13 de noviembre de 2014
Impulsan la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para adaptar el régimen de licencias a los nuevos vínculos familiares. Cambios en políticas sobre cuidado a niños, discapacitados y mayores.
Paradigma de la seguridad social. Se plantean giros en las orientaciones tradicionales, en particular en la conciliación de funciones familiares y responsabilidades laborales. (cij.gov.ar)
Las «reformas laborales», entendidas como supresión de conquistas y derechos de los trabajadores, forman parte del programa de viejos y nuevos dirigentes neoliberales. La fracasada experiencia argentina de los años 90 no impide que patronales retrógradas y sus representantes políticos mantengan aún planes de ese cuño, ahora disfrazados de «estímulos» para la atracción de inversiones privadas. Sin embargo, contra esos intentos espurios de mejora de competitividad en claro detrimento de las condiciones de trabajo, se van instalando en la agenda pública iniciativas de sentido opuesto, atravesadas por perspectivas progresistas y con enfoque de género.
En distintas instancias gubernamentales, o bien desde la academia, entidades gremiales y organismos multilaterales (la OIT, Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo), se plantean giros en las orientaciones tradicionales. Especialmente en lo que respecta a la conciliación de funciones familiares y responsabilidades laborales, y a la incorporación de los cuidados en condiciones de equidad, como un componente más del sistema de protección social.
Licencias
Un dato relevante de las nuevas tendencias fue aportado semanas atrás por la CTA de los Trabajadores, al presentar un proyecto de modificación de la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar las licencias por maternidad. La iniciativa promueve extender el período correspondiente de 90 a 120 días, y de los días actuales a 15 para la pareja, por nacimiento, además de equiparar esos plazos para casos de adopción. El paquete de medidas propuesto incluye además 30 días al año de licencia para acompañar a personas enfermas (hijos, padres, pareja); y 20 días más por otros motivos, como reuniones en la escuela y cuestiones vinculadas con la crianza de los hijos. Las modificaciones, según detalló Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, apuntan a fomentar las responsabilidades familiares compartidas referidas al cuidado de hijos, personas enfermas o adultos mayores en los hogares. «Estos deben dejar de ser temas que se resuelven de manera individual –un asunto de las mujeres, históricamente– para ser parte de las políticas públicas, una responsabilidad social y también, una tarea de los varones», sostuvo la dirigente.
El impulso al cambio en estas materias no es solo de la Central, ya que la propuesta cuenta con el respaldo de diputadas y diputados del oficialismo y de organizaciones sociales, universitarias y políticas, que forman parte de una campaña nacional en marcha para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de la reforma. Entre otros puntos relevantes, la iniciativa añade 30 días a la licencia por maternidad (hasta 150) en casos de nacimiento múltiple, y extiende el permiso por otros 60 días (hasta 180) luego de los tres primeros años de vigencia de la normativa, con la salvedad de que podrían ser elegidos por cualquier integrante de la pareja. La CTA prevé asimismo que la licencia por paternidad se eleve a 30 días, luego que la futura ley cumpla tres años, y contempla en casos de adopción que se pueda decidir qué miembro de la pareja se toma el permiso, o bien compartirlo. Otro punto incluye un período de 20 días para tratamientos de reproducción asistida y permisos especiales para el o la acompañante.
El proyecto extiende la protección a los trabajadores varones contra el despido cuando nace un hijo, equipara todos los derechos a las parejas del mismo sexo y establece que los trabajadores continuarán percibiendo aportes previsionales durante las licencias de cuidado (en muchos convenios actuales no se computa el tiempo de licencia por maternidad).
También dispone que los lugares de trabajo con más de 30 empleados –indistintamente de su sexo– deberán habilitar centros de cuidado infantil para hijos e hijas de las y los trabajadores. Y en los casos de nóminas más reducidas, se les deberá pagar una suma que les permita contratar esos servicios.
