27 de diciembre de 2013
Con un conjunto de medidas oficiales, entre ellas la creación de una letra que estimula la liquidación de la cosecha de soja, el Gobierno nacional intenta fortalecer el stock de divisas.
Acopio. Una herramienta financiera creada por el Banco Central apunta a que los productores liquiden los saldos exportables. (Gerónimo Molina/Sub.coop)
La crisis económica mundial plantea severos desafíos a las naciones centrales y periféricas. En ese contexto, la reciente trayectoria de la economía puede ser evaluada como satisfactoria. Sin perjuicio de eso, la reducción de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) encendió luces de alerta. En efecto, la caída de reservas alcanzó una cifra cercana a los 13.000 millones de dólares durante 2013. Ese declive se explica en parte por la cancelación de deuda pública. Es decir, la reducción de las reservas tiene como contrapartida un inédito proceso de desendeudamiento: en la actualidad, los pasivos en moneda extranjera apenas representan el 8,5% del PBI. El déficit comercial industrial, los viajes turísticos al exterior y las crecientes importaciones de combustibles son otras fuentes de salida de divisas.
El nivel actual de reservas está muy lejos de representar un serio problema para la economía. En todo caso, la preocupación reside en modificar la dinámica reciente porque la insuficiencia de divisas puede disminuir (o detener) el ritmo de crecimiento económico. En otras palabras, el problema no es la «foto» (stock de reservas) sino la «película» (disminución de 13.000 millones de dólares en el último año).
El desafío es cómo abordar esa cuestión sin apelar a los clásicos ajustes. Por caso, los sectores exportadores tradicionales impulsan una fuerte devaluación. Esa alternativa es descartada por el equipo económico debido a sus efectos recesivos. El ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que «no vamos a hacer nada que perjudique a los trabajadores ni a los empresarios. Este modelo busca sostener el mercado interno para que las empresas tengan buenos resultados e inviertan».
La conducción económica entiende que no existe un problema de insolvencia, sino de liquidez. La hipótesis oficial es que los oferentes de dólares (exportadores, productores primarios) pospusieron la liquidación de la cosecha por motivos especulativos.
El informe de coyuntura de FIDE calculaba, a fines de octubre, que los productores sojeros retenían el 35% de la producción exportable «a la espera de una devaluación, y dando por descontado que no sufrirá grandes modificaciones el precio internacional de la oleaginosa en el corto plazo». Los funcionarios del área económica estiman que la producción retenida por el sector primario y agroindustrial tiene un valor cercano a los 5.000 millones de dólares.
El diagnóstico oficial es compartido por los técnicos de la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El último informe emitido por ese organismo (Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe) señala que el «reducido nivel de endeudamiento externo (argentino) implica que las tensiones evidenciadas en la economía en los últimos dos años en relación con la balanza de pagos obedecen más a problemas de liquidez que de solvencia externa. La manera en que el Gobierno restablezca la liquidez de divisas será uno de los factores que defina la dinámica macroeconómica de 2014».
La estrategia de la conducción económica para enfrentar las tensiones del frente externo se divide en dos planos: por un lado, incrementar la oferta de dólares y, por otro, administrar la demanda de acuerdo con la fijación de determinadas prioridades.
Apuestas y especulaciones
Las autoridades económicas entienden que la brecha existente entre el dólar oficial y el blue (o ilegal) promueve actividades especulativas, por ejemplo, el retraso en la liquidación de la cosecha. Esa conducta fue promovida por importantes dirigentes de la Mesa de Enlace. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Etchevehere, sostuvo que «vender toda la cosecha de una vez con una inflación del 25 a 30% sería suicida. Quedarse en pesos sería perder todo el capital, no hay sector productivo que pueda hacer eso. Tener grano es clave para poder ir pagando los sueldos a lo largo del año, comprar fertilizantes y agroquímicos y todos los costos de producción hasta que se vuelva a cosechar».
Los productores que siguieron esas recomendaciones no hicieron un buen negocio. El informe de precios futuros de granos del Mercado a Término de Buenos Aires (MTBA) detalla que la tonelada de soja para la próxima cosecha cotiza un 27% menos que en mayo de este año. El economista Nicolás Zeolla sostiene en Los costos para la Nación y para el productor agropecuario por el stockeo de granos que «esto significa que haber demorado la venta de la oleaginosa podría traer pérdidas al productor de entre un 27,3% a un 31,9% debido a que el aumento en el tipo de cambio no llegará a compensar la baja en los precios del cultivo. Cualquier otra inversión alternativa, como puede ser un tradicional plazo fijo o la incorporación de un bien de uso a su capital, hubiese sido muchísimo más rentable».
