22 de julio de 2024
Mientras se recupera el comercio agrícola, el fisco sigue padeciendo diversas formas de fraude, elusión, evasión y dilaciones en la liquidación de divisas y pago de impuestos.
Defraudaciones. Las más importantes son legales y operan con una ingeniosa arquitectura contable y una legislación permisiva.
Foto: Getty Images
La economía argentina depende del ingreso de divisas para garantizar sus chances de crecimiento, y el sector agropecuario ha sido tradicionalmente el gran proveedor de ese insumo esencial. En este sentido, sin el impacto de la sequía que afectó a la producción del campo en el ciclo 2023‒24, la situación actual debería ser más holgada. Por lo menos así cabría esperar de los fuertes incrementos previstos en las próximas cosechas de los principales cultivos.
Según estima la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de soja redondeará las 50 millones de toneladas (frente a las 20 millones de 2022‒23), mientras la siega de maíz llegará a 47,5 millones de toneladas (contra 36 millones). En el caso del trigo, hoy en período de implante, la superficie destinada en este ciclo supera en 22% a la de la anterior campaña.
Aunque esos volúmenes aseguran una situación de bonanza para productores y comercializadores, el aporte para el fisco seguirá siendo marginal debido a factores estructurales del mercado de granos que actúan, desde hace decenios, como un facilitador del drenaje de dólares en beneficio de actores privados de la actividad.
Concretamente, desde 1991 el esquema de comercialización de granos y derivados de Argentina pasó a ser totalmente privado y hoy solo diez empresas, la mayoría extranjeras, concentran el 93% de las ventas. El Estado nacional se limita a fiscalizar débilmente, desde afuera, el desarrollo de estas transacciones, que concentran casi la mitad de los ingresos de dólares por exportaciones. Adicionalmente, debido al menguado control público del comercio exterior de granos, el Estado nacional perdió el conocimiento, el acceso a la información y los recursos humanos para actuar en este terreno en beneficio de los intereses del país.
Privatización
La problemática es estudiada, entre otros analistas, por el académico Juan Manuel Villulla, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (UBA), quien evalúa las consecuencias de la privatización del esquema de comercialización de granos y derivados en 1991, con la liquidación de la Junta Nacional de Granos.
«Hoy solo diez empresas concentran el 93% de las ventas. La mitad de las firmas –y las de mayor proporción de operaciones– son extranjeras», precisa Villulla. Según sus estudios, el Estado no participa sino indirectamente a través de la empresa YPF Agro (sección de YPF S.A. con el 1,3% de las ventas) y se limita a fiscalizar débilmente desde afuera el desarrollo de estas transacciones, que concentran el 45% de los ingresos de dólares por exportaciones.
El resultado, advierte el investigador, «es un lucro cesante de proporciones en detrimento del Estado, que sumando todas sus modalidades podría redundar en alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, fruto de diversas formas de fraude, elusión, evasión y dilaciones en la liquidación de divisas y pago de impuestos».
Los mecanismos utilizados por los agentes centrales del negocio son más sofisticados que el contrabando abierto. Esa vía es marginal (se estima una pérdida anual del Estado de solo 4 millones de dólares), si bien la AFIP informa habitualmente sobre la detención de camiones con miles de toneladas de granos que pretenden traspasar las fronteras de modo irregular.
Por el contrario, dice Villulla, «las formas de defraudación más importantes y menos conocidas son legales y más abstractas: no apelan a complicados movimientos físicos de la producción que violen ninguna ley, sino a una ingeniosa arquitectura contable y una legislación permisiva». Los circuitos principales que utilizan las exportadoras de granos y derivados, según el experto, son: el diferencial por subcotización de ventas al exterior; la subfacturación y sobrefacturación por triangulación internacional; y la postergación de la liquidación de divisas.
Contrabando abierto. La AFIP detiene camiones con miles de toneladas de granos que intentan cruzar las fronteras de modo irregular.
Foto: argentina.gob.ar
Maniobras
La pérdida de recursos del Estado, en el primer caso, se estima en 1.500 millones de dólares anuales, aunque habría llegado a 2.400 millones con los saltos en las cotizaciones por la reciente pandemia y la posterior guerra ruso-ucraniana, por la brecha entre el precio al que las exportadoras venden en realidad y los valores que declaran al Estado. Se trata de maniobras legales a partir de normas sancionadas durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y Mauricio Macri.
La segunda variante de fraude, describe Villulla, «lo constituyen la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones entre filiales de una misma empresa en distintos países. Lo primero permite capturar ganancias extraordinarias, y lo segundo, fugarlas del país ilegalmente».
En 2022 la AFIP detectó 1.400 casos de evasión por estos mecanismos y destacó particularmente a una gran empresa entre las que concentran la exportación de granos, aunque no desclasificó su nombre. De este modo, sobre el total de operaciones subfacturadas entre 2018 y 2021 se habrían acumulado desvíos por 5.910 millones de dólares.
El tercer modo de fraude consiste en no liquidar en tiempo y forma la cantidad de divisas que las exportadoras mismas dicen haber percibido en sus operaciones de compra-venta. «Además de capturar lisa y llanamente una parte de la renta agraria que debiera fluir a la economía nacional, las exportadoras no venden en el mercado local los dólares que ellas mismas declaran haber recibido del exterior en los tiempos que establece la legislación nacional», explica Villulla. Estas maniobras, agrega, implican montos muy importantes que oscilan entre los 700 y los 1.500 millones de dólares anuales.
En definitiva, la decisión sobre los tiempos para liquidar dólares por parte de las diez firmas que controlan el 45% de las exportaciones incide de manera directa sobre el stock de divisas disponible en el corto plazo para el Banco Central, de modo que puede constituirse en el punto de apoyo para maniobras especulativas que fuercen un tipo de cambio conveniente a sus intereses, o que exijan a cambio de su liquidación alguna otra ventaja de parte del Estado nacional.
En estas condiciones «pueden transformar el control directo de las exportaciones en un control indirecto del tipo de cambio y convertir su posición dominante en un área de la economía nacional en un poder de facto sobre el conjunto de la política macroeconómica», concluye Villulla.
