18 de junio de 2013
Denuncias de «dumping» del gobierno español y restricciones de la Unión Europea a la entrada de biodiesel argentino revelan la persistencia de prácticas proteccionistas.
Puerto de Rosario. Los embarques de biodiesel nacional disminuyeron luego de que el bloque europeo fijara aranceles para este producto. (Diego Giudice)
La expropiación parcial del capital accionario de Repsol-Ypf el año pasado suscitó duras reacciones del gobierno español. El presidente Mariano Rajoy anunció la implementación de un sistema de cuotas de importación de biodiesel europeo para frenar el ingreso de biocombustible argentino.
Argentina es el mayor exportador mundial de biodiesel y el 55% de sus exportaciones se destinaban –antes del conflicto– al abastecimiento de la península ibérica. El 45% se comercializaba en los Países Bajos, Perú, Italia y Bélgica.
Tras las declaraciones de Rajoy, el gobierno argentino denunció a España ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). La presentación sostiene que dichas normas implican «una discriminación entre el producto de origen europeo y el de otros orígenes, lo que implicaría de hecho una prohibición a la importación de biodiesel no comunitario».
Lo cierto es que los españoles continuaron abasteciéndose de biodiesel argentino, durante todo el año pasado, a pesar de las amenazas del mandatario español. El propio ministro de Industria ibérico tuvo que reconocer que habían relajado las restricciones porque la medida podía tener «una repercusión negativa en los precios de los combustibles».
Sin embargo, las exportaciones de biodiesel argentino comenzaron a retroceder en el último trimestre de 2012. La retracción se acentuó a comienzos de este año. Durante el primer cuatrimestre, las exportaciones fueron de 362 millones de dólares, un 52% por debajo del mismo período del año pasado.
Esa caída se relaciona con el establecimiento de aranceles –entre un 6,8% y un 10,6%– implementado por la Unión Europea. La penalización arancelaria estuvo destinada exclusivamente a la importación de biocombustible de procedencia argentina e indonesa. El vocero de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy declaró que «la Comisión ha decidido defender a la industria europea del biodiesel contra las prácticas comerciales injustas de los exportadores en Argentina e Indonesia».
La UE justificó la decisión amparada en las denuncias de dumping presentadas por productores europeos. La medida tendrá carácter transitorio hasta el 28 de noviembre próximo. Ese día las autoridades comunitarias se reunirán para acordar el esquema arancelario definitivo.
Los fabricantes argentinos rechazaron las acusaciones y señalaron que «muy lejos de hacer prácticas de dumping, las exportaciones de biodiesel fueron realizadas con una rentabilidad razonable». La explicación de los competitivos precios argentinos reside en que «las empresas exportadoras tienen claras ventajas competitivas, como la proximidad a las zonas de cultivo de la soja, acceso directo a puertos privados de aguas profundas permitiendo exportaciones sin mayores costos de transporte, así como escalas de producción muy eficientes, aspectos que no se encuentran disponibles para los productores europeos», precisaron los fabricantes locales.
La Cancillería argentina consideró que el establecimiento de derechos antidumping era «una decisión de neto corte proteccionista que carece de justificación técnica» y que se debe a «la incapacidad de los productores europeos para competir con productores más eficientes». El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino recurrió al mecanismo de solución de diferencias de la OMC con el fin de que «se respete la normativa internacional para que estén garantizadas las condiciones de acceso del biodiesel argentino al mercado europeo».
Pateando la escalera
La denuncia a las prácticas proteccionistas aplicadas por las naciones centrales es un tema de larga data. Esas naciones aplicaron profusamente a lo largo de su historia distintas barreras arancelarias y paraarancelarias. Inglaterra y Estados Unidos estuvieron dentro de los países más proteccionistas del mundo hasta el siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente.
La mudanza del discurso proteccionista al librecambista recién sucedió cuando esos países alcanzaron una evidente supremacía tecnológica en relación con el resto de sus competidores.
Eso no impidió que la era del libre comercio terminara «cuando Gran Bretaña finalmente reconoció que había perdido su preeminencia manufacturera y reintrodujo aranceles a gran escala en 1932», tal como relata el economista de la Universidad de Cambridge Ha Joon Chang en su libro Kicking away the ladder. El profesor norteamericano de historia económica Paul Bairoch sostiene que el promedio arancelario de bienes manufacturados en Estados Unidos fue del 35 al 45% en 1820; de entre el 40 y 50% en 1875; del 44% en 1913; del 37% en 1925 y del 48% en 1931. Esos datos revelan que Estados Unidos se convirtió en «la madre y bastión del proteccionismo moderno», según Bairoch. Las economías alemana, japonesa, sueca, francesa y belga transitaron por caminos similares.
Ha Joon Chang sostiene que los países desarrollados «patearon la escalera, luego de subirla. Cuando ellos eran países que se estaban desarrollando, utilizaban políticas contrarias al libre comercio. A pesar de ello, ahora piden que se utilicen políticas liberales. Esto significa patear la escalera».
El presidente ecuatoriano Rafael Correa en su artículo El sofisma del libre comercio plantea que «el entusiasmo de los países avanzados por el laissez faire es perfectamente comprensible… una fundamental regularidad histórica es que los países que han llegado a la frontera tecnológica y, en consecuencia, son imbatibles en cuanto a competitividad, ganan con el libre comercio y por ello tienden a impulsarlo, todo esto, obviamente, en nombre de “doctrinas cosmopolitas” y no obstante haber utilizado un fuerte proteccionismo para llegar a dicha situación estelar».
La conversión de las naciones centrales en férreos defensores del librecambismo no impidió que continuaran con diversas prácticas proteccionistas tendientes a defender a sus sectores menos competitivos.
La política agropecuaria común (PAC) europea es un caso paradigmático en ese sentido. La PAC es un régimen proteccionista en materia de producción y comercio agropecuario. En el período 2014-2020, la Unión Europea destinará 362.940 millones de euros en subsidios en el marco de la PAC. En otras palabras, las reglas de competencia liberal no se aplican en el comercio agrícola europeo.
Las restricciones al comercio internacional no son una exclusividad europea. Estados Unidos también subsidia su agricultura doméstica en el marco de la denominada ley de Seguridad Agrícola (Farm Bill). Y desde hace tiempo, impuso restricciones al ingreso de carne y limones argentinos. «La Argentina viene reclamando a los Estados Unidos por el ingreso de limones desde hace 11 años, evidentemente no hay voluntad del gobierno norteamericano de dar una solución», señaló el ministro de Relaciones Exteriores argentino Héctor Timerman. El canciller estimó que la remoción de esas trabas generaría 10.000 nuevos puestos de trabajo en la actividad limonera tucumana.
—Diego Rubinzal
