Intereses en conflicto

14 de diciembre de 2015

El nombramiento de directivos de grupos económicos y financieros como funcionarios despierta interrogantes acerca del grado de compatibilidad entre los negocios y la gestión pública.

Economía. La cartera fue dividida en seis áreas que coordinará Prat Gay, exdirectivo de la banca estadounidense J. P. Morgan. (Jorge Aloy)

Empresarios cerca del gobierno –o incluso a cargo de distintas áreas del Poder Ejecutivo– siempre hubo. En los últimos 40 años, el caso más emblemático es el de José Alfredo Martínez de Hoz, titular de holdings industriales y agropecuarios. Desde el retorno de la democracia, los sucesivos gobiernos han contados en sus filas con hombres y mujeres de negocios o con sus representantes más o menos directos (Domingo Cavallo, por ejemplo).
Lo novedoso del gobierno de Mauricio Macri está en la cantidad y en la calidad de los llamados a gestionar el Estado. Los convocados a reformular las políticas públicas son aproximadamente medio centenar de miembros de la alta gerencia, cuando no dueños de compañías fabriles, de servicios y agropecuarias. Su gestión, puede anticiparse, lejos estará de ser neutra.
Desde el primer momento crecieron las dudas sobre lo que técnicamente se considera «conflicto de intereses» y que perfectamente les cabe a esos nuevos funcionarios, cuyas disposiciones eventualmente beneficiarán a ellos mismos como a sus respectivos grupos.
El desembarco de los CEO (acrónimo de la designación en inglés, chief executive officer, oficial ejecutivo en jefe), al fin de cuentas, no es más que el correlato de la presencia en la Casa Rosada de un miembro dilecto de la cúpula empresaria local.
Su convocatoria es con frecuencia respaldada desde Cambiemos y sus medios afines ante la «necesidad de reconstruir el Estado» y encarar urgentes medidas de reactivación y «sinceramiento» en distintas áreas. El problema, sin embargo, radica en las disposiciones de la Ley 25.188 de Ética Pública. La norma abarca desde ministros hasta subsecretarios, autoridades de bancos públicos y empresas estatales, y se torna relevante ante el masivo reemplazo de cuadros, que marca un drástico giro en la orientación de quienes se desempeñarán al frente de las administraciones de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
En su capítulo 15, la ley define las «incompatibilidades y conflictos de intereses». El artículo 13, por caso, precisa que es incompatible con el ejercicio de la función pública «dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades».
Es incompatible asimismo «ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones».
Por cierto, la ley abre la puerta a la función pública para quienes, al momento de su designación, renuncien a sus actividades previas. O bien, se abstengan de tomar intervención, durante sus gestiones, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años.

Límites
No pocos analistas anticipan frecuentes traspasos de un lugar a otro de la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. Lo cual, en definitiva, podría determinar situaciones irregulares que susciten eventuales procesos judiciales. La Oficina Anticorrupción define claramente en su normativa, en orden a la prevención de los conflictos de intereses, el concepto de «competencia funcional directa». Es el caso de situaciones en las que un funcionario público «tiene control y poder de decisión sobre cuestiones que alcanzan a entidades privadas a las que se encuentra vinculado».
Los casos eventualmente comprendidos son múltiples y variados: CEO de petroleras y automotrices; exdirectores de bancos extranjeros y de AFJP; asesores económicos y financieros de cuanto grupo oligopólico local o transnacional opere en el mercado interno. Nombres sobresalientes hay una veintena, pero en segundo o tercer plano se sumarán centenares.
Son tantos, que Cambiemos pidió auxilio a dos firmas internacionales de recursos humanos a fin de reclutar profesionales para la nueva gestión. La primera es Spencer Stuart, donde se desempeña el titular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Juan Pablo Simón Padrós (exdirectivo de IBM, Compaq y otras compañías tecnológicas). La otra consultora es Prolaurum, una firma especializada en atender requerimientos de «human capital management».
Con miras a «mejorar la calidad institucional» del sector público, en Cambiemos no ocultan su interés en formar un «think tank intelectual» inspirado en la trayectoria de la Generación del 80. La búsqueda incluye cenáculos académicos privados, como la Universidad de San Andrés, donde se graduaron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el nuevo secretario de Comercio, Miguel Braun (cuya familia fue dueña del Banco de Galicia y actualmente controla la cadena de supermercados La Anónima).

