10 de junio de 2020
Evidencias para explicar los procesos de endeudamiento y fuga de capitales en Argentina hay de sobra. Ya pasó en la dictadura y en los 90. Economistas como Eduardo Basualdo identificaron claramente el mecanismo de valorización financiera que dejaba al Estado endeudado y condicionado, mientras que algunos sectores especulaban y sacaban sus ahorros «fronteras afuera». Se demostró que por cada dólar de deuda externa había uno de fuga.
La concentración de lo transferido en pocas manos fue una de las características más salientes. En el informe CEFID-Ar (Nº 68) se muestra, por caso, qué ocurrió en 2001, último año de la Convertibilidad: solo 10 empresas explicaban el 35% del monto transferido al exterior por el conjunto de las firmas. Ampliando el universo a 50 empresas se explica el 60% de lo fugado. En cuanto a las personas, las 50 que más fugaron explicaban el 16,6% del total transferido por las mismas.
El problema es que esta lógica se volvió a repetir durante la gestión Cambiemos. Al respecto, el BCRA acaba de elaborar un informe en base a los datos del Mercado de Cambios que muestra que entre 2015 y 2019 se fugaron unos 86.000 millones de dólares y que la deuda externa total sumó cerca de 100.000 millones. En la era Macri, según el BCRA, solo 852 empresas explican el 75% de los dólares que las sociedades sacaron del país. Una concentración que también se dio a nivel de las personas físicas.
Nada de esto es casual. Todas las experiencias comentadas (dictadura, convertibilidad y Cambiemos) llegaron a los mismos resultados, porque se nutrieron con el mismo sustrato neoliberal. Son esquemas que descansan en la toma de deuda, en la idea del Estado mínimo y en la desregulación: el mejor ambiente para que unos pocos se apropien de las divisas y le pasen la factura al conjunto de la sociedad. No debe volver a pasar.