21 de diciembre de 2023
El decretazo del presidente Javier Milei insiste en recetas neoliberales de alto impacto negativo para la mayor parte de la población. El fracaso de experiencias anteriores.
«Cielos abiertos». De modo explícito, el decreto autoriza la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
Foto: Télam
Volvieron a resonar en la Casa Rosada los ecos de las políticas lanzadas aquel 2 de abril de 1976, cuando el entonces ministro de economía de la dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, sintetizó su programa. Se busca ahora profundizar aún más esquemas como los que puso en vigencia Domingo Cavallo en los años 90: apertura importadora, desregulación de la economía y privatización de empresas públicas. El aliento a la inversión extranjera es simultáneo al cese de la promoción a industrias locales. Se plantea la reformulación de las reglas laborales en favor de las patronales, con la ilusión (no verificada en el pasado) de generar mayor empleo genuino.
La letra leída por el presidente Javier Milei relegó a su antecesor, Mauricio Macri, a la altura de un neoliberal apenas tibio. El DNU anunciado abre paso al inmediato deterioro de los haberes jubilatorios y llega a extremos impensados en cuanto a la libertad de acción de los prestadores de medicina prepaga y servicios de internet.
«Que las fuerzas del cielo nos acompañen», fue la invocación de cierre pronunciada por el jefe de Estado. Curiosamente, es comprensible que haya coincidencia general sobre esa expresión de deseos, tanto entre los minúsculos sectores favorecidos por el decretazo como en las amplias mayorías populares. Estas últimas sufrirán fuertes pérdidas materiales y de derechos, acaso solo soportables con ayuda ultraterrena.
Conceptos
El decretazo de Milei (que prevé modificar más de 300 normas) se sustentó en un conjunto de conceptos discutibles, o bien, directamente erróneos. Dijo que el problema radica en «las intromisiones del Estado»; que la presión impositiva es «la más alta del mundo»; que el aumento de impuestos afecta la propiedad, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza y finalmente reduce los salarios; que esta «sociedad colectivista» se contrapone a la Argentina «primera potencia mundial al comienzo del siglo XX».
La mayor parte de las modificaciones normativas informadas por el presidente anticipa daños inmediatos sobre el grueso de la población, ya golpeada por el salto inflacionario que se extenderá como mínimo durante el verano y el otoño próximo.
Según el DNU, gran parte de la denominada «clase media» recibirá el mazazo de la derogación de la ley de alquileres y el libre juego del mercado inmobiliario. También padecerá la eliminación de las restricciones de precios a la medicina prepaga y medicamentos. A lo cual se añadirá el tarifazo en facturas de gas y luz, tras la declaración de la emergencia energética, el lunes pasado.
Sobre el universo de trabajadores y empleados recaerá adicionalmente la «modernización del régimen laboral», que no es otra cosa que la dura flexibilización impulsada sobre fines del siglo pasado, traducida en deterioro de las condiciones de empleo. Con el agregado del abaratamiento de los despidos y la limitación al derecho de huelga en áreas sensibles (educación, transportes, estaciones de servicio, entre otros).
La actividad que desarrollan cientos de miles de pymes se resentirá por el enfriamiento del mercado interno, pero además por la mayor competencia externa y por la derogación de las leyes de Compre Nacional, «que solo beneficia a determinados actores del poder»; de promoción industrial y comercial; y por la reforma del Código Aduanero «para facilitar el comercio internacional».
El impacto interno vendrá asimismo con la supresión de importantes herramientas estatales para combatir prácticas de remarcación de precios y conductas cartelizadas, la ley de Abastecimiento y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, «para evitar la persecución de las empresas».
Consumidores y pymes serán igualmente perjudicados con la derogación de la Ley de Góndolas, cuya sanción perseguía el objetivo de equilibrar la participación de micro y pequeñas empresas y limitar la de las más grandes en la oferta de los supermercados.
Traspasos
El DNU de Milei despeja a la vez el camino hacia una mayor concentración oligopólica y la enajenación del patrimonio público, al derogar la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, que serán transformadas en sociedades anónimas para facilitar su eventual traspaso a capitales privados. De modo explícito, el decreto autoriza la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, a la vez que impulsa la competencia con compañías privadas mediante la política de cielos abiertos.
La llegada de inversiones foráneas, por otra parte, es lo que busca la derogación de la ley de Tierras Rurales, instrumento hasta ahora vigente para poner una valla a la extranjerización de suelos productivos.
El superdecreto promueve, además, la conversión de los clubes deportivos en sociedades anónimas «si así lo quisieran»; y propende a la eliminación del «monopolio» de las agencias de turismo.
En síntesis, a la espera de ser convalidado en el Congreso, el controvertido DNU ya es objeto de rechazo de multitudes movilizadas contra las previsibles consecuencias: desempleo creciente, súbita pérdida de poder adquisitivo, precarización en materia de vivienda y salud, y eliminación de conquistas laborales. Con la contracara de mayor concentración empresaria, entrega de áreas productivas clave a grupos locales y extranjeros, y enajenación de compañías estatales, en medio de cambios regresivos que profundizarán desigualdades sociales a cortísimo plazo.
