22 de mayo de 2013
Ante la caída del cultivo, clave en la canasta alimentaria, el Gobierno nacional dispuso el reintegro de las retenciones a los productores. Impacto de una medida que motivó adhesiones y rechazos.
En retroceso. El declive de la superficie cultivada produce disminución de la fertilidad de los suelos y de la diversidad agraria. (Carlos Carrion)
La producción de trigo viene en retroceso luego de haber alcanzado un récord en la campaña 2007/2008, con 6 millones de hectáreas sembradas y 16,4 millones de toneladas producidas. La sequía del año siguiente perjudicó gravemente la producción agropecuaria en general y la triguera en particular. La superficie afectada a la producción triguera se redujo ese año por debajo de los 5 millones de hectáreas (ver cuadro). A partir de entonces nunca se pudo retornar a ese nivel de implantación de cultivos. Los números de la campaña 2011/2012 finalizaron con una superficie sembrada de 4,6 millones de hectáreas y 14,5 millones de toneladas producidas.
Las estimaciones para la presente campaña se ubican en algo más de 3 millones de hectáreas sembradas y de 9 millones de toneladas cosechadas. Las condiciones climáticas influyeron en la calidad y el rinde de la producción triguera. La campaña comenzó con un exceso de lluvias al inicio del cultivo y con una falta progresiva de agua a partir de octubre. Durante la época de la cosecha, la superficie sembrada sufrió varias tormentas y granizadas junto con altos valores de humedad.
La reducción de la producción triguera pareciera responder a factores multicausales (caída de la rentabilidad, avance estructural de la soja, cuestiones climáticas, etcétera). El retroceso del trigo suscita desventajas tales como la disminución de la fertilidad de los suelos y de la diversidad agraria. Esos factores conspiran contra el mantenimiento de la soberanía alimentaria en el largo plazo. La presidenta Cristina Fernández, en el marco del anuncio del lanzamiento de un fideicomiso sectorial, sostuvo que quiere «devolver rentabilidad a la producción triguera y de paso sanear la calidad de los suelos».
Lo cierto es que el Gobierno apeló a distintas herramientas a lo largo de los últimos años. En ese marco se inscribió la reducción de cinco puntos porcentuales de los derechos de exportación (diciembre de 2008), la reapertura y/o aumento de los cupos destinados a las exportaciones y el reciente anuncio de devolución de las retenciones. Esa última medida se instrumentará a través de la creación de un fideicomiso administrado por una sociedad del Banco de la Nación Argentina.
El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, criticó el fideicomiso señalando que «no tiene razón de ser; si van a devolver las retenciones, para eso que las saquen». Pero el Gobierno se opone a satisfacer ese reclamo porque la supresión de las retenciones implicaría un aumento del precio interno del trigo y, por ende, una caída del poder adquisitivo de los argentinos. Eso se debe a que el 75% de la producción triguera se destina al mercado interno, constituyéndose en uno de los principales insumos de la industria alimentaria. La eliminación de los derechos de exportación provocaría una elevación de los costos de una amplia variedad de productos (pan, galletitas, fideos, etcétera) elaborados con harina de trigo. Ese es el efecto que las autoridades económicas intentarán sortear con la figura del fideicomiso.
Repercusiones
Los derechos a la exportación de la producción triguera equivalen actualmente al 23% para el trigo y al 13% para la harina. Las cifras recaudadas por ese concepto alcanzarían aproximadamente los 500 millones de dólares. Ese sería el monto que se reintegraría a los productores mediante el fideicomiso. La Presidenta aludió a ese costo fiscal señalando que «es un esfuerzo grande para el Gobierno en materia de ingresos».
Las transferencias a los productores se realizarán en forma proporcional a la producción declarada al cierre de la campaña ante la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno. De esa manera, el fideicomiso permitiría elevar la rentabilidad del productor primario alrededor de un 15% sin afectar los precios internos. El decreto presidencial 516/2013 también prevé la constitución de un Consejo de Fiscalización integrado por representantes de los sectores productivos involucrados. Los integrantes de ese consejo deberán velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa. El fideicomiso se extendería, en principio, hasta 2015.
La medida fue apoyada por una línea interna de la Federación Agraria Argentina, la Agrupación Grito de Alcorta, encabezada por Pedro Peretti. Sin perjuicio de eso, el nucleamiento opositor a Eduardo Buzzi criticó la falta de segmentación para la devolución de los montos. De acuerdo con su criterio, los 25.000 pequeños y medianos productores de trigo (que representan aproximadamente la mitad de la cosecha) deberían gozar de un mayor beneficio. Por su parte, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, recientemente declaró que 24 personas jurídicas producen el 40% del trigo de la Argentina.
En ese marco, el diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, Carlos Heller, sostuvo que las medidas adoptadas «dan pie para pensar en políticas más completas, como la fijación de precios de referencia, con una aplicación segmentada que beneficie a los pequeños y medianos productores, creando un ente al estilo de la Junta Nacional de Granos. Un organismo que regule las distintas etapas de producción y comercialización de cereales y oleaginosas y que a través de estímulos vaya estableciendo una composición de la producción que sea funcional a un desarrollo con equidad planificado desde el Estado».
El paso del tiempo permitirá verificar el impacto de esta medida. La respuesta de los productores, que inician la siembra a partir de junio, proporcionará algún indicio acerca de cómo fue recibido el anuncio presidencial.
El tesorero de la Asociación Argentina de Productores de Trigo (Aaprotrigo), Raúl Maestre, declaró: «No creo que la medida tenga un gran impacto dado que agronómicamente el área de siembra ya está prácticamente definida en la cabeza de los productores».
En cambio, los informes internos de varias firmas corredoras de cereales estiman un repunte del área sembrada. Los próximos meses serán clave para verificar, una vez más, la respuesta de los productores, que en muchas ocasiones no acompañan algunos discursos dirigenciales altisonantes.
Por lo pronto, la herramienta adoptada pareciera conjugar el cumplimiento de dos objetivos esenciales: mejora de la rentabilidad triguera y nulo impacto en los precios internos.
—Diego Rubinzal
