La colocación de un título a 100 años acordado con bancos extranjeros coronó el proceso que convirtió a la Argentina en el país emergente con mayor emisión de bonos en dólares del mundo. La contracara es un brutal ajuste en los planes sociales.
12 de julio de 2017
Vencimiento en 2117. Para el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el país recuperó la confianza de los mercados internacionales. (Abramovich / AFP / Dachary)
El stock de deuda externa total alcanzó los 204.509 millones de dólares a fines de marzo. Desde la asunción presidencial de Mauricio Macri, la Argentina se convirtió en el país emergente con mayor emisión de deuda en dólares del mundo.
El último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET) revela que, en los últimos dieciocho meses, el monto emitido alcanzó los 45.951 millones de dólares.
Ese trabajo de la UMET no incluye en el cálculo el reciente bono a 100 años por 2.750 millones de dólares. Las características de ese empréstito fueron negociados con cuatro bancos internacionales: Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Nomura Securities International y Santander Investment Securities.
El sigilo con que se realizaron esas tratativas no hizo más que incrementar las sospechas desde distintos ámbitos políticos y judiciales. Por caso, el diputado nacional Carlos Heller sostuvo que «en enero de este año, el gobierno emitió el Bono Argentina 2027 a 10 años y colocó 3.700 millones de dólares a una tasa del 6,8% anual, por lo que no hay manera de entender por qué pagan más caro. Algunos creen que esto es de interés para los colocadores y no de los tomadores». Por su parte, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado por el fiscal Juan Zoni, en una causa iniciada tras la denuncia de un grupo de diputados del Frente para la Victoria, que incluye al jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Zoni requirió al juez Ariel Lijo que investigue la operatoria para determinar si hubo perjuicio al Estado.
Lo cierto es que los cuatro bancos colocadores «ya ganaron», como rezaba el antiguo slogan de Margarita Stolbizer. Además del cobro de la comisión respectiva (0,12%, 3,3 millones de dólares) actuaron como compradores iniciales de los bonos. Su transferencia en el mercado secundario les permitirá embolsar una renta adicional que –de acuerdo con las estimaciones de especialistas financieros– superará los 100 millones de dólares.
«Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía», celebró Caputo.
La lectura de los medios extranjeros sugiere otra cosa. Un artículo publicado en la cadena BBC relata cómo «la bicicleta financiera se convirtió en un símbolo» del gobierno de Macri gracias a tasas de interés «únicas en el mundo». La nota detalla cómo el Estado nacional, las provincias y los bancos emitieron «miles de millones de dólares en deuda» pero que «la fiesta financiera no se traduce en nuevas empresas o infraestructura». A su vez, los lectores del Financial Times eligieron al bono centenario argentino como el acontecimiento financiero más delirante del mundo.
Más allá de esas opiniones, la altísima tasa de interés implícita de la operación (7,9% anual) revela que las políticas amigables con el mercado no lograron reducir sustancialmente el costo del financiamiento.
La política de megaendeudamiento achicará los márgenes de maniobra de la política económica. El creciente peso de los intereses en el presupuesto público implicará menores recursos para atender las necesidades prioritarias de los argentinos (salud, educación, seguridad, infraestructura, desarrollo productivo).
El economista Claudio Scaletta plantea en su artículo en Página/12 «Recrear la dependencia» que «el nuevo ciclo de endeudamiento representa un aparente contrasentido lógico. Mientras los dispendiosos gobiernos populistas redujeron a mucho menos de la mitad el peso de la deuda ampliando los grados de libertad de la política económica, los austeros gobiernos neoliberales lo multiplican irresponsablemente recreando la dependencia».
El recorte del Progresar
La reducción del gasto público es una de las obsesiones del equipo económico. En la 22° Conferencia de la UIA (noviembre de 2016), Mauricio Macri sostuvo que resulta imprescindible «discutir dónde se va a recortar para reducir el déficit». Sin perjuicio de eso, los funcionarios reconocían por lo bajo que era difícil realizar un fuerte ajuste fiscal en un año eleccionario.
La estrategia elegida fue avanzar en recortes presupuestarios que se noten lo menos posible. Por ejemplo, la eliminación del reintegro del 5% del IVA a las compras con tarjeta de débito implicó un «ahorro» de 7.500 millones de pesos. El fallido retoque de la fórmula de movilidad jubilatoria estaba en esa línea. Pequeñas detracciones, realizadas a millones de beneficiarios, hubieran permitido «ahorrar» cerca de 3.000 millones de pesos anuales.
La fuerte caída de beneficiarios de pensiones no contributivas y del Plan Progresar es otra muestra del ajuste «por goteo». El padrón del Progresar se redujo de 904.950 (diciembre 2015) a 558.406 jóvenes (marzo 2017, última información publicada).
La interrupción de los beneficios se aceleró en los últimos meses, de los que no se cuenta con datos oficiales. El recorte del beneficio no fue ninguna sorpresa porque estaba plasmado en el Presupuesto 2017. La ley aprobada en el Congreso Nacional estableció un achique del 30% de los fondos destinados a este programa.
