20 de marzo de 2013
El estructural saldo comercial negativo del sector autopartista y automotor como consecuencia de la estrategia global de las terminales multinacionales. Agro: la cosecha que viene.
Producción argentina. Las empresas transnacionales del sector, líderes de la cadena mundial de valor, no tienen ningún interés en iniciar un proceso sustitutivo local. (Martín Acosta)
La sustitución de importaciones es uno de los objetivos explícitos de la política económica argentina. El elevado déficit comercial energético y automotor permite visibilizar dos sectores donde esa tarea resulta imprescindible.
La nacionalización de YPF se impuso como una de las condiciones necesarias para avanzar en el terreno energético. Sin embargo, el sector automotor (terminales y autopartistas) es uno de los mayores demandantes netos de divisas. El estructural saldo comercial negativo es el resultado de la estrategia global de las terminales multinacionales, que consiste en concentrar sus actividades más rentables (diseño, investigación y desarrollo, comercialización) en las casas matrices y/o en las filiales más importantes. Esto explica, entre otras cuestiones, la escasa integración nacional de autopartes de los vehículos fabricados en el país.
La Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) difundió que las importaciones de autopartes llegaron a los 12.300 millones de dólares en 2012. Por su lado, las exportaciones ascendieron a 2.819 millones de dólares. El saldo comercial negativo (9.481 millones de dólares) resulta un 5,2% inferior del registrado en 2011. «Ese déficit triplica por demás el registrado en el sector energético en 2012 (2.803 millones de dólares), lo cual da una idea de su relevancia en el comercio exterior argentino», señala el informe del IES. Los números revelan, más allá de alguna discrepancia, que las importaciones vienen creciendo a un mayor ritmo que las exportaciones.
El Régimen Automotor argentino, instituido por el decreto 2677/91, estableció las reglas de juego para el desarrollo sectorial. Esa norma dispuso que los vehículos fabricados en la Argentina gozarían del libre acceso al mercado brasileño con arancel cero (y viceversa) en el marco de un comercio administrado. La condición era que esas importaciones debían mantener una cierta relación con el valor de las exportaciones. El régimen también preveía que los vehículos debían contar con un contenido mínimo de autopartes locales del 60%. Esas exigencias se irían flexibilizando.
La socióloga Diana Schvarztein señala en «Desarrollo industrial automotor local: un estudio de las empresas de autopartes de la Argentina» (revista Realidad económica 271) que el objetivo del régimen promocional era «que los vehículos y sus componentes fueran fabricados en escalas eficientes, con estándares de calidad y precios internacionalmente competitivos, para lograr ser accesibles al consumo nacional y también acceder a la inserción del sector en el mercado internacional». Sin embargo, la radicación de nuevas terminales automotrices (como la de General Motors, Fiat y Toyota) provocó escasos derrames tecnológicos sobre el entramado productivo local debido al predominio de los insumos importados.
La estrategia oficial apunta a revertir ese cuadro de situación mediante un impulso a la actividad autopartista doméstica. En ese sentido, el decreto 774/05 estableció un reintegro sobre el valor de las compras de las autopartes locales destinadas a la producción. Ese beneficio se sumó a las ventajas derivadas del régimen de incentivo a las compras de autopartes nacionales dispuestas por el decreto 778 de 2001. La ley 26393/08 de Desarrollo y Consolidación del Sector Autopartista Nacional dispuso una serie de incentivos tendientes a fomentar la producción local de autopartes, de motores y cajas de transmisión y promover una mayor integración nacional. Las renegociaciones periódicas del Pacto Automotor Común (PAC), vigente con Brasil, completan el cuadro de herramientas utilizadas para fomentar la promoción del desarrollo sectorial.
El persistente déficit automotor revela la necesidad de profundizar la sustitución de importaciones. Las empresas trasnacionales no muestran demasiado interés en llevar adelante un proceso sustitutivo. Juan Santarcángelo y Germán Pinazo en «La Reindustrialización en la postconvertibilidad: el sector automotor» (Realidad económica 247) sostienen que «en el país no existe ni la capacidad tecnológica, ni la escala, ni fundamentalmente el interés por parte de los “líderes” en la cadena mundial de valor como para iniciar un proceso sustitutivo local».
Perspectiva agropecuaria
La invitación al diálogo del ministro de Agricultura fue rechazada por la dirigencia agropecuaria. Los ruralistas objetaron que se invitara por separado a las cuatro entidades –Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y la Federación Agraria Argentina (FAA)–. Los dirigentes sostuvieron que el único interlocutor válido continúa siendo la Mesa de Enlace y que «la convocatoria realizada por el ministro Norberto Yauhar al pedido de audiencia requerido por la Comisión de Enlace llega en forma demorada y en pleno proceso deliberativo de asambleas de productores en cada una de la regiones productivas de nuestro país. Por lo tanto, es necesario que se prorrogue cualquier reunión hasta tanto concluya este período de consultas», concluye el comunicado emitido por la Mesa de Enlace.
