Economía

Las medidas del cambio

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Los anuncios del ministro de Hacienda y Finanzas tienen como eje una nueva concepción de las relaciones económicas. Liberalización comercial, financiera y del valor del dólar.

 

Divisa norteamericana. Tras la eliminación de las restricciones cambiarias hubo escasas operaciones en la City porteña. (Jorge Aloy)

La filtración de cables diplomáticos de la Embajada de los EE.UU. reveló el pensamiento íntimo de muchas personalidades. Entre ellos, los Wikileaks dejaron entrever claras definiciones del actual presidente argentino. Por ejemplo, Mauricio Macri sostuvo: «Somos el primer partido promercado y pronegocios en cerca de 80 años de historia argentina que está listo para asumir el poder». El equipo económico designado resulta congruente con dicha declaración de principios, ya que los flamantes funcionarios adhieren sin fisuras a los postulados neoliberales, más allá de algunos matices. La composición del gabinete económico fue muy bien recibida por el establishtment. Por caso, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina –que representa a las entidades extranjeras–, Claudio Cesario, manifestó que «el equipo económico de Cambiemos se parece al Barcelona».
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, declaró, en contraste con opiniones anteriores, que «la Argentina está en buenas condiciones» y que «no hay urgencias». El funcionario agregó: «Nos dejan una herencia compleja pero no se compara con otros momentos del país». Las alusiones a la herencia recibida son un recurso discursivo que ningún gobierno se priva de utilizar, pero que poco sirve a la hora de rendir cuentas de la propia gestión. El macrismo se enfrenta a la hora de la verdad y la ciudadanía evaluará el gobierno en función de los resultados.
La hoja de ruta gubernamental incluiría devaluación, ajuste, endeudamiento y apertura comercial. La implementación de ese programa viene de la mano de una nueva manera de concebir las relaciones económicas internacionales. «La Argentina está aislada del mundo» fue una consigna central de la campaña electoral. Sin embargo, los datos duros desmienten esa idea: el intercambio comercial es superior al de la década de los 90, el país tuvo un destacado desempeño en foros internacionales, es integrante del Grupo de los 20, se intensificaron los lazos de integración latinoamericana y se obtuvo la vicepresidencia del GAFI Latino a partir de 2016, entre otras cuestiones. La declamada necesidad de «integrarse al mundo» es un eufemismo para promover una estrategia económica asentada en la liberalización comercial y financiera. Ese camino refuerza una especialización productiva y comercial centrada en productos primarios y manufacturas de recursos naturales.
Las declaraciones de Mauricio Macri en la ciudad de Pergamino, donde anunció la modificación en el esquema de retenciones,  apuntalan ese rumbo. El presidente manifestó: «Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo». El primer guiño al «campo» fue la eliminación de retenciones al trigo, maíz, sorgo, carne y pesca y la reducción de cinco puntos en la soja (del 35% al 30%).  La medida implica una importante transferencia de ingresos al sector agropecuario. Sin perjuicio de eso, los más favorecidos serán un núcleo reducido de productores y exportadores. La concentración productiva de las explotaciones sojeras es un dato conocido. El 50% de la soja es producido por 1.700 empresas/productores agropecuarios. En el caso del trigo es similar, ya que apenas el 7% de los productores concentran el 56% de la producción triguera.
El interrogante es ¿cómo cubrirá el Estado nacional el bache fiscal que provocará la eliminación/reducción de los derechos de exportación? La respuesta oficial es que la menor presión tributaria incrementará la producción y, por ende, la recaudación tributaria. Sin embargo, la experiencia reciente no avala esa postura. La producción triguera registró fuertes oscilaciones con la misma alícuota de retenciones (cosecha 2009/2010: 9 millones de toneladas; cosecha 2010/11: 15,8 millones; cosecha 2011/12: 14,5 millones; cosecha 2012/2013: 9 millones; cosecha 2014/15: 13,9 millones). El planteo oficial se apoya en lo que académicamente se conoce como curva de Laffer. La teoría sostiene que una elevada presión tributaria sofoca a los empresarios provocando disminución del ahorro y la inversión. La rebaja impositiva impulsará el crecimiento económico vía incremento del consumo e inversión. La curva fue el fundamento utilizado por Ronald Reagan para implementar una reforma tributaria regresiva en 1986. Ese año, el presidente estadounidense redujo las tasas marginales máximas del impuesto personal a la renta del 50% al 28% y el de las corporaciones del 46% al 38%. El resultado fue la generación de un fabuloso déficit fiscal. La reducción de las retenciones también fue una promesa de campaña de Daniel Scioli, pero a diferencia del actual presidente, sostenía la necesidad de mantener un precio del dólar más bajo. El economista Claudio Scaletta explica en su artículo «Siete años después», publicado en Página/12, que «no es lo mismo eliminar retenciones y mantener el dólar a 10 u 11 pesos, que eliminarlas y llevar el tipo de cambio a 15 o 16. En el primero de los casos se mejora la rentabilidad de los cultivos. En el último se duplica el beneficio para los exportadores. Dicho de otra manera, una cosa es eliminar retenciones para sostener un tipo de cambio asociado con determinada distribución del ingreso y otra muy distinta hacerlo para provocar una poderosa transferencia de renta hacia los exportadores». La eliminación de las retenciones implica una transferencia inmediata de ingresos del sector agroexportador, en función al stock retenido, cercana a los 60.000 millones de pesos.

