28 de diciembre de 2016
El FMI publicó un comunicado de prensa fruto de la revisión de las cuentas nacionales de Argentina en los términos del ya bien conocido Artículo IV.
Dentro del combo de medidas propuestas para una «gradual reducción del déficit fiscal», me interesa destacar las reformas sugeridas para el sistema previsional argentino:
• Cambiar la fórmula de actualización fijada por la Ley de Movilidad Jubilatoria. El FMI plantea reemplazarla por un índice atado a los niveles de inflación, lo que al mismo tiempo que disminuye los incrementos semestrales de las jubilaciones, permitiría un importante ahorro previsional.
• Disminuir la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario de los últimos años de aporte, la «tasa de reemplazo». Hoy es del 72%. Proponen reducirla al 60%.
• Aumentar gradualmente la edad jubilatoria de las mujeres, de los 60 a los 65 años.
Las dos primeras tienen un denominador común: que los jubilados cobren menos.
Por otro lado, más allá de la retórica del informe que propone «proteger a los más vulnerables», una lectura avezada nos demuestra que el objetivo va por otro lado. Por ejemplo, en ningún momento se menciona la posibilidad de reestablecer las retenciones a los agroexportadores o al sector minero para «aliviar» el presupuesto público. Todo lo contrario, celebran las medidas tomadas durante 2016 para reducir la carga impositiva.
¿Es que el esfuerzo lo tienen que hacer los jubilados?
Por ahora son solo «recomendaciones», pero dada la dinámica de endeudamiento del último año, podrían convertirse en «imposiciones», como en Grecia, que en los últimos días sufrió represalias por parte del Eurogrupo al haber decidido por voto parlamentario adicionar un bono de fin de año a las magras jubilaciones mínimas.