El cronograma de las asambleas se extiende hasta el 10 de abril. Los temas tratados incluyen desde la exigencia de un cambio de rumbo en la política oficial agropecuaria hasta el rechazo a una serie de medidas puntuales implementadas en los últimos meses (como la recuperación estatal del predio palermitano de la Sociedad Rural, la eliminación de los formularios de inscripción de operaciones granarias –que reportaba 10 millones de pesos anuales a la Federación Agraria–, la disolución del ex Renatre manejado por el sindicalista Gerónimo Momo Venegas). El rechazo del convite ministerial provocó un revuelo en las filas de la Federación Agraria, ya que la mayoría de los federados había decidido, en la última reunión del Consejo Directivo, aceptar la invitación de Yauhar. La agrupación interna «El grito de Alcorta» difundió un documento promoviendo el tendido de puentes de diálogo con el Gobierno y un conjunto de propuestas (como la implementación de un impuesto al latifundio, control de precios a los insumos agrarios) alejadas de la agenda impuesta por Eduardo Buzzi. Pedro Peretti –uno de los directores de la Federación Agraria opuestos al actual presidente– recordó que el impuesto al latifundio es uno de los reclamos históricos de la entidad. Sin embargo, las discusiones intestinas no alcanzan a modificar el rumbo de la Federación.
Las declaraciones de Buzzi deslizando la posibilidad de convocar a un lockout sojero dan cuenta del predominio de un discurso confrontativo. La iniciativa de retener la cosecha de soja fue respaldada por el presidente de la Sociedad Rural, el entrerriano Luis Etchevehere. Por el contrario, el titular de Coninagro, Carlos Garetto, sostuvo que «el que propone no vender soja por un mes no vive del campo».
Silos bolsas. Dos millones de toneladas de soja están en manos de los productores. (Diego Giudice)
Etchevehere sostuvo además que «el campo genera un tercio de la mano de obra que hay en el país y nos sentimos completamente relegados de las políticas oficiales y atacados». Los economistas Andrés Asiain y Lorena Putero difieren con ese diagnóstico y precisan que «el valor de la producción agrícola y ganadera argentina representa alrededor del 10% del valor del Producto, y tan sólo el 5%, si se lo mide con los precios relativos de los años 90. Los trabajadores asalariados del sector primario son unos 467.000, es decir, poco más del 3% de los asalariados del país. La gran rentabilidad del sector, que se manifiesta en la valorización de los campos (la hectárea de la zona núcleo pasó de 3.000 a 16.000 dólares entre 2003 y 2012), no se manifiesta de la misma manera en el bolsillo del peón».
Las estimaciones acerca de cuáles serán los números finales de la cosecha 2012/2013 continúa siendo materia de controversia. El Ministerio de Agricultura estimó inicialmente que la cosecha de soja alcanzaría los 56 millones de toneladas. El déficit hídrico provocado por la falta de lluvias en algunas regiones obligó a revisar ese cálculo optimista. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos rebajó las previsiones a 52 millones y la Bolsa de Comercio de Rosario a 48 millones. El informe de la Bolsa rosarina señaló la existencia de «una importante reducción de más de un millón de toneladas en el NOA, especialmente en la provincia de Salta, donde la sequía impactó fuertemente y por segundo año consecutivo». En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sostiene que las lluvias de la segunda quincena de febrero ayudarían a que la cosecha se ubique por arriba de los 50 millones de toneladas. Las últimas estimaciones de los técnicos del Ministerio de Agricultura coinciden en ese pronóstico. Lo que está fuera de discusión es que el resultado será muy superior a los casi 40 millones de toneladas de soja de la campaña anterior.
Por su parte, el secretario de Comercio reclamó a los exportadores la liquidación del stock remanente de la cosecha anterior. El pedido de Guillermo Moreno apunta a que el ingreso de dólares alivie las tensiones en el frente cambiario. Las fuentes del sector estiman que todavía existen 2 millones de toneladas de soja en poder de los productores y 850.000 toneladas de harina de soja en poder de las industrias aceiteras. El presidente del Cámara de Industrias Aceiteras y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Alberto Rodríguez, declaró que la totalidad de la harina de soja sería embarcada en las próximas semanas.
—Diego Rubinzal
