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En mora

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Daniel Víctor Sosa

El Gobierno ofreció un bono a 14 años para saldar la deuda acumulada con las generadoras. El retraso en los pagos pone en riesgo la regularidad del sistema y afecta especialmente a las cooperativas eléctricas.

Origen. La devaluación de diciembre con contratos dolarizados del sector eléctrico disparó los costos.

Foto: NA

La demora en los pagos de parte de la compañía administradora del mercado eléctrico Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) ya sobrepasa los 120 días, cuando no debería superar los 42, de acuerdo a los términos contractuales, y causa dificultades financieras a un conjunto de generadoras. La calificadora de riesgos Fix (filial local de la firma global Fitch) advirtió que esos retrasos «están erosionando los flujos de caja y la liquidez de las empresas generadoras». Lo reclamado supera los 2.000 millones de dólares y como toda respuesta oficial el ministro de Economía, Luis Caputo, les ofreció un bono con plazo al 2038 por 600.000 millones de pesos. Según el titular de Economía, lo adeudado desde marzo se saldaría en efectivo, mientras la regularización en los pagos se efectivizaría a partir de junio.
Tal como funciona hasta hoy el mercado energético local, parte del costo eléctrico está constituido por subsidios al consumidor y se cubre a través transferencias del Tesoro a la compañía administradora del mercado. Como el Gobierno cerró esa canilla, Cammesa mantiene impagas las transacciones por compra de energía a las generadoras correspondientes a los meses de diciembre del año pasado, enero y febrero de 2024. A ello se agrega la deuda acumulada de marzo y abril pasados en el marco del programa Foninvemem (el fondo para inversiones necesarias creado en 2007 a fin de incrementar la oferta de energía eléctrica en el mercado mayorista).
La eventual regularización vía el cobro de bonos fue rechazada por la asociación que agrupa a las generadoras (Ageera). Según la entidad, la actitud del Gobierno «aumenta el riesgo del sistema eléctrico», a la vez que «obstaculiza los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación». Como era de esperar, adhirió al rechazo la cámara que agrupa a las principales productoras de gas y petróleo del país (Tecpetrol, YPF, Panamerican Energy, Total Austral, Chevron, Shell, Pluspetrol, Exxon Mobil, etcétera).
En una situación paradójica, la mora creciente de Cammesa coincide con otra reciente decisión de la misma compañía: inició el proceso de embargo a algunas cooperativas bonaerenses de electricidad por sus propios compromisos impagos. Ante esto, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, firmó un convenio por el cual comprometió su apoyo a las entidades solidarias del sector en la búsqueda de un diálogo con Cammesa.

Pulseadas
La Compañía Administradora, en medio del frenesí de recorte de gastos estatales, pretende aplicar una quita cercana al 50% para saldar su deuda con más de 40 generadoras, que desde ya expresaron su rechazo y amenazaron con ir a la Justicia en nombre de la «seguridad jurídica». Esto alude a tribunales internacionales, pues se trata de firmas apalancadas en financiamiento externo. El impacto de la decisión gubernamental es relativamente menor para las generadoras de mayor tamaño (YPF Energía, Pampa Energía, CAPEX, PCR, AES Argentina Generación S.A. y Central Puerto), dada su menor exposición relativa a ingresos provenientes de Cammesa, sus vencimientos de deuda manejables en el corto plazo y sus posiciones de liquidez.

Generadoras. Resistencias entre las empresas del sector frente al pago de la deuda.

Foto: NA

Distinto es el caso de un grupo de generadoras (Central Barragán, MSU Energy, SPCC Power San Pedro, Generación Mediterránea, Central Térmica Roca y Albanesi Energía), con cerca del 100% de sus ingresos con exposición a Cammesa, mayores necesidades de refinanciar deuda en el corto plazo y flexibilidad financiera más limitada.
El origen del problema remite al violento salto del tipo de cambio (118%) dispuesto en diciembre, que disparó los costos del sector eléctrico con contratos dolarizados.
El pago en bonos, advirtió Fix, sería «un antecedente negativo que podría afectar el costo financiero de las generadoras, su capacidad de pago, la estructura jurídica de los contratos de compra−venta y las futuras inversiones en el mercado energético».

Situación crítica
En cuanto al diferendo entre Cammesa y algunas cooperativas eléctricas bonaerenses, el subsecretario de Energía provincial, Gastón Ghioni, advirtió que podría derivar en el cese del servicio a decenas de miles de usuarios en distintas localidades. Por lo pronto, en un acto de respaldo a las entidades solidarias, el gobernador Kicillof comprometió su intercesión ante las autoridades nacionales. «Las cooperativas eléctricas son fundamentales para brindar energía allí donde el mercado no ve un negocio rentable», además de «un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial», definió.
La actitud discriminatoria de Cammesa agrava la situación, ya que se presiona para el cobro a cooperativas de la provincia (las de Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate), que concentran solo el 12% de la deuda total, mientras no se adopta ninguna medida contra las distribuidoras más grandes.
En este contexto, el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas, José Álvarez, advirtió: «Estamos en situación crítica, como la mayoría de los sectores productivos y energéticos, a raíz del freno de la economía. Que a la vez es producto de las medidas de recorte fiscal para desacelerar la inflación y llegar al déficit cero». Las cámaras y federaciones que aglutinan al sector destacaron a su vez los perjuicios provocados por la recesión y la imperiosa necesidad de una urgente actualización del Valor Agregado de Distribución para sostener la normal prestación del servicio. Por su parte, la federación provincial (FEDECOBA) alertó sobre el panorama «apremiante para un gran número de nuestras asociadas, que ya se encuentran ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de sus principales costos operativos, tanto sea la adquisición de energía, la compra de los insumos necesarios para prestar el servicio o el propio pago de los salarios a sus trabajadores».

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