17 de junio de 2024
El Gobierno nacional apura el diseño de un esquema tributario con nuevas pautas sobre subsidios, empresas estatales, programas sociales y sistema previsional.
BID en Washington. La entidad crediticia será la asesora del Gobierno en sostenibilidad fiscal.
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El Gobierno nacional requirió la asesoría del BID (Banco Interamericano de Desarrollo, entidad crediticia de habituales presupuestos teóricos neoliberales), a fin de impulsar reformas en un área clave para el funcionamiento de la macroeconomía argentina. La «cooperación técnica» en marcha apuntará, según acordaron funcionarios locales y del organismo, a apoyar la sostenibilidad fiscal de la nación y las provincias. A tales fines, los especialistas del banco formularán diagnósticos y propuestas específicas de reformas del sistema tributario, que corrijan el sesgo «distorsivo y antiproductivo» del esquema vigente.
En ese sentido, se alentarán desde el BID medidas para «aumentar la eficiencia de la gestión de ingresos y calidad del gasto» en materias tan relevantes como el empleo público, el diseño y alcance del sistema previsional y el funcionamiento de las empresas estatales. El organismo evaluará en ese contexto la «racionalización y focalización de subsidios» y los programas de asistencia social, de manera de hacerlos menos costosos y, según se proyecta, más eficaces, siempre de acuerdo con los modelos y paradigmas propiciados en Washington.
La asistencia inmediata del BID en la elaboración de los lineamientos a seguir será de 450.000 dólares y el diagnóstico resultante servirá para la preparación de un préstamo PBL (Policy-Based Lending). El monto de esta última operación aún no fue definido, pero ascendería a cientos de millones de dólares.
El BID toma nota de la crisis macroeconómica reflejada desde el año pasado en la menor actividad, el déficit presupuestario y la elevada inflación. Menciona además la insuficiencia de reservas monetarias y los «extraordinarios desafíos sociales asociados a la erosión de los salarios reales y al incremento de la pobreza». Recuerda luego que el país no cuenta con acceso a los mercados internacionales de capital y enfrenta, entre otros retos macroeconómicos, desequilibrios significativos en el balance del Banco Central. En la visión del organismo perduran «profundas distorsiones en el funcionamiento de los mercados y en precios relativos, que han degenerado en bajos niveles de productividad e inversión privada y alta informalidad laboral». A esos presuntos motivos atribuye que desde 2011 el PIB per cápita de Argentina haya caído un 11%, mientras el producto bruto total en términos reales se mantuvo prácticamente constante.
Para el BID, es un problema que el gasto público consolidado en el país pasara del 29% del PIB en 2002 al 42% en 2022, ya que «esto vino acompañado de un incremento en la presión tributaria consolidada», desde el 18% del PIB en 2002 al 28% en 2023. Esa carga, debido a la alta informalidad de la economía argentina, «es sostenida con dificultad por un sector formal que sufre con una estructura impositiva compleja y con numerosos instrumentos distorsivos», cuestiona el organismo.
Ante la situación, el BID respaldó las medidas de ajuste fiscal en el corto y mediano plazo, es decir, los anuncios de Casa Rosada de recortes de gastos por 2,9 puntos porcentuales del PIB y aumentos de ingresos por 2,3 puntos, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en 2024.
La consolidación fiscal, sostiene la información básica del proyecto, implica diversos desafíos en materia de política fiscal nacional y subnacional. Por eso, resulta necesario avanzar en el diseño de reformas estructurales efectivas y sostenibles sobre el sistema tributario y en la política fiscal, remarca el banco.
Urgencias
A solicitud del Gobierno argentino, teniendo en cuenta la urgencia de los análisis requeridos y las demoras en los tiempos nacionales de contratación, el Banco Interamericano actuará como agencia ejecutora de la cooperación. En cuanto a las propuestas de corrección de políticas, cabe esperar que se mantengan en la línea de recientes documentos, según los cuales la ineficiencia del gasto público local es récord en la región, en proporciones que superan el 7% del PIB. Esos recursos, sostiene el BID, se pierden básicamente por «filtraciones en transferencias», lo cual incluye a programas sociales, pensiones (contributivas y no contributivas) y subsidios a empresas, pero también abarca errores, fraudes y casos de corrupción. A esas vías de uso inadecuado de los recursos públicos los diagnósticos del banco añaden otras dos, referidos al supuestos malgasto en compras estatales y en remuneraciones a empleados.
Una idea sobre el tipo de transformaciones que se aconsejarán para el sistema tributario nacional surge de la nómina de «expertos» del BID que formularán las recomendaciones respectivas. En el equipo que liderará la tarea figura la argentina Carola Pessino, hoy economista principal de la División de Gestión Fiscal del banco. Formada en las ultraliberales universidades del CEMA (local) y de Chicago (EE.UU.), fue vicejefa del Gabinete de Ministros y miembro del Consejo Económico de Asesores del Ministro de Hacienda de Argentina entre 1996 y 1999. Esto es, durante el último tramo del gobierno menemista.
