La receta ortodoxa de enfriar la economía para bajar la inflación no evidencia resultados positivos, mientras que los sectores vulnerables fueron los más perjudicados por el ritmo de los aumentos. La medicina privada entre los beneficiados.
7 de junio de 2017
Precios relativos. Afectaron más el bolsillo de las familias humildes que el de las acomodadas. (Sandra Rojo)
La excesiva importancia asignada a la lucha antiinflacionaria, por sobre otros objetivos de política económica (crecimiento económico, creación de empleo, disminución de la pobreza), es toda una definición ideológica. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, sostiene que «el error favorito de nuestros economistas ortodoxos es asumir que indudablemente la inflación es mala; que mientras más baja sea, será mejor. Siempre nos imaginamos lo terrible que sería que esta clase de economistas hubiesen sido médicos, ya que habrían llegado a la brillante conclusión de que como la fiebre es mala, mientras más baja la temperatura corporal… ¡mejor!».
La idea de que una reducida inflación es condición necesaria para cumplir con otras finalidades no guarda corroboración empírica. Por ejemplo, el fenómeno inflacionario fue inexistente en la experiencia más traumática del pasado reciente argentino. El progresivo derrumbe del modelo neoliberal, que comenzó en 1998, no estuvo acompañado de aumentos de precios. La deflación coexistía con crecimiento de desocupación y pobreza.
Más allá de esto, el macrismo plantea que la inflación es producto de un exceso de demanda. El remedio sería el «enfriamiento» de la economía. En ese contexto, la caída del 2,3% del PIB en 2016 fue un lógico resultado de las políticas aplicadas. Sin embargo, la retracción del consumo (y de la actividad) no se reflejó en una menor inflación. El ritmo de aumento de los precios fue muy superior al promedio (25%) de los últimos años del gobierno kirchnerista. La mayoría de los indicadores públicos y privados (ver cuadro) revelan que la inflación de 2016 fue la más alta de los últimos 25 años. La realidad se manifestó mucho más compleja que la promesa de campaña de Mauricio Macri cuando planteaba que era un problema «muy fácil de resolver». Ahora, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, admitió que al gobierno «le cuesta encontrarle la vuelta a la inflación».
Los perdedores de siempre
La inflación no impacta de manera idéntica en toda la población. Los índices de precios se calculan en función a una canasta de consumo «promedio». En la Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) indaga las costumbres de gastos e ingresos de miles de hogares con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. El gasto total es distribuido, ponderado según la información recolectada, en una canasta de bienes y servicios. El problema es que los patrones de consumo son heterogéneos. La estructura del gasto de los hogares pudientes y vulnerables es muy diferente. Por eso, los aumentos de precios no impactan de igual manera en todos los sectores sociales.
Los investigadores Demián Panigo, Fernando García Díaz, Sergio Rosanovich y Pilar Monteagudo explican en su trabajo El impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en Argentina (2015-2016) que «los procesos inflacionarios afectan de manera asimétrica a los distintos subgrupos poblacionales dependiendo críticamente de la dinámica de los precios relativos. Tradicionalmente, las familias de mayores recursos poseen un patrón de consumo intensivo en servicios (personales, esparcimiento, turismo) y bienes durables. Por el contrario, en los hogares de menores ingresos las erogaciones se concentran principalmente en alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos (luz, gas y teléfono)».
La primera conclusión que puede extraerse de la evolución de los precios relativos, después del triunfo electoral de Mauricio Macri, es que los sectores vulnerables salieron perjudicados. El estudio realizado por los investigadores, que abarca los primeros meses del gobierno macrista, arribó a la conclusión de que los hogares humildes perdieron más del doble de poder adquisitivo que las familias acomodadas.
Otro estudio realizado por el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra) concluyó que la inflación media para los sectores de más bajos ingresos fue del 45,6% en 2016. En cambio, los asalariados de mayores ingresos sufrieron una inflación de «apenas» el 38,1%. La explicación de esa asimetría es sencilla: los productos típicos de la canasta popular (alimentos, alquileres, tarifas de servicios públicos) aumentaron más que la canasta «típica» de las clases altas y medias-altas.
Una excepción a la regla fue el fuerte incremento que vienen experimentando las cuotas de la medicina prepaga. Ese gasto impacta en mayor proporción en los sectores de poder adquisitivo más elevado (con independencia de que también influye en el presupuesto de amplias capas medias).
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga nacieron, impulsadas por asociaciones de médicos, en la década del 60. El economista Leonardo Goldberg plantea que «como la mayoría de estos emprendimientos, a medida que fueron creciendo y se apropiaban de importantes flujos líquidos, para sus fundadores se volvieron inmanejables, porque el aspecto financiero comenzaba a predominar sobre la actividad médica. De a poco se fueron dando las condiciones para que los grupos financieros, con sus gerentes y técnicos, fuesen ingresando al negocio, desvirtuando lo que fueron los orígenes del sistema». Y concluye Goldberg en su artículo Auscultar el negocio: «Las prepagas han sido un factor de aceleración de la mercantilización de la medicina».
En la actualidad, el sector está regulado por la ley 26.682 sancionada en 2011. La reglamentación determinó que las compañías necesitan autorización oficial previa para incrementar sus cuotas. La norma específica que las compañías tienen que justificar los pedidos de subas aportando toda la documentación correspondiente a su estructura de costos. En ese marco, el Ministerio de Salud autorizó en 2016 cuatro aumentos: en marzo (9%), junio (15%), julio (5%) y octubre (9%). Así, la suba acumulada resultó del 43,5% el año pasado.
La autoridad sanitaria aprobó tres ajustes adicionales en lo que va de 2017: 6% en enero, 6% a partir de julio y 5% a partir de agosto. Eso implica un aumento acumulado anual, hasta hoy, del 17,98%. En síntesis, las cuotas de la medicina prepaga aumentaron 52% entre febrero del año pasado y mismo mes de 2017. Según el IPC porteño, la inflación fue del 32% en ese período.