Nombres
Los defensores del nuevo estilo gerencial destacan el «altruismo» de aquellos que abandonan carreras exitosas para dedicar sus esfuerzos y talentos al bien común. Señalan incluso la fuerte diferencia de ingresos que sufrirán. Lo cierto es que, con una mirada estricta y en orden alfabético, el listado de compatibilidad dudosa para manejar la cosa pública incluye a:
• Juan José Aranguren, hoy ministro de Energía. No es solo expresidente de Shell Argentina, sino además un alto directivo del grupo angloholandés a nivel regional. Integra además el consejo directivo de la ultraliberal FIEL.
• Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial y CEO de la prepaga Swiss Medical, confirmó que asesorará al nuevo gobierno en temas relacionados con salud.
• Ricardo Buryaile, ganadero y productor formoseño, fue vicepresidente de Confederaciones Rurales y fue uno de los actores principales de la Mesa de Enlace durante el conflicto agropecuario por la resolución 125 (que alentaba retenciones móviles a las exportaciones de granos).
• Francisco Cabrera, ministro de Producción, en los años 90 fue CEO de Máxima AFJP. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Grupo Roberts, y luego en el Grupo HSBC, donde fue miembro del directorio de La Buenos Aires Seguros, de Docthos y dirigió el sector minorista del banco. Entre 2002 y 2007 fue director ejecutivo del diario La Nación e integró el directorio de los diarios Los Andes y La Voz del Interior.
• Isela Costantini, quien estará al frente de Aerolíneas Argentinas tras dejar sus puestos de directora ejecutiva de la automotriz General Motors en la Argentina, Paraguay y Uruguay, y de presidenta de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).
• Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Su padre, del mismo nombre, es el dueño de la red de concesionarias oficiales de Volkswagen.
• Rogelio Frigerio, ministro del Interior, manejó las relaciones con las provincias durante la convertibilidad. Con el cambio de siglo asesoró a empresas de primer nivel desde la consultora Economía & Regiones, hasta llegar a la presidencia del Banco Ciudad de Buenos Aires.
• Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria, hasta ahora titular de la empresa aérea Lan Argentina. Fue consultor de la firma internacional McKinsey y directivo de Milkaut.
• Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores, trabajó 14 años en IBM en el área comercial y entre 1993 y 2003 fue directora ejecutiva de Telecom Argentina, una de las dos partes en que se dividió, luego de privatizada, la histórica ENTel.
• Carlos Melconian, presidente del Banco de la Nación. Durante más de dos decenios, su consultora asesoró a grandes grupos económicos y financieros locales y transnacionales.
• Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, trabajó para el Banco de Inversión J.P. Morgan en Nueva York, Londres y Buenos Aires. Gestionó la herencia de la familia de Amalia Lacroze de Fortabat y figura entre los implicados en la fuga de capitales a través del banco HSBC.
• Mario Quintana, asesor en la jefatura de Gabinete. Con pasado en McKinsey y Siemens, en 2000 creó el fondo de inversión Pegasus. En los últimos años desarrolló la cadena Farmacity, Musimundo y las heladerías Freddo, entre otros emprendimientos.
• Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Es hija del director del Banco Macro, Guillermo Stanley (exdirectivo del Citibank, activo participante del proceso de privatizaciones en los años 90). Director de FIEL y de Idea, también integra el fondo de inversiones Inverlat, que incluye en su portfolio a la cadena de cafeterías Havanna, chocolates Fenoglio, y maneja las franquicias de Kentucky Fried Chiken y Reef, entre otras.
La lista, desde luego, es mucho más amplia. Algunos analistas advierten los casos de áreas clave como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que recayó en Alberto Abad (director del Banco Santander Río desde que dejó la conducción del organismo recaudador en 2008 hasta días atrás). O de Andrés Ibarra, ministro de Gestión y Modernización, quien secundó a Franco Macri cuando fue concesionario del Correo Argentino, y desde entonces acompaña al hoy presidente de la Nación.
La respuesta a las dudas sobre eventuales conflictos de intereses –no necesariamente pecuniarios– quizás se encuentre en las leyes vigentes.