Innovaciones
Entre otras innovaciones previstas por el proyecto de la CTA figura la propuesta de habilitar salas de lactancia o alimentación en el lugar de trabajo, de modo que no solo las madres que amamanten puedan usarlas, sino también los padres que tengan que dar mamaderas.
Un aspecto adicional incluido en la reforma propiciada es el referido a una licencia especial por violencia de género, de 30 días, con posibilidad de extenderla por un período similar si es necesario. Se busca así evitar que quienes sufren esta problemática tengan que justificar las ausencias con certificados de enfermedades o carpetas psiquiátricas, que terminan a veces perjudicando a las víctimas, cuando son utilizadas por el agresor para intentar quitarle la tenencia de los hijos, por ejemplo. Como antecedente, este tipo de licencia ya se aprobó en las paritarias docentes de las provincias de Chubut y Santa Fe, y es impulsada desde la Ctera y la CTA en el resto del país.
Los nuevos paradigmas de la seguridad social reconocen hitos como la creación, hace cinco años, de la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego extendida a la situación de embarazo; o las moratorias previsionales, la última aún en curso, para universalizar la cobertura jubilatoria.
El margen para avanzar en el reconocimiento de derechos, con todo, es bien amplio, como lo señala un documento de la oficina local de la OIT que alude a la necesidad de apoyos al cuidado de niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, a través de coberturas en la seguridad económica, mecanismos y servicios específicos. La autora del trabajo, Carina Lupica, incluye en su análisis las condiciones de empleo de las trabajadoras de casas particulares y de los cuidadores domiciliarios, el rol de los docentes de educación inicial y de los empleados en estas tareas en organizaciones sociales y comunitarias.
La experta, también directora de la Fundación Observatorio de la Maternidad, destaca la necesidad de adecuar la legislación laboral, con el fin de involucrar a los hombres en los cuidados; incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios; y cimentar las bases para el cambio cultural a favor de alcanzar la corresponsabilidad pública y social de los cuidados. «Incluir el derecho al cuidado como un componente del sistema de protección social –dice Lupica– implica adaptar el pacto social y fiscal, para reorganizar la distribución social del cuidado entre el Estado, el mercado y la sociedad. Se suscitará así un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres en el interior de los hogares y se promoverán servicios de cuidados de calidad». Según la consultora de la OIT, la protección requerida supone permisos laborales, para que quienes trabajan de forma remunerada puedan cuidar a sus familias; transferencias monetarias para ayudar económicamente a las familias de las personas que requieren cuidados; y servicios de atención directa de los cuidados. Esto último, señala, «representa una oportunidad importante para formalizar empleos ya existentes y para generar nuevos puestos de trabajo, ya que se trata de tareas intensivas en mano de obra».
Otra especialista en la materia, Valeria Esquivel (de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Conicet), advierte que la «economía del cuidado» contribuye a abrir el debate sobre las políticas sociales, laborales y económicas desde una perspectiva complementaria, tanto desde la mirada de la protección social como de los análisis sobre los impactos de género de las políticas económicas. Esquivel destaca al respecto el creciente consenso «hacia la necesaria redistribución de una porción de los cuidados provistos por las familias hacia la esfera pública, y hacia un rol más preponderante del Estado en su provisión».
En cualquier caso, está claro que –además de la atención hacia viejos problemas estructurales, como el trabajo informal o la tercerización– son factibles reformas en el ámbito laboral, orientadas a mejorar la inserción de las mujeres, evitar situaciones de discriminación y alentar cambios culturales dirigidos a hacer visible la interrelación entre trabajo y familia. Si bien se presentaron en el pasado diversos proyectos con similar orientación, sin mayor éxito, la expectativa esta vez (fundada) es lograr una sanción parlamentaria que permita cubrir las insuficiencias de la normativa laboral, que no han podido corregir pese a la fuerte dinámica que tuvo la negociación colectiva obrero-patronal desde 2003.
—Daniel Víctor Sosa