 

Industria y endeudamiento
Por su parte, las primeras medidas en materia industrial (eliminación de derechos de exportación, de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), desmantelamiento del régimen de información de precios, producción y rentabilidad que debían cumplir las empresas ante la Secretaría de Comercio) fueron anunciadas en la Conferencia Industrial organizada por la UIA en Parque Norte. Macri precisó allí que «no va a haber más retención a la exportación industrial porque no corresponde, el mundo no regala nada. El incentivo es a la inversión y a la innovación. Sabemos que es solo el comienzo y que esto solo no alcanza». El presidente agregó que ese era el camino para «recuperar competitividad» y «premiar a quienes se animan a exportar». Las medidas recibieron el apoyo de los grupos industriales más poderosos y fueron miradas con recelo por las pequeñas y medianas empresas. Estas últimas temen que la eliminación de las DJAI, implementadas en 2012, las deje en un virtual estado de desprotección. Los sectores más preocupados son los relacionados con calzados, textiles y metalúrgicos. El único instrumento de regulación de las importaciones serán las Licencias No Automáticas (LNA), a partir del 1 de enero. Esa herramienta defensiva es limitada. Las LNA apenas cubrirán 1.000 posiciones arancelarias, de las 19.000 reguladas por el sistema anterior.
La eliminación de las restricciones cambiarias (mal llamadas «cepo») fue una de las promesas centrales de la alianza Cambiemos. El levantamiento de los controles (supresión del sistema de validación de la AFIP, percepciones a cuenta del Impuesto a las Ganancias para las compras en el exterior y ahorro) comenzó a regir el 17 de diciembre. La liberalización del mercado cambiario implica, en la práctica, una fuerte devaluación de la moneda doméstica. Este resultado está en línea con el objetivo de bajar la incidencia del salario en el costo empresario.
La medida fue anunciada luego de negociar una promesa de ingreso de divisas de sectores agroexportadores, bancos internacionales (HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citibank, Santander) y swaps con China. La única limitación establecida fue un tope mensual de 2 millones de dólares para atesoramiento. La liberalización del mercado cambiario incluye la rehabilitación del flujo irrestricto de dólares para los importadores. Las autoridades económicas indicaron que los importadores dispondrán de dos alternativas para cumplir con las deudas comerciales pendientes: acceder a las divisas de acuerdo con un cronograma preestablecido, o recibir títulos públicos para anticipar esos pagos. Según estimaciones de Prat Gay, los pagos pendientes por importaciones embarcadas rondan los 5.000 millones de dólares. El gobierno también flexibilizó los controles para el ingreso de capitales, vigentes desde 2005, para incentivar la oferta de dólares. Así, el requisito de permanencia se redujo a 120 días y se eliminó la obligación de mantener por un año un encaje no remunerado del 30%.
El equipo económico apuesta a que el ingreso de divisas alcance entre 15.000 y 25.000 millones de dólares, en las primeras cuatro semanas posteriores a los anuncios. Durante los primeros días, el mercado cambiario será abastecido por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. Ese sector se comprometió a liquidar 400 millones de dólares diarios en el transcurso de las primeras tres semanas. Las cifras retenidas por productores y exportadores varían según la fuente: 11.000 millones de dólares (Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP), 8.000 millones (Sociedad Rural) y 4.500 millones (Ricardo Buryaile, ministro de Agricultura).
Por otro lado, el equipo económico ya dio los primeros pasos para «volver a los mercados». Prat Gay se comunicó con el secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, mientras que el secretario de Finanzas –Luis Caputo– se reunió con el mediador Daniel Pollack, designado por el magistrado neoyorquino Thomas Griesa. En el encuentro, Caputo confirmó que el gobierno pretende iniciar rápidas negociaciones con los fondos buitre. Los primeros trascendidos indican que sería posible acordar alguna quita y plazos para el pago de la deuda. Sin perjuicio de esto, el gobierno necesitará remover algunos obstáculos legales. La Ley de Pago Soberano –sancionada el año pasado– impide convalidar una oferta más favorable que la recibida por el resto de los bonistas.
El nuevo equipo económico sostiene que el arreglo con los buitres despejaría el camino para tomar deuda a tasas reducidas en el mercado internacional.
La reinserción en los mercados financieros internacionales vendría de la mano del cumplimiento de las auditorias del Fondo Monetario Internacional previstas en la Cláusula IV del estatuto de ese organismo multilateral.

Diego Rubinzal