Avance oficial en una serie de políticas que apuntan a reconfigurar las relaciones laborales, modificar el esquema impositivo y sentar las bases para una profunda transformación del sistema previsional. Redefinición del rol del Estado.
8 de noviembre de 2017
Los «mercados» festejaron el resultado de las elecciones legislativas que ampliaron el margen político para profundizar las reformas promercado. Un informe del Credit Suisse analizó que «la reducción de la incertidumbre en relación con la continuidad de las políticas “market-friendly” puede beneficiar la confianza y la inversión. Esto es central para asegurar el crecimiento sostenible y las dinámicas de la deuda en los próximos años. También puede apuntalar mejoras en las calificaciones de deuda» («Argentina, ¿seis años más? Fuerte victoria de Macri. Los pasos siguientes dependen de las reformas»).
En esa línea, el gobierno convocó a un Gran Acuerdo Nacional para alcanzar «consensos en torno de un conjunto de políticas públicas». Los lineamientos generales de la convocatoria fueron expuestos por Mauricio Macri, el pasado 30 de octubre, en el Centro Cultural Kirchner (CCK). El mensaje presidencial tuvo tres ejes: responsabilidad fiscal, empleo y calidad institucional. Estas serán algunas de las cuestiones que se debatirán en el Congreso, y en las calles, en los meses venideros.
La «agenda de reforma permanente» enunciada por Macri incluyó un amplio abanico de temas económicos (tributarios, laborales, previsionales). El factor común de esas iniciativas es la redefinición del rol estatal, ya que las reformas promercado persiguen un achicamiento del sector público. El planteo de Macri fue que «cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público».
Equilibrio
El ajuste de las cuentas fiscales es una de las obsesiones oficiales. En diciembre de 2015, el ministro de Hacienda se quejaba de haber recibido el déficit «más alto de los últimos 30 años». Prat Gay decía que el rojo alcanzaba el 7% del PIB. Los números eran otros, tal como fue reconocido en el prospecto del Bono a 100 años. En ese documento, el gobierno nacional informó a los inversores que el déficit primario de 2015 había sido del 1,8%. Ese año, el déficit financiero finalizó en 3,9%. Sin embargo, las políticas macristas incrementaron ese rojo. Las consultoras estiman que este año culminará con un déficit financiero cercano al 6%.
Eso lleva a que economistas muy cercanos al gobierno reclamen acelerar la poda del gasto público. Por ejemplo, el último informe de la consultora Economía & Regiones (de donde proviene el actual ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio) sostiene que «hace falta una reforma fiscal de fondo que achique el Estado, baje el gasto y reduzca el déficit no solo para tener chances de potenciar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico, sino para tener la posibilidad de minimizar los efectos negativos de un (potencial) endurecimiento de las condiciones financieras externas».
Lo que se lee entre líneas es que la economía argentina se puede derrumbar si se desconecta el actual respirador artificial (endeudamiento externo). La «solución» propuesta por la consultora es reducir el gasto en «jubilaciones, planes sociales y empleo público».
La cuestión previsional fue uno de los ejes centrales del informe de auditoría realizado por el FMI a fines de 2016. Los técnicos del Fondo recomendaron «la racionalización del gasto público, incluido el gasto salarial y el restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional». En relación con ese último punto, el Fondo sugirió tres medidas concretas: 1) modificar la fórmula de movilidad, 2) disminuir la tasa de sustitución (relación del último salario del trabajador con el haber inicial) del actual 72% al 60% y 3) aumentar gradualmente la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años en los próximos 10 años. En esa línea, Macri sostuvo que «el sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable», mientras que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que se modificará (a la baja) la fórmula de ajuste de las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo). La actual cláusula de actualización (compuesta por la variación salarial y la recaudación previsional) sería reemplazada por el parámetro de la inflación pasada.
Esa medida supone renunciar a una mejora en términos reales de esas prestaciones. En otras palabras, el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedaría congelado en los niveles actuales. Las estimaciones oficiales indican que con esa modificación normativa se «ahorrarían» 100.000 millones de pesos en 2018. Esa cifra dejará de ingresar a los bolsillos de jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Ese solo será el primer paso. El Consejo de Sustentabilidad Previsional, creado por la Ley de Reparación Histórica, avanza en un proyecto de reforma integral.
Otra pata del ajuste fiscal continuará siendo la reducción de los subsidios a los servicios públicos. Eso se traducirá en un fuerte aumento de la luz, gas y agua, en los próximos meses. A la vez, los boletos de colectivos y trenes aumentarán 50 centavos por mes en el área metropolitana de Buenos Aires. El incremento en las tarifas de transporte será cercano al 100% en 2018.
Lineamientos
Macri planteó en el CCK que «el país necesita una reforma tributaria. Necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal». Pero los lineamientos principales de la iniciativa oficial fueron explicados por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. La propuesta incluye:
• Aumento/creación de algunos impuestos: renta financiera, IVA a los servicios digitales como Netflix y Spotify, impuestos internos a determinados productos (gaseosas, cerveza, vinos, espumantes, cigarrillos), a la ganancia de capital realizada por la diferencia entre la compra-venta de un inmueble no destinados a vivienda.
• Disminución de la carga impositiva: reducción progresiva del impuesto a las ganancias empresarias en caso de reinversión de utilidades, reducción de contribuciones patronales, utilización progresiva del impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias.
• Eliminación de tributos: impuestos internos para algunos productos (celulares, artículos de computación y electrónica, autos y motos de gama media-alta), Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI).
En líneas generales, la lógica del proyecto oficial está en línea con las teorías económicas «ofertistas». Esa corriente de pensamiento económico sostiene que la reducción del costo impositivo genera mayor inversión productiva y creación de empleo.
