9 de agosto de 2025
Tras la primera revisión del préstamo, el organismo de crédito exige nuevos recortes en sectores ya golpeados por la motosierra. Jubilaciones, programas sociales y subsidios de tarifas en la mira.
Primer waiver. El el Directorio Ejecutivo del publicó su reporte a última hora del 1° de agosto.
Foto: Shutterstock
Entre gallos y medianoche, literalmente, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a última hora del 1° de agosto su reporte sobre la primera revisión del acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina. Si bien el Gobierno y los medios de comunicación se esmeraron en resaltar, como lo más relevante del informe, el desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares y el «relajamiento» de la meta de acumulación de reservas internacionales netas durante todo 2025, el texto además, enumera con claridad la profundización del ajuste para mantener el «equilibrio fiscal».
«El personal técnico evalúa que la deuda de Argentina sigue siendo sostenible, pero no con alta probabilidad», sostiene el documento. La falta de acumulación de reservas netas y de financiamiento y el acceso limitado a los mercados de capital internacionales elevan el riesgo soberano, advierte. En consecuencia, el Directorio impone elevar la meta de superávit fiscal al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 1,3% de abril pasado.
¿Cómo cierran las cuentas para el FMI? Obviamente con mayores ajustes en tres sectores que durante el último año y medio vienen jaqueados por la motosierra libertaria: Jubilaciones, programas sociales y subsidios a las tarifas de servicios públicos.
Los elegidos
En lo referido al gasto en jubilaciones y pensiones, que tuvo ya una contracción cercana al 28% en 2024, el FMI espera que deje de representar poco más del 6% del PIB. En ese contexto, pidió una reforma previsional, que debe estar operativa en diciembre de 2026. Dicha reforma integral debe simplificar un sistema «altamente fragmentado», para mejorar la proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios. Además, profundamente anclado en la coyuntura nacional, el staff le pide al Gobierno que ese nuevo sistema previsional resista las iniciativas de gasto no financiadas. No relacionar dicho pedido con los proyectos votados por el Congreso para aumentar los haberes y descongelar el bono para la mínima que el jefe de Estado vetó y Diputados se apresta a anular en el recinto, suena inocente.
El siguiente ítem tiene que ver con los programas sociales, un ámbito que el presidente Milei se enorgullece en vociferar que recuperó poder adquisitivo durante su gestión. Sin embargo, el staff pide ser más estricto en la asignación de los programas a través, no ya de licuaciones como con las jubilaciones y pensiones, sino de «controles de elegibilidad mejorados para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH)». En pocas palabras, reducir dicho universo, hacerlo más pequeño. Menos beneficios a menos personas.
El tercer punto son los subsidios a la energía. El FMI especificó que Argentina deberá comprometerse a que las tarifas de electricidad «aumenten mensualmente a partir de junio de 2025 y continúen durante los próximos 30 meses». «Las autoridades reducirán los subsidios a la energía y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos», señala el documento. Esta progresión terminaría de revertir la ecuación 80/20 anterior (subsidio/consumidor), que en la actualidad es exactamente al revés (20/80) para llevarla a 100% a cargo del consumidor.
Sorprendió que el staff, además, reclamara la puesta en marcha de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que actualice los patrones de consumo y mejore la medición inflacionaria.
Kristalina Georgieva advierte. La directora gerente del Fondo insistió en prestar atención a la acumulación de reservas.
Foto: NA
Esas tasas son mías
Ahora bien, estas exigencias del FMI para garantizar la sostenibilidad de la deuda tienen como ancla la convalidación por parte del Tesoro de tasas altas. «Lo suficientemente altas como para atraer una demanda razonable de sus títulos», aclara el documento. Días antes del «consejo» del Fondo respecto a las tasas, el palacio de Hacienda ya había optado por esa estrategia para contener el dólar y mantener en línea la inflación, con las elecciones a la vuelta de la esquina. Con el salto del dólar del 13% en julio, el equipo económico convalidó un incremento de las tasas en las licitaciones de deuda que fueron desde el 30% al 65% anual. Poco parece importarle al Gobierno que la estrategia elegida eleve el costo de financiamiento (para empresas y ciudadanos) y desacelere aún más la actividad económica, que transita un amesetamiento desde mediados de 2024. Para muestra, baste una declaración en off. Dos importantes empresarios manufactureros pidieron una entrevista con Luis Caputo para conversar acerca de la situación del sector. Apenas comenzada la reunión, el ministro de Economía, suelto de cuerpo dijo: «A Javier no le importa la industria».
Mientras tanto, el mismísimo banco que en junio pasado recomendó a sus clientes deshacer sus posiciones en Argentina, salir del «carry trade», o «bicicleta financiera», lanzó un reciente informe en el que da marcha atrás y vuelve a recomendar esta estrategia. Con rendimientos nominales cercanos al 40%, las tasas volvieron a ser atractivas aunque con cierto riesgo si el tipo de cambio se desborda, repiensa el J.P Morgan. Para la conocida banca de negocios global la devaluación cercana al 20% desde el fin del cepo en abril mejoró el tipo de cambio real, lo que lo hizo más competitivo y, a su vez, reduce los riesgos de presión sobre el dólar. ¿Qué puede salir mal?
