Grandes corporaciones bajan costos en acuerdo con el gobierno nacional y con los provinciales, y se aprestan a dar un fuerte salto en la extracción de metales y litio. Promesas en materia ambiental. Proyectos para captar capitales chinos.
26 de mayo de 2017
El sector minero metalífero y del litio con operación en nuestro país decidió abandonar su tradicional bajo perfil y se lanzó a una explotación más activa de los recursos ya localizados, tras conseguir de las autoridades (tanto nacionales como provinciales) mejores condiciones para el negocio. En esa tendencia es cada vez mayor la cercanía de empresas chinas, que buscan sumarse a una actividad estratégica ya altamente concentrada por firmas norteamericanas y europeas.
Las compañías del rubro están dispuestas incluso a mostrarse más abiertamente como «factor de desarrollo económico y social», pese a que admiten que ni siquiera aplican en el país las pautas de seguridad ambiental adoptadas en sus casas matrices. El reconocimiento de ese bajo estándar surgió luego de la seguidilla de tres derrames de cianuro desde setiembre pasado en la mina sanjuanina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold Argentina. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sostienen que lamentan los episodios de contaminación (aunque sin daños humanos o animales, aclaran) y aseguran que incorporarán procedimientos de seguridad para recobrar la confianza de la sociedad.
Un hito que marca el relanzamiento de la actividad fue la reciente exposición ArMinera, en el centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, que este año convocó 220 empresas frente a las 170 de la anterior edición.
Oportunidades y desafíos
Ante los promotores de la megaminería en el país, el analista Leonardo Viglione, de la consultora PriceWaterhouse Coopers (PWC), señaló las «oportunidades y desafíos» para realizar nuevas inversiones en exploración y relanzar grandes proyectos que fueron discontinuados, como Potasio Río Colorado, en Mendoza y Pascua Lama, en San Juan. «Las primeras medidas implementadas por el actual gobierno nacional, incluyendo la liberación de controles de divisas y la eliminación de las retenciones en las exportaciones mineras, aumentaron la competitividad y el desarrollo del sector», afirmó Viglione.
La expectativa de las empresas del área radica en la próxima firma del Acuerdo Federal Minero con gobernadores y el gremio respectivo, que como en el sector petrolero buscan alentar la productividad, en buena medida a partir de una mayor flexibilización laboral. Bajo ese paraguas las compañías esperan lograr nuevas concesiones. El titular de CAEM, Marcelo Álvarez (directivo de Goldcorp, la minera canadiense que opera Cerro Negro, en Santa Cruz), anticipó que el acuerdo permitirá «abrir mesas de negociación que debatirán aspectos laborales, impositivos y otros, para aumentar la competitividad de la minería nacional, y hasta para evaluar normas legales que hoy impiden la gran minería en Córdoba, Mendoza, Chubut y La Rioja». «Resta todavía –remarcó por su parte Viglione– fortalecer la consistencia entre las provincias para mejorar el atractivo de la inversión, lo cual se lograría mediante el ambicioso proyecto de ley elaborado por el gobierno nacional para unificar las regulaciones mineras».
Aun sin esas medidas, las megamineras anticiparon que invertirán este año casi 1.150 millones de dólares en nuevos desarrollos en el país. Esa suma se destinará a seis proyectos de oro, plata y cobre, y cinco de litio. Para 2018, en tanto, se prometen otros 2.100 millones, sin considerar lo que destinarán las compañías ya instaladas a identificar nuevos recursos.
Precavido, Álvarez advirtió que «no se debe esperar un boom de ingreso de capitales porque los inversores esperan que se consoliden las medidas macroeconómicas sobre inflación, infraestructura e incluso el tipo de cambio».
En materia ambiental, el titular de CAEM se sinceró ante la prensa local y sostuvo que «hoy no podemos refutar las críticas de la gente por Veladero, no tenemos datos para confrontar a quienes dicen que las mineras no cumplen en el país con planes para evitar incidentes, como sí lo hacen en sus sedes». No obstante, «estamos comprometidos a llevar adelante el acuerdo firmado el año pasado con la Asociación Minera de Canadá para implementar la iniciativa Hacia una Minería Sustentable (TSM, por su sigla en inglés)», adelantó.
Buenos negocios
Ese conjunto de herramientas e indicadores serviría para medir el desempeño de las empresas en diversas áreas y garantizar «que los principales riesgos de la minería se administren de manera responsable». Los seis ejes del TSM son presentados por los grandes medios como el resguardo que haría sustentable la actividad y se orientan a fomentar la responsabilidad, la transparencia y la credibilidad, ya que en las evaluaciones participarán ONG y las comunidades de influencia.
En suma, se busca demostrar que no existe un doble estándar en cuanto a las medidas que se adoptan en los países de origen y en la Argentina, lo cual será revisado cada dos años mediante auditorías externas. La extensión del sistema estaba prevista para fines de 2018, pero en aras de infundir tranquilidad –tras el caso Veladero– en la CAEM esperan difundir los primeros reportes antes de fin de año.
Mientras las megacompañías se escudan en esas promesas, el gobierno nacional reactiva inversiones energéticas y viales, con recursos públicos, para reforzar la rentabilidad del negocio. De modo simultáneo lanzó instrumentos crediticios dirigidos a fortalecer a un conjunto de pymes como proveedoras de servicios de las megamineras. Para eso, la Secretaría de Minería acordó con el Banco de la Nación facilitar el acceso a créditos bonificados destinados a adquisición de bienes, obras civiles y proyectos de inversión con capital de trabajo asociado. La ambición del gobierno y los empresarios para el corto plazo es dar un salto en el negocio. La exposición ArMinera, de momento, aspira a convertirse en un centro de referencia regional, al igual que los encuentros de Toronto, Santiago de Chile y Lima.
Por ahora, el sector suma unos 80.000 puestos laborales, entre directos e indirectos, y realizó el año pasado compras locales por 1.200 millones de dólares. No está muy claro aún si esos beneficios se corresponden con las crecientes ganancias de las megamineras y con los riesgos (y episodios concretos) de contaminación del medio ambiente.
