21 de febrero de 2025
Decenas de funcionarios del Gobierno libertario mantienen participaciones en compañías privadas, lo cual condiciona sus políticas y pone en duda la integridad en la gestión.
Caputo y Francos. La vinculación directa con el mundo empresarial se concentra en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete.
Foto: NA
Las vías que utilizan los poderosos para mantener sus privilegios no se agotan en las acciones de grupos de presión, dirigidas a lograr decisiones de los Gobiernos en favor de los intereses de una compañía. Junto al lobby empresarial y como mecanismo más directo es habitual el sistema llamado de «puerta giratoria recurrente». Consiste en la circulación de individuos que van ocupando altos cargos en el sector privado y en el sector público de modo alternativo. Es el caso de ejecutivos que acceden a puestos relevantes en el Estado, o bien, funcionarios que al dejar su cargo estatal pasan a ocupar sillones directivos en cámaras y asociaciones gremiales del empresariado.
La primera de esas variantes tuvo un claro ejemplo durante la gestión de Mauricio Macri. En estos días la intención de ir mucho más lejos la resumió el propio presidente Javier Milei en su definición identitaria anarcocapitalista: «Soy el que destruye el Estado desde adentro».
Decenas de funcionarios que integran hoy el Gobierno libertario participan de modo simultáneo en distintas sociedades comerciales y asociaciones empresariales. Una doble pertenencia que puede derivar en situaciones de alto riesgo y conflictos de intereses. La captura de la decisión pública en el Gabinete nacional, sin mayor transparencia, pone en duda la integridad en la gestión gubernamental. Los actuales responsables de la administración libertaria acceden a información privilegiada y en muchos casos se encargan de regular el funcionamiento del sector en el que tienen, o tuvieron muy recientemente, intereses privados.
Según un estudio reciente del Observatorio de las Elites, 55 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia) registran 182 participaciones (presiden o integran directorios, son socios o representantes) en 171 sociedades comerciales, más de una treintena de ellas, de capitales extranjeros.
El Observatorio forma parte del Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores (Citra), que depende a su vez del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
Al cruzar información del Mapa del Estado y de la Inspección General de Justicia, con datos de mediados de 2024, el análisis sobre los funcionarios políticos aporta importantes revelaciones. La vinculación directa con el mundo empresarial es fehaciente en 4 de 8 ministros, en 33 de 60 secretarios y en 35 de 117 subsecretarios. Del total de 182 participaciones de funcionarios en firmas del sector privado, 106 se concentran en el Ministerio de Economía, mientras que la Jefatura de Gabinete contabiliza 46 casos.
De acuerdo con el estudio, llevado adelante por la investigadora Ana Castellani, el 81% de dichas participaciones son en Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada locales y el 19% en Sociedades Extranjeras. Más de la mitad de las empresas con directivos de «doble pertenencia» (97 sobre 171) operan en cinco principales sectores: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, consultoría y actividad agropecuaria.
Multiposiciones
El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene a su cargo a 23 de los 55 funcionarios que registran participaciones en empresas privadas. A su vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuenta con el concurso de 12 de esos directivos de filiación duplicada. Ambas carteras cumplen un rol central en la implementación de las reformas propiciadas en el DNU 70/2023 y en la denominada «Ley de Bases». Mientras la jefatura de Gabinete de Ministros tiene vínculo directo con las provincias y con el resto de los poderes del Estado, Economía orienta la coordinación macroeconómica, fiscal y financiera, así como también las actividades productivas en todos los sectores, la obra pública y la privatización de empresas estatales.
Se constituye así una situación de alta probabilidad de captura de la decisión pública por parte de intereses privados en prácticamente la totalidad de sectores de actividad económica.
La «multi posicionalidad» de las élites, tanto económicas como políticas, «ofrece una visión integral de las dinámicas de poder y las redes de influencia que operan en el ámbito gubernamental», resalta Castellani. Este fenómeno, añade, «facilita la creación de redes de apoyo mutuo y la consolidación de poder». De acuerdo con la investigadora, al poseer intereses personales en sociedades comerciales, esos funcionarios pueden beneficiarse directa o indirectamente de las decisiones gubernamentales.
Minería. El secretario del área ostenta el récord de participaciones en sociedades comerciales locales y del exterior.
Foto: www.energianeuquen.gob.ar
Así, aunque el discurso antiestatal es una bandera comunicacional y de gestión que se reivindica públicamente, en ningún momento se menciona «el riesgo que implica el avance directo de los intereses privados sobre el aparato estatal para reorientar su accionar en su propio beneficio». Castellani alerta sobre el «gran riesgo» que se deriva de la paralización y el desmantelamiento de la administración pública, en paralelo con la implementación de una agresiva política de desregulación económica y con el proceso de ocupación de áreas de la gestión por parte de funcionarios directamente vinculados con empresas privadas. El resultado, señala, es «el avance de intereses privados sobre áreas deliberadamente debilitadas de la administración de gobierno que tienen relevancia significativa en la orientación de la política pública».
El ejemplo más relevante en esta materia es el del secretario de Minería, Luis Lucero, que suma 37 participaciones en sociedades comerciales, 28 de ellas con sede en el exterior, que operan en los sectores energético, financiero, agropecuario, entre otros. Le sigue, con 13 participaciones, Héctor Huici, exsubsecretario de Comunicaciones y Conectividad de la jefatura de Gabinete, actualmente subsecretario de Desregulación en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Con 6 participaciones empresarias figuran el titular de ARCA (exAFIP), Juan Pazo (antes secretario de Coordinación de Producción); y Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. «Habría que revisar exhaustivamente en cada caso si esta multiposición configura o no una violación a la Ley de Ética Pública», concluye Castellani.
