30 de mayo de 2024
El desabastecimiento de GNC, que dio otro golpe a la actividad económica, es el resultado de la falta de planificación oficial y del recorte de la inversión en el gasoducto Néstor Kirchner.
Acceso cerrado. Las estaciones de servicio dejaron de atender en todo el país.
Foto: NA
La obsesión libertaria por reducir a cualquier costo el déficit fiscal (o alcanzar el soñado superávit en las cuentas públicas como supuesto elixir para bajar la inflación y atraer inversiones privadas) está teniendo serias consecuencias. No solo en el plano de la desatención de urgencias sociales. También, como ocurre en estos días con el desabastecimiento de gas en general y GNC en particular, el fuerte ajuste de gastos estatales afecta el normal funcionamiento productivo, ya muy golpeado por la recesión y la caída de la demanda interna.
Como argumento frente al problema, los funcionarios nacionales se escudan en el frío, ciertamente inusitado para un otoño (más de una semana con las temperaturas más bajas desde 1980). Pero no pueden ocultar la deficiente planificación de suministro, ya que se priorizó el ahorro presupuestario, tanto en importaciones del combustible como en las obras del gasoducto Néstor Kirchner, tendido desde el inmenso reservorio de Vaca Muerta, pero que funciona a la mitad de su capacidad.
Emergencia
El déficit del fluido reflejó en parte, según los expertos, el pico de demanda de hogares e industrias, de hasta 80 millones de m3 diarios, casi el doble de los 45 millones promedio habituales para esta época del año. También se registraron problemas técnicos en dos plantas compresoras de Transportadora Gas del Norte (TGN) en Córdoba y San Luis.
Se menciona, asimismo, entre las causas del faltante atribuibles al más alto nivel del Gobierno, la decisión de no contratar un barco regasificador para Bahía Blanca durante el verano, que podría haber aportado unos 13 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas natural en el invierno como respaldo del sistema.
Está clara además la responsabilidad gubernamental, que dispuso «pisar» el gasto en importaciones. Para paliar las limitaciones en los envíos provenientes de Bolivia, en los últimos años durante mayo tenían fecha de amarre unos 7 cargamentos de GNL por unos 12-14 Mmm3/día. Este año solo hay 3 cargamentos por 5 MMm3/día.
El desabastecimiento en los surtidores con el que se encontraron, tras la fecha patria, los conductores de automóviles y vehículos de distinto porte se observó inicialmente en la provincia de Córdoba, para extenderse luego a Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires.
La emergencia escaló hasta tal punto que este martes, para no disminuir la provisión domiciliaria, el gobierno envió notificaciones de interrupción del servicio a cerca de un centenar y medio de plantas fabriles de petroquímicas, petroleras, cerealeras y «»empresas agroindustriales de distintos rubros.
Aunque la crisis comenzó a revertirse en forma paulatina, analistas del sector aseguran que las usinas de generación de electricidad ya habían reducido al mínimo la utilización de combustible: el paso siguiente, si no se regularizaba el cuadro, era la aplicación de un cronograma de apagones de luz programados.
Para evitar ese extremo, la semana pasada Cammesa (la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) licitó la compra urgente de cargamentos de gasoil y fuel oil, con un costo no previsto de unos 500 millones de dólares. A lo cual se sumó el contrato de un buque de GNL (gas licuado) proveniente de Brasil, aunque, dado que Petrobras no pudo documentar la transferencia de 22 millones de dólares, la descarga del fluido no se pudo realizar a tiempo.
El rol del Estado
Frente a otra cadena de factores coyunturales que se tradujeron en faltantes de combustible días antes de las elecciones de octubre pasado, el entonces candidato Javier Milei aprovechó para afirmar que «el modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios». En esta oportunidad, ya Presidente y de gira por Estados Unidos, eludió declaraciones sobre el tema. Y la suba de tarifas ya dispuesta sin duda mejorará la rentabilidad de los operadores, pero no sustituye la ausencia (o ineficiencia) del accionar estatal.
Los especialistas señalan que parte de ese faltante de gas podría haberse cubierto con el fluido transportado por el gasoducto Néstor Kirchner. Pero por el retaceo en los recursos necesarios (como ocurrió con muchas otras obras públicas) se demoró la construcción de las plantas compresoras.
El ducto fue diseñado para transportar unos 11 MMm3/d de gas natural hasta la conexión con el Neuba II. A la vez, se licitaron dos plantas compresoras adicionales, en Tratayén y Salliqueló, de 5 MMm3/d cada una para extender su capacidad a 21 Mmm3/d.
Para cargar responsabilidades al Gobierno anterior, los funcionarios libertarios afirman que ambas compresoras «debieron estar finalizadas durante la primavera del año pasado», pero las obras se retrasaron por problemas con las importaciones de insumos y la escasez de divisas.
La Secretaría de Energía recordó que la finalización del segundo tramo del gasoducto está a cargo del sector privado, sin que se haya definido aún el cronograma de obra ni la fecha prevista de licitación.
En tanto, la operación y el mantenimiento de las plantas compresoras ya fueron adjudicadas a TGS (Transportadora de Gas del Sur) y las «fechas estimadas» de puesta en marcha son el 29 de junio próximo para las de Tratayen y el 11 de agosto para la de Mercedes.
Mientras se espera que esas fechas se cumplan, la exsecretaria de Minería, Flavia Royón, señaló que «la demora en las obras se soluciona con planificación», como hizo el Gobierno anterior cuando extendió hasta fines de julio el contrato con Bolivia (que en La Paz pretendían concluir a fines de 2023).
En rigor, todavía faltan semanas para el comienzo del invierno y hay serias dudas sobre la capacidad gubernamental de asegurar la efectiva provisión de gas para respaldar el consumo domiciliario, evitar un descenso mayor de las actividades productivas y garantizar la generación de electricidad.