Esta constatación ex post es válida para demostrar las erróneas apuestas de determinados actores económicos (en este caso, productores y/o exportadores). Sin embargo, poco sirven a la hora de modificar las expectativas de esos agentes. En respuesta a eso, la decisión oficial es acelerar el ritmo devaluatorio (aunque descartando una fuerte depreciación) y estudiar diversas medidas destinadas a flexibilizar el régimen de control de acceso a la moneda extranjera. Esas medidas tienden a reducir la brecha existente entre el dólar oficial e ilegal y, por ende, a disipar las expectativas devaluatorias.
En ese marco, el directorio del BCRA aprobó la creación de una letra atada a la cotización del dólar diseñada a medida de los exportadores. Ese instrumento financiero devengará una tasa de interés anual del 3,65%, liquidándose (en un plazo de 180 días) al tipo de cambio de referencia. La lectura oficial es que la vinculación de esa letra a la cotización del dólar (lo que en la jerga financiera se denomina dollar linked) incentivará la liquidación de las cosechas.
Otra alternativa es la posible refinanciación de vencimientos de deuda con deudores privados. La batería de medidas adoptadas en el último tiempo (reapertura del canje de la deuda soberana, acuerdos de cancelación de los juicios perdidos en el Ciadi y con Repsol por la expropiación del 51% del capital accionario de YPF, lanzamiento de un nuevo índice de precios acordado con el FMI, negociaciones con el Club de París) apuntan a despejar ese frente externo.
Administración de la demanda
El Gobierno nacional restringe la demanda de dólares apelando a distintos instrumentos como, por ejemplo, autorizaciones previas para la adquisición de moneda extranjera, celebración de acuerdos con multinacionales para limitar la remisión de utilidades y administración del comercio. Esas medidas lograron el objetivo de reducir la fuga de capitales a costa de cierta desaceleración económica.
Tiempo atrás, los economistas Iván Heyn y Pablo Moldován publicaron un interesante artículo («La política comercial en las estructuras productivas desequilibradas: el caso de las licencias no automáticas de importación», incluido en el libro Ensayos en honor a Marcelo Diamand) en el cual reivindicaban la política de administración comercial pero, al mismo tiempo, advertían acerca de los riesgos asociados.
Heyn y Moldován sostenían que «el establecimiento de licencias debe lidiar con una serie de problemas. El primero de ellos refiere a los riesgos de afectar actividades productivas locales de forma negativa. Si las licencias se aplican sobre insumos, partes o piezas con escasa capacidad de sustitución de importaciones, el efecto del trámite podría ser el contrario al deseado. En este sentido, la protección y los trámites de licencias deben ser administrados de forma razonable y de manera tal que los objetivos planteados desde el sector público sean alcanzables para el sector privado».
Los ajustes propiciados por el nuevo secretario de Comercio, Augusto Costa, marchan en esa dirección. La idea central es mantener la política de administración comercial pero facilitando el trámite de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) destinadas al ingreso de insumos que resultan claves para la actividad productiva. Costa manifestó a las cámaras empresariales que «no se van a cerrar las importaciones, y se harán consideraciones especiales en los casos en que por falta de insumos se genere un parate en la producción». En la misma línea, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó que se impulsará «la fluidez necesaria para producir bienes y servicios finales que lleguen a las familias y generar las condiciones para reducir cualquier expectativa o tendencia alcista».
Además, el secretario de Comercio instruyó a determinadas empresas (terminales automotrices e importadores de autos, fabricantes de equipos de oficina, firmas electrónicas fueguinas) que reduzcan un 20% sus importaciones (en términos interanuales) durante el primer trimestre de este año. La medida intenta disminuir la importación de vehículos terminados y de insumos electrónicos durante una época del año en la que la liquidación de divisas suele ser más reducida.
Otras disposiciones adoptadas durante los últimos días de 2013 (ley que establece fuertes incrementos de los impuestos internos que recaen sobre automóviles de alta gama, motos, embarcaciones y aviones particulares aplicación estricta de normas aduaneras para las compras por Internet) apuntan también a desalentar la pérdida de divisas.
El rápido repaso de las primeras acciones del renovado equipo económico revela que las cuestiones asociadas con la escasez de divisas (o restricción externa) continúan al tope de la agenda gubernamental. Eso sucede porque, tal como manifestaran Heyn y Moldován, «pese a los buenos resultados y el cambio trascendental que implicó la resolución del problema de la deuda externa, la dependencia que mantiene el resultado comercial respecto de la evolución de unos pocos productos de base primaria, la elevada elasticidad en el ingreso de nuestras importaciones y la vulnerabilidad de algunas actividades económicas frente a la competencia extranjera hacen que la amenaza de la restricción externa se mantenga latente sobre la economía argentina».
—Diego Rubinzal
