1 de junio de 2023
La Auditoría General de la Nación develó incumplimientos legales en el préstamo solicitado al FMI por el macrismo, utilizado en parte para financiar la fuga de capitales.
Irregularidades. El ministro Dujovne no tenía facultades para gestionar y autorizar deuda. Mientras que el presidente del Central, Sturzenegger, no emitió ningún dictamen.
Foto: NA
«Estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento buscando siempre evitar una gran crisis económica», afirmó el entonces presidente Mauricio Macri, cinco años atrás, en un mensaje emitido por cadena nacional. Fue el 8 de mayo de 2018 y estaba justificando una decisión tomada para «equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas». Sobre el final de su alocución, que duró menos de tres minutos, Macri anunció el inicio de «conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que nos otorgue una línea de apoyo financiero».
El acuerdo stand by se firmó finalmente el 12 de junio, por la insólita suma de casi 57.000 millones de dólares. Fue un préstamo extraordinario, excepcionalmente elevado, el más grande tomado en toda la historia del país y el más voluminoso otorgado por el propio Fondo. Semejante megaendeudamiento tuvo serias consecuencias para la economía nacional en el último lustro y aún representará en los próximos años un lastre considerable. Hoy se conocen, además, un conjunto de irregularidades en el camino de retorno al organismo internacional, luego de que Néstor Kirchner saldara, el 15 de diciembre de 2005, la totalidad de los compromisos pendientes con el FMI.
Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) fue concluyente al analizar la operación: «Los procesos y procedimientos no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda», con lo cual se provocaron «incumplimientos legales». Se afectó así «la prudencia en la administración del endeudamiento» y se vulneró «la adecuada supervisión del financiamiento».
El video que sintetiza las conclusiones del informe de la AGN, aprobado por la mayoría de sus auditores, fue publicado por la vicepresidenta Cristina Fernández en su cuenta de Twitter. Allí calificó de «escandaloso lo que hicieron y lo que pasó», a la vez que afirmó que «los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino».
Según el análisis de la Auditoría, el préstamo representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el Fondo y el monto aprobado, lejos de fortalecer su posición financiera, acrecentó su vulnerabilidad. De entrada, las comisiones y gastos reconocidos al FMI sumaron más de 13.000 millones de pesos (unos 530 millones de dólares de entonces). Es decir, el equivalente al 52% del presupuesto del Conicet para todo el ejercicio 2018. Otra comprobación más relevante aún: casi el 30% de los desembolsos del crédito se usaron para financiar la salida de capitales financieros. Durante el período del acuerdo, esa fuga fue «considerable y continua», mientras las medidas para evitarla resultaron tardías.
La mayor parte de los fondos ingresados (71%) se destinó al pago de servicio de la deuda pública, en particular de emisiones realizadas desde 2016, especialmente entre 2017 y 2018. Por otra parte, muchos de los desembolsos recibidos fueron manejados de manera discrecional, por fuera de cualquier registro presupuestario. El informe de la AGN constató además que «se tomaron decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública».
Anomalías
Entre las irregularidades detectadas por la AGN se advirtió que el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) no tenía facultades para gestionar y autorizar la deuda pública. Además:
• No se cumplió con el artículo 61 de la ley de Administración Financiera (N° 24.156) que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.
• La operación no pasó por el Congreso y se incumplió la norma (resolución 108/09 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto.
• No se implementó el procedimiento aplicable para la negociación, contratación, administración, control y supervisión de los préstamos.
• La jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo, a pesar de tener esa función específica.
• Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas (Oficina de Crédito Público, secretaría Legal y Administrativa, subsecretaría de Asuntos Legales y Regulatorios, Dirección de Programación e Información Financiera, Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales) y en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda.
• Ni siquiera se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dada la existencia de múltiples versiones del texto del stand by.
• El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo.
• Cuando se decidió solicitar el préstamo, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad (plazo de devolución, condicionalidades impuestas por el prestamistas, capacidad de disposición de reservas para su repago, proyecciones de solvencia fiscal, consultas a las áreas responsables del cumplimiento de las metas y a las líneas técnicas para su tramitación).
Oneroso, poco transparente, tramitado de modo irregular por funcionarios no autorizados, sin controles técnicos y usado para garantizar la renta de inversiones especulativas y la fuga de capitales: esos fueron los resultados del crédito del FMI que Macri dijo haber tomado «pensando en el mejor interés de todos los argentinos».
