El Ejecutivo remitió su primera ley de leyes al Parlamento, en la que reflejó su plan de gobierno para el próximo año: prioridades y principales variables económicas. Caída de reservas y nuevas medidas para contener la salida de divisas.
23 de septiembre de 2020
Congreso. El proyecto se tratará primero en Diputados y luego en el Senado nacional. (Prensa Diputados/CF/Télam)
El Poder Ejecutivo remitió en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto 2021 al Congreso Nacional. La denominada «ley de leyes» tiene una importancia mayúscula en el debate político, ya que el Presupuesto no es otra cosa que un plan de gobierno que refleja una determinada cosmovisión ideológica. Esa hoja de ruta establece cuáles son las prioridades de la fuerza gobernante y la evolución esperada de las principales variables económicas, como PIB, inflación, resultado fiscal, tipo de cambio, exportaciones, importaciones. Por ejemplo, el proyecto oficial prevé una cotización del dólar a 102 pesos en diciembre del año que viene, una inflación del 29% y un crecimiento económico del 5,5%. Desde el Ministerio de Economía proyectaron también un déficit fiscal primario del 4,5% del PIB, mientras que el déficit fiscal total (es decir, incluyendo el pago de intereses de deuda) sería cercano al 6%, 1,7 billones de pesos. El Gobierno propone financiar el 40% de esa brecha con endeudamiento local y el restante 60% con emisión monetaria.
En consecuencia, el resultado fiscal previsto permite vislumbrar dos cuestiones centrales. En primer lugar, la decisión de no convalidar un ajuste económico. «El equilibrio fiscal no se va a alcanzar en 2023, como preveíamos antes de la pandemia sino que será una meta que se buscará cumplir dentro de un sendero compatible con un crecimiento inclusivo», sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán. En segundo lugar, el Gobierno plantea una trayectoria descendente del déficit con respecto al estimado para 2020 (8% del PIB). El mensaje implícito es claro: la estrategia económica incluye la idea de alcanzar la sostenibilidad fiscal pero no a cualquier costo. Guzmán resumió esa postura manifestando que el rol del Estado será «lo suficientemente grande como para ayudar, pero lo suficientemente acotado para ser respetuoso de las restricciones que el sector público enfrenta».
Esta posición es muy relevante a las puertas de la renegociación de la deuda con el FMI. Como se sabe, el organismo financiero «recomienda» mantener en orden las cuentas públicas, aunque, sin perjuicio de eso, la pandemia puso en modo pausa dicha tradicional rigidez fiscal. La propia directora gerente del Fondo advirtió que «la economía global está mostrando signos de recuperación de la grave recesión provocada por la pandemia global del coronavirus, pero una convalecencia plena es “improbable” sin que haya una vacuna». Kristalina Georgieva agregó: «La recuperación sigue siendo muy frágil y es desigual entre diferentes regiones y sectores. Para asegurar que la recuperación siga, es esencial que este apoyo (refiriéndose al gasto público de emergencia) no sea retirado de una forma prematura». En criollo, el desequilibrio fiscal es tolerado como un «mal necesario» en el corto plazo.
Por último, el Gobierno asigna un rol muy importante al Estado como impulsor de la actividad económica en el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández, ya que en la actualidad el que se está ejecutando es una reconducción de la ley de leyes de 2019. El gasto primario real crecerá respecto a 2020, descontando las erogaciones extraordinarias por COVID-19, un 7,6%. En relación con 2019, el crecimiento real previsto es del 10,1%, la inversión en infraestructura productiva y social (obra pública) se duplica pasando del 1,1% al 2,2% del PIB, mientras que la inversión proyectada total es de 835.000 millones de pesos. El Presupuesto también prevé incrementos de fondos destinados a salud, educación, conectividad, innovación y desarrollo, inversión social y políticas de género.
La batalla del dólar
La pérdida de reservas internacionales, en los primeros ocho meses del año, fue de un poco más de 2.000 millones de dólares, y desde mediados de 2020, dicho drenaje de divisas encendió la luz de alarma en el Gobierno nacional. Es sabido que la existencia de una importante brecha entre el dólar legal y las cotizaciones alternativas (dólar MEP, contado con liqui e ilegal) «incentiva» una mayor demanda –y menor oferta– de divisas en el mercado cambiario.
Guzmán. Ir hacia el equilibrio fiscal en el marco de un crecimiento inclusivo. (Télam)
En los últimos meses, uno de los factores detrás de la caída de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue el denominado dólar ahorro, un universo compuesto por 4 millones de personas que compran su cupo mensual de 200 dólares. La propuesta de suprimir esa posibilidad fue analizada en los despachos oficiales. Un informe de la consultora P×Q, dirigida por el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, sostiene que «aunque a priori parece tener lógica que en un mercado con escasez de divisas no se puede perder casi todo el ingreso por superávit comercial en venta de billetes al sector privado, el impacto negativo que puede tener esta medida es muy superior a los beneficios. Si se elimina el cupo, el primer efecto será un incremento de la brecha cambiaria, ya que esa demanda de dólares irá a buscarlos a los mercados paralelos, incrementando su cotización. Un aumento de la brecha solo retroalimenta las expectativas de devaluación y, por lo tanto, es de esperar que haya un efecto contagio sobre la liquidación de exportaciones, el pago de importaciones y la cancelación de créditos y préstamos al exterior, agravando el problema que se quiere solucionar».
En principio, la conducción económica comparte ese criterio y, por ende, eligió otro camino para contener la salida de divisas. A mediados de septiembre, el BCRA anunció mayores restricciones para la cancelación de la deuda empresaria con el exterior y, al mismo tiempo, encareció la compra del dólar ahorro. La batería de nuevas medidas cambiarias incluyó varios puntos: el monto gastado con tarjeta de crédito en el exterior se deducirá del cupo de 200 dólares mensuales. «No habrá tope al consumo con tarjeta y cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes», precisó el comunicado del BCRA. Además, la compra de divisas (dólar ahorro, gastos con tarjeta) tendrá un recargo del 35% –que se suma al 30% del «Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)»– en concepto de pago a cuenta del impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales. La AFIP aclaró que «las personas humanas a quienes se les practiquen percepciones que no sean contribuyentes de los impuestos a las Ganancias o sobre los Bienes Personales podrán solicitar la devolución del gravamen percibido una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción». Por otro lado, la Resolución General 4815/2020 de la AFIP establece que el recargo no será aplicado en aquellos gastos relativos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos, proyectos de investigación y bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población. Por último, el BCRA invita a las empresas a iniciar procesos de reestructuración de sus pasivos con el extranjero. A tal fin, la autoridad monetaria fijó un tope (40% del total) para la venta de dólares destinadas a la cancelación de vencimientos de capital superior al millón de dólares mensuales. El 60% restante deberá cancelarse con recursos propios o refinanciando la deuda.
El objetivo explícito de todas esas medidas tiene como eje contener la salida de divisas y, al mismo tiempo, priorizar su utilización en fines productivos (compra de maquinarias e insumos). ¿Las medidas del Banco Central serán suficientes para moderar el drenaje de divisas? Las próximas semanas serán clave para contestar este interrogante.
