28 de agosto de 2024
El desmantelamiento de la plantilla de personal de la administración estatal nacional, a través de una campaña plagada de estereotipos, busca abrir espacios a negocios privados.
Defensa. De cerca de 720.000 empleados estatales, más de 200.000 conforman el personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
Foto: Norberto Duarte
«No vamos a echar a los empleados públicos, se van a ir solos al sector privado que pagará mejores salarios», dijo Javier Milei desde el llano, cuando no era más que un economista de profusa aparición en los medios, a fines de junio de 2022. El tiempo no convalidó ni una cosa ni la otra. Decenas de miles de estatales ya perdieron sus empleos por decisión del Gobierno libertario, mientras otros tantos están en la puerta de salida. Y la supuesta opción de remuneraciones más atractivas resultó ser apenas una figura ilusoria, bien alejada de la realidad a medida que se profundiza la recesión.
El desmantelamiento de la plantilla de personal de la administración pública nacional es la consecuencia del desguace del Estado, objetivo prometido y ya en marcha. Las bajas (sin contar el ajuste en provincias y municipios), llegaron a unas 20.000 en el primer semestre de acuerdo a datos del INDEC. Detrás del argumento oficial ‒la reducción de gastos en personal innecesario, para evitar que la emisión monetaria se traduzca en inflación‒ aparece el cometido central. Esto es, restar recursos humanos en la administración estatal para evitar que las políticas públicas obstaculicen los intereses (o los negocios) de los principales grupos empresarios.
Para sustentar ese rumbo se machacan una y otra vez prejuicios neoliberales sobre el empleo público. Tal el caso de aquella declaración del expresidente Mauricio Macri el 1° de septiembre de 2021: «Conformate con lo que te doy, un plan, un empleo en el Estado sin tarea, con sueldo insuficiente, que si vas o no a trabajar a nadie le importa». Más cerca en el tiempo, su excompañera de ruta y hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo: «La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados». El economista y hoy diputado ultraliberal José Luis Espert subió la apuesta y vociferó: «Sobran 1.400.000 empleados públicos en Nación, provincias y municipios».
En líneas generales se suele repetir, sin mediar análisis, un conjunto de estereotipos sobre el trabajo en el ámbito estatal. Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público hasta el 10 de diciembre pasado, los sintetizó en cinco categorías: Sobredimensión (son muchos, sobran agentes estatales); Improductividad (constituyen un gasto innecesario, no hacen nada que sirva, son vagos); Baja calificación (no saben, están ahí porque no pueden estar en el sector privado); Privilegios (ingresan por acomodo, no los puede sacar nadie, hacen lo que quieren); y Alto costo (insumen recursos excesivos, son deficitarios).
Desglose
Contra esas fabulaciones, un informe del Ministerio de Capital Humano precisó que en marzo pasado el total del sector público (Nación, provincias y municipios) concentraba una dotación de 3,4 millones de trabajadores (1,1% más que un año atrás). Pero de ese conjunto solo un 21% tenía como empleador al Estado nacional, donde ya habían comenzado los despidos mediante la no renovación de contratos. El detalle muestra que, si se excluyen las provincias y municipios, sobre algo más de 720.000 estatales, más de 200.000 conforman el personal de las fuerzas armadas y de seguridad. En tanto, dos de cada cinco trabajadores del Estado nacional se desempeñan en tareas de Salud y de Educación.
Administración púbica nacional. Dos de cada cinco trabajadores del Estado nacional se desempeñan en tareas de educación y salud.
Foto: Jorge Aloy
Otros 125.000 garantizan el funcionamiento habitual de bancos y organismos públicos (al servicio básicamente del sector privado), son docentes universitarios, o bien, cubren cargos en empresas públicas y compañías con participación estatal mayoritaria. Otros 395.000 desempeñan sus tareas en la Administración Central, donde aseguran la marcha normal de distintas áreas correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un dato relevante es que la distribución del empleo estatal por género es más igualitaria. La ocupación femenina en el Estado es mayoritaria (55,5%), tomando todas sus jurisdicciones territoriales.
Las estadísticas oficiales desmienten otro mito sobre el empleo público: la calificación del personal estatal es más elevada que en las empresas privadas, tanto en los niveles profesional como en áreas técnicas.
Se puede medir también el peso real del empleo público de acuerdo con su incidencia relativa en el uso de recursos del Estado. La carga presupuestaria por el ítem «Personal» no excede del 11% del gasto primario. Castellani sostiene que la razonabilidad del empleo estatal, más allá de los aspectos cuantitativos, debe medirse según tres criterios o beneficios para el conjunto de la población: la efectividad de las políticas públicas; la legitimidad de las acciones de gobierno; y la facilidad brindada a la ciudadanía en el acceso a derechos.
El plan libertario en esta materia pone en la mira a unos 120.000 trabajadores que podrían quedar fuera de la planta permanente del Estado. La reciente reglamentación de la Ley Bases fijó las pautas para avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal, a la vez que fijó un nuevo sistema de ingreso al Estado. El encargado de implementar la nueva estructura es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Su hoja de ruta contempló la creación del Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, con un mecanismo que afecta principalmente al personal con hasta 15 años de antigüedad (es decir, empleados mayormente durante las gestiones de Cristina Fernández y de Alberto Fernández). El sistema prevé que esos empleados percibirán durante seis meses, en concepto de haber de disponibilidad, «un importe mensual equivalente a la retribución asignada a su situación escalafonaria alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa, con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo». Por su parte, los empleados declarados «disponibles» con antigüedad de entre 15 y 30 años recibirán ese pago durante nueve meses, mientras los más antiguos (por encima de 30 años) cobrarán esa suma durante 12 meses. Después, una módica indemnización y a la calle.
