El gobierno busca alinear sus políticas a las pretensiones de las principales potencias para asegurarse un lugar en el Primer Mundo. Contradicciones entre las recetas y las medidas aplicadas por las economías desarrolladas.
3 de abril de 2018
Cumbre. Ministros de Finanzas y banqueros centrales en la primera reunión en Buenos Aires. (HO/G20 Press Office/AFP/Dachary)
La Argentina recibirá durante este año visitas de encumbrados funcionarios de Estados Unidos y Europa, y de directivos de corporaciones globales, mientras se activan las relaciones con la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto, se aceleran las tratativas para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el marco de la hoja de ruta prevista por Cambiemos hacia un presunto empalme con el denominado Primer Mundo, se buscará estrechar lazos con los países dominantes durante los encuentros del Grupo de los 20, que se realizarán en distintos puntos de la Argentina, como país anfitrión.
La Argentina asumió el pasado 1º de diciembre la presidencia del G20 y durante 2018 se contabilizarán más de 45 reuniones en 11 ciudades de todo el país, a las que asistirán más de 20.000 personas, en su mayoría representantes gubernamentales y de organizaciones internacionales. En los primeros encuentros quedó reflejada la ausencia de posiciones críticas al inequitativo esquema global vigente. Por el contrario, los funcionarios argentinos expresaron con toda claridad su adhesión a la agenda presentada por las economías desarrolladas, principalmente por los Estados Unidos. La influencia de sus intereses sobre la agenda argentina se refleja en todo el espectro de temas, que van desde lo económico y financiero hasta salud, desarrollo social, tecnología y energía.
También hubo espacio para la política, cuando el ministro de Finanzas, Luis Caputo, promovió, bajo el argumento de una «crisis humanitaria», sanciones económicas a Venezuela y la creación de un supuesto fondo de ayuda a los «refugiados» de ese país. Este pedido se trataría durante la próxima reunión de primavera del FMI.
Dentro del G20, aseguran los países ricos y repiten los funcionarios argentinos, se trata de «abordar los grandes desafíos globales y de generar políticas públicas que los resuelvan». Esa retórica alude a una pretendida paridad en la toma de decisiones, mientras se soslaya el verdadero origen de los graves desequilibrios mundiales, así como las responsabilidades (y las consecuencias) claramente desparejas.
Objetivos
De acuerdo con los documentos presentados por el G20, para este año se traza como objetivo «construir un consenso que permita que todos los países se comprometan con un desarrollo equitativo y sostenible, que genere oportunidades para todos». «En línea con las preocupaciones y aspiraciones de la región: aprovechar el gran potencial económico de Latinoamérica y el Caribe para avanzar hacia la erradicación de la pobreza», afirma este cónclave.
La Argentina eligió tres prioridades para debatir este año en ese espacio: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible. En el terreno económico, la primera cita tuvo lugar el 19 y 20 de marzo y convocó a ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. El resto de los temas se celebran en sendos encuentros en los distintos puntos cardinales del país: en el noroeste, en Salta, San Salvador de Jujuy y San Miguel de Tucumán; el noreste, en Puerto Iguazú; el centro-oeste, en Mendoza; el centro, en Rosario y Córdoba; el centro-este, en Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires; y el sur, en Bariloche y Ushuaia. El cierre tendrá lugar el 30 de noviembre y el 1º de diciembre con la Cumbre de Líderes de los países miembros, en Buenos Aires, cuando los jefes de Estado y gobierno más importantes del mundo adoptarán un documento de trabajo final.
En marzo, con la presencia del ministro Jorge Triaca se realizó la primera reunión oficial dentro del calendario del G20 para este año (la segunda será en junio) del grupo de trabajo de Empleo.
Las recomendaciones en este terreno llegarán luego a los ministros de los países del G20 y a los representantes de los organismos internacionales, que se reunirán en septiembre. Como declamadas prioridades se fijó promover la formación a lo largo de la vida y la adquisición de habilidades para un crecimiento inclusivo, alentar la formalización laboral y el empleo decente y fortalecer la protección social para el futuro del trabajo. Este grupo se propuso además «reducir las brechas laborales existentes en materia de género y hacer foco particular en los grupos vulnerables».
En otras reuniones que fueron realizadas durante el verano los grupos de trabajo abordaron temas de salud, para «establecer una agenda internacional compartida sobre temas como el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, la malnutrición y la lucha contra las pandemias».
Retóricas
Los postulados del G20 sostienen la búsqueda de un trabajo conjunto que permita avanzar en «consensos para un desarrollo equitativo e inclusivo», pero el propio grupo funciona como un club informal y exclusivo de gobiernos que deja afuera a la gran mayoría de los países del mundo. Además de la Argentina, son integrantes Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, China, India, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Brasil, México, Corea del Sur y Turquía.
El conjunto de esos países aplica políticas comerciales y de protección de las corporaciones, como sucede con la administración Trump, nada igualitarias. Mientras impulsan tratados de libre comercio y de inversión, solo dan derecho a los holdings empresarios en desmedro de los pueblos del mundo.
En definitiva, advierten organizaciones populares, las supuestas buenas intenciones de esos gobiernos –por lo general coincidentes con los postulados de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial– no resisten un análisis comparativo con la realidad de sus acciones. Esta preocupación por una posible guerra comercial, que podría desatarse con las medidas proteccionistas estadounidenses quedó en evidencia al acaparar la agenda de la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del 19 y 20 de marzo. Pese a las declaraciones de buenas intenciones en pos de un libre mercado, las principales potencias se encuentran preocupadas por las políticas de cierre de frontera de Trump.
No es casual que los ambiciosos objetivos económicos y financieros de ese encuentro fueran expuestos en Buenos Aires por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire. Esos propósitos chocan con realidades y rumbos opuestos, como señalan distintos movimientos sociales, de pymes, de mujeres, pueblos originarios, estudiantiles y sindicatos.
Así, los funcionarios, banqueros y miembros de organismos multilaterales dicen estar «preocupados» por el futuro del empleo, a la vez que se avalan, como en el caso argentino, reformas laborales que acaban con derechos conquistados durante siglos de lucha, se atenta contra las organizaciones de trabajadores y se fomenta la generación de empleo basura. La propia OCDE recomendó a la Argentina, incluso después de las reformas de diciembre, una mayor flexibilización de la legislación laboral.
