30 de octubre de 2025

Mirta Quiles

Los últimos datos sobre pobreza e indigencia despertaron suspicacias respecto a su medición. Metodología, desactualización de canastas y su incidencia en la política económica.

En Argentina, la pobreza se mide de dos formas. En el primer caso, el Instituto de Estadística oficial, el Indec, informa dos veces por año, cada seis meses, el índice de pobreza calculado a partir de los ingresos. Calcula si los ingresos de los hogares son suficientes para solventar los gastos básicos. La segunda, se difunde a través del Indec oficialmente con los censos, cada 10 años, y tiene un alcance mucho mayor, ya que mide la pobreza multidimensional. Es decir, además de los ingresos, analiza el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, entre otros. En consecuencia, cada tipo de medición contiene variables que hacen que, por ejemplo, la pobreza multidimensional se redujera lenta pero constantemente en el país, mientras que en la medida por ingresos la constante es su crecimiento, con pisos cada vez más altos.

La medición monetaria de la pobreza se realiza sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) que elabora el Indec y que mide dos variables. En primer lugar, determina si los ingresos de una familia son suficientes para costear una canasta básica de alimentos (CBA), que como su nombre lo indica, cubre un umbral mínimo de necesidades energéticas. Estos ingresos marcan la «línea de indigencia», los alimentos básicos para subsistir. Por otra parte, para determinar la «línea de pobreza», a estos gastos básicos se agregan otras necesidades no alimentarias como la vivienda, la educación, la salud o el transporte. A este conjunto, se denomina canasta básica total (CBT). En la actualidad, la Engho releva los patrones de consumo de la sociedad con año base 2004/2005. De hace dos décadas. Otro mundo. El Indec tiene pendiente una actualización utilizando una encuesta más reciente, de 2017/2018, que, a pesar de estar aprobada e incluso probada, por una decisión política no se pone en marcha.

En la Engho de 2004, por ejemplo, los servicios y gastos del hogar tienen una ponderación mucho menor que los alimentos. En la comparación canasta 2004/canasta 2017, el rubro de alimentos pasa de representar el 31,5% del total al 21,1%. Mientras que, el peso de los servicios públicos aumentó del 10,5% al 14,5% y el de transporte y comunicaciones, del 16,6% al 19,6%. Esta desactualización junto con la dispar ponderación de los productos y servicios que integran la canasta de la Engho no implica de ninguna manera una invalidación metodológica del índice de inflación. Pero si podría denotar una distorsión en la medición.

Era Milei
En el primer semestre de este año, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,6%. Una de cada tres personas es pobre en Argentina. Por su parte, dentro de ese conjunto, el 6,9% están por debajo de la línea de indigencia. Valores similares a los de fines de 2018. Frente a estos índices y el exaltado festejo del Gobierno (el presidente sostuvo que «sacó» a 12 millones de personas de la pobreza), las voces que ponen en duda el sistema de medición de la pobreza no se hicieron esperar. Indicadores oficiales atravesados por factores metodológicos, como por ejemplo, mejoras de ingresos no totalmente verificadas (en particular de los ingreso informales); o la falta de actualización de la EPH, que subestima el gasto destinado a los servicios, rubros en la era Milei con incrementos muy superiores a los alimentos (por caída abrumadora de los ingresos y del consumo); hasta transparentar la actualización de las canastas sobre las series históricas para poder comparar mejor los índices a través del tiempo.

Cabe aclarar que existen diferencias entre las canastas nacionales y las provinciales, las que en general están más actualizadas. Esto provoca distorsiones en distintas variables que se ajustan por inflación, como por ejemplo, las jubilaciones nacionales. Pero también implica cuestiones financieras y fiscales. Gran parte de la deuda pública en pesos se actualiza por inflación y cualquier variación impacta en el gasto público.

Es quizás por esto que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) no se mostró cómodo con la forma en que Argentina mide la inflación y exigió que el Indec actualice la metodología «lo antes posible». «Se debería publicar un IPC (Índice de Precios al Consumidor) actualizado lo antes posible para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos», remarcó el organismo en el último Staff Report que derivó en la aprobación de la primera revisión del programa en curso y el giro de U$S2.000 millones. Todo apunta a que sería en 2026, ya que el propio FMI sostuvo que discutirá «la fecha precisa de su publicación en el contexto de la próxima revisión del programa» que sería hacia fin de 2025, una vez pasadas las elecciones legislativas.

Acaso en estos nuevos tiempos de doble comando, el Gobierno espere un reclamo al respecto por parte del secretario del Tesoro estadounidense. Porque como explicó el mismísimo director del Indec, Marco Lavagna, el objetivo es adecuar la medición a estándares internacionales y capturar mejor los hábitos actuales de consumo. Sin embargo, el Gobierno sabe que su implementación afectará directamente al análisis de la inflación, del poder de compra, de los salarios, de las paritarias y de la política económica en general. Y también el de pobreza que, como dijimos al principio, en nuestro país, se mide por nivel de ingresos, y un cambio en los precios de las canastas puede hacer fluctuar el porcentaje de personas pobres de forma significativa.

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