26 de abril de 2024
Tras el fuerte recorte en las partidas para trabajos de infraestructura en todo el país, el Gobierno nacional alienta una creciente participación de grupos privados.
Parate total. Frente a la política adoptada por el Ejecutivo nacional, los intendentes resaltan de quién es la decisión.
Foto: Mauro Torres
Los gastos de capital (inversiones del Estado nacional) cayeron un 83,3% en marzo. A su vez, las transferencias a provincias, que en buena parte financian obras básicas de infraestructura, fueron ese mismo mes un 85,1% inferiores a las de un año atrás. Si se toma el primer trimestre, una cuenta simple muestra que hoy se destinan a esos fines recursos por 15/16 pesos cuando en 2023 se destinaban partidas de 100 pesos, de acuerdo con las cifras relevadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Detrás de los números aparece la suspensión (y con suerte, solo postergación) de inversiones en edificios y equipos para hospitales y escuelas; rutas y caminos nuevos o repavimentados; tendido de redes de agua y saneamiento; trabajos de prevención de inundaciones; viviendas; mantenimiento de servicios ferroviarios, entre otros. Y nada hace pensar que en abril se haya revertido la tendencia, dada la política de superajuste que lleva adelante el Gobierno libertario. La prioridad, para la Casa Rosada, es honrar los intereses de la deuda (que mostraron un incremento del 7,3% interanual en enero−marzo), aunque eso implique llegar al extremo de recortar en casi 28%, en el mismo período, los haberes jubilatorios mínimos.
El congelamiento afecta a la casi totalidad de las 2.185 obras públicas que estaban en ejecución a fines de 2023 en todo el país, en el marco de 630 proyectos, según reportes del exministerio del área. Para dar mayor visibilidad a ese panorama los carteles colocados en los obradores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires empezaron a llevar llamativas franjas pintadas de rojo. «Obra paralizada por decisión del Gobierno nacional» es la leyenda estampada en las placas añadidas en cada cartel por decisión de las autoridades provinciales, junto a intendentes del Conurbano como del interior bonaerense. El ministro bonaerense de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, alertó asimismo sobre el perjuicio que los recortes provocan a gran cantidad de trabajadores de la construcción, hoy suspendidos o despedidos, y a cientos de pymes en actividades que se tercerizan alrededor de las tareas principales.
Mientras el ministro Luis Caputo ejecuta esa política restrictiva, que se traduce en desmejoras en la calidad de vida (particularmente de la población más vulnerable), otros funcionarios nacionales planean un futuro en el que se minimiza la intervención estatal. Concretamente, se estudian alternativas de mayor participación privada, mediante iniciativas aún más audaces de las que intentó poner en marcha el expresidente Mauricio Macri durante su gestión. Para tal fin se busca atraer a grupos empresarios locales y extranjeros, en un esquema que los más entusiastas pretenden lanzar antes de fin de año y que contemplaría mayores estímulos. El objetivo, largamente recomendado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es generar un marco jurídico y una vocación política que permita encarar las obras que se definan, tanto a través de Iniciativas Privadas (IP) como de Asociaciones Público Privadas (APP). En favor de esas dos vías se evalúan en despachos oficiales las sugerencias de holdings locales y externos, así como de un estudio conjunto del BID y The Economist Impact (firma ligada al periódico británico de negocios).
Este último paper destaca los «pasos significativos en la creación de entornos propicios» para el desarrollo de opciones que desplazan o minimizan la presencia del Estado y abren puertas a entramados de grupos privados. Las experiencias bajo la lupa en ese estudio son principalmente las de Brasil y Chile, aunque también se ponderan los «altos rendimientos» logrados mediante la mayor participación privada en Uruguay, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica.
El plan gubernamental para captar el interés de inversionistas y desarrolladores internacionales prevé inicialmente avanzar con la privatización de un conjunto de empresas públicas, en muchas de las cuales recaen hoy las decisiones de inversión. De manera simultánea, se procurará perfeccionar las bases regulatorias e institucionales para el desarrollo de la IP como de las APP. Luego se buscará centrar la atención en mejorar la preparación de proyectos, el financiamiento (privado) y la gestión de riesgos.
Provincias
Para atender las necesidades en materia de infraestructura, todavía mayores después del actual parate, los gobernadores vienen reclamando los recursos que la administración central regatea. Aunque reconocen que la recuperación de fondos se vincula con la negociación por la ley ómnibus / bases, en el curso de esas tratativas, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo a los mandatarios de la zona norte del país que se podrían reanudar las obras en proyectos que están a punto de finalizar, aunque sin mayores precisiones. De momento, los gobernadores extreman sus esfuerzos para evitar la parálisis total de las obras. En San Juan, por ejemplo, Marcelo Orrego señaló que el 40% de los proyectos que estaban detenidos por falta de financiamiento federal se reactivaron con fondos locales. De todos modos, el gobernador cuyano insiste en su demanda para reanudar el respaldo financiero de la Nación a proyectos de mayor magnitud, como el túnel Zonda y el acueducto Gran Tulum. La ministra de Obras Públicas de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, expresó su «incertidumbre» tras precisar que los 30 proyectos de la provincia financiados por el Gobierno federal siguen paralizados.
Por su parte, colaboradores del santafesino Maximiliano Pullaro admitieron que se trabaja sobre la hipótesis de que algunas de las obras públicas suspendidas (como el acueducto Gran Rosario y un centro penitenciario en construcción en el municipio de Coronda) se retomen bajo un modelo de asociación público-privada. Por referir solo uno más de los casos de daños concretos que recaen sobre sectores populares, el ministro de Obras Públicas de La Pampa, Julio Rojo, aludió a la «situación social muy grave en la provincia». Hasta marzo, puntualizó, el Gobierno dejó de aportar 20.200 millones de pesos comprometidos, entre otros fines, para los barrios del plan Procrear de Santa Rosa, General Pico, General Acha y Toay.
