresos tributarios transitorios respaldados por el reciente paquete de emergencia, por ingresos no transitorios;

• Se modificarán (o eliminarán) las exenciones, beneficios o tratamientos/regímenes tributarios especiales que reducen la recaudación tributaria;

• El régimen especial de Tierra del Fuego será objetivo de una propuesta de reforma, tras un análisis de su costo para el Estado nacional. A través de un esquema secuencial se alentará la implementación de un sistema fiscal alineado con el nacional (incluyendo IVA, aranceles e impuesto a los Bienes Personales, entre otros). Se prevén alternativas de reconversión y programas de creación de empleo, lo que implica reconocer que cerrarán empresas hoy radicadas en esa provincia y un aumento de la desocupación;

• En materia de empleos en el sector público, las reformas partirán de un análisis de la evolución del gasto salarial nacional. Con ese insumo se proyecta la «racionalización» del coste fiscal para el Estado;

• Se confeccionará una nueva Tarifa Social para los servicios de electricidad y gas, con criterios de focalización de subsidios, para así beneficiar a la población carenciada y excluir a la de mayores ingresos. A tal fin se actualizarán las bases de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS);

• El Gobierno nacional procurará introducir «mejoras» en los sistemas de transferencias discrecionales a las gobernaciones, con miras a su reducción, en forma simultánea con cambios en las estructuras tributarias provinciales;

• Se evaluarán además, en cada territorio, propuestas de mejora del gasto asociado al empleo público;

• Con respecto a las empresas públicas locales, se analizarán las tarifas de los servicios de transporte y energía, incluyendo la existencia de subsidios explícitos e implícitos, lo que permitirá estimar el costo fiscal para el Gobierno nacional. Se evaluará además la factibilidad de que las provincias asuman fiscalmente dichos costos;

• Para aquellos distritos que conservan sus propios sistemas previsionales en beneficio de sus empleados públicos provinciales y municipales, se impulsarán cambios dirigidos a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema;

• Otra reforma alcanzará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), orientada a una «mayor eficiencia en el control y asistencia al cumplimiento tributario».

Estudios
El Palacio de Hacienda prevé avanzar con las reformas sobre la base de un conjunto de consultorías privadas encargadas de elaborar los respectivos diagnósticos. Esos estudios serán financiados mediante un aporte no reembolsable de US$450.000, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La hoja de ruta de Caputo establece que en septiembre ya estarán a disposición los primeros informes y notas técnicas de los asesores externos. En octubre llegarán las propuestas concretas referidas a la reducción de las transferencias discrecionales del Tesoro nacional, la reducción del gasto asociado al empleo público y sobre los sistemas previsionales provinciales.

Ese mismo mes será el turno del abordaje sobre las empresas públicas subnacionales (así las denomina el BID); la estructura tributaria; y sistema de financiamiento provincial.

El compromiso libertario para avanzar en esta dirección será acompañado por un Préstamo de Apoyo a Reformas de Políticas de US$350 millones. Su objetivo, precisaron en los documentos preliminares, será «asistir a la recuperación de la sostenibilidad fiscal del país a través de reformas estructurales para la mejora de la eficiencia de la política y la administración tributaria y del aumento de la calidad del gasto». 

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