28 de agosto de 2014
Las medidas oficiales destinadas a fortalecer la defensa de los consumidores y regular actividades económicas despertó rechazos de las cámaras empresarias más poderosas. Apoyo de las pymes.
Grupo de los 6. Industriales, construcción, comercio, banqueros, la Rural y la Bolsa unidos contra la iniciativa del Gobierno nacional. (DYN)
El proyecto de ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo recalentó la disputa entre el Gobierno nacional y la cúpula empresaria. La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas destinadas a empoderar a los consumidores, que incluye la creación de un fuero del consumidor que resuelva expeditivamente los conflictos entre consumidores y empresas, una instancia de mediación obligatoria y la creación de un observatorio de precios de toda la cadena de valor. Las críticas empresarias se concentraron en la proyectada reforma a la Ley de Abastecimiento.
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, expresó su desacuerdo con la iniciativa: «Estamos más cerca de Venezuela, se van a empezar a rajar los empresarios. Debe haber Ley de Abastecimiento, nadie pone en discusión la administración de los precios, pero hay artículos que se meten en la rentabilidad, en lo que podés producir o no. Esta ley profundiza el sesgo ideológico». La acusación de «chavismo» fue repetida por diversos medios dedicados a la divulgación de información económica. Esas manifestaciones fueron precedidas por reclamos devaluatorios por parte del titular de la UIA, Héctor Méndez, quien sostuvo que «posiblemente» el Gobierno tendría que devaluar porque el sector productivo no puede «exportar ni un caramelo». El dirigente industrial agregó que «la queja oficial es que no hay inversiones, y no las hay porque la situación macroeconómica no lo permite. Usted ingresa dólares a 8 pesos, el dólar está subvaluado, debería costar 10 u 11 pesos». Por el contrario, el secretario general de la UIA y diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, expresó que «no estamos pidiendo la devaluación». Lo cierto es que las presiones para un «retoque» del tipo de cambio oficial están a la orden del día. Por el momento el Gobierno descarta ese camino y advierte que están dadas todas las condiciones para que los empresarios inviertan. El ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que «para los problemas reales hay que tener propuestas, y para las dificultades inventadas, hay que ir a un psicólogo».
La mayoría de la dirigencia opositora acompañó las críticas al proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento. Las declaraciones más sorpresivas fueron las del líder socialista Hermes Binner. El ex gobernador santafesino señaló que «la iniciativa es un disparate» y que «todavía creemos en la mano invisible del mercado, porque en definitiva el paso de la historia sigue siempre presente como forma de evolucionar y de arreglar las cuestiones». Esa alusión a la célebre fórmula de Adam Smith generó cierto revuelo interno, aunque esas disidencias se ventilaron puertas adentro del partido.
Los principales dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Cámara Argentina de la Construcción, también manifestaron su desacuerdo con la iniciativa oficial.
La férrea oposición de las cámaras patronales es importante pero dista de ser unánime. El vicepresidente de la Asociación de Indsutriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y vocal de la UIA, Juan Carlos Lascurain, se preocupó por destacar las políticas anticíclicas del Gobierno nacional. A su vez, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) respaldó el proyecto oficial.
La iniciativa apunta a reforzar los controles sobre la cadena de comercialización de bienes y servicios imprescindibles ya que «resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica, que promueve un marcado abuso de posición dominante por parte de grupos económicos concentrados».
Así, el proyecto de ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo permite fijar márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales, entre otras cuestiones. Esas propuestas están en línea con el discurso pronunciado por la Presidenta en el acto de asunción de su segundo mandato. En esa ocasión, Cristina Fernández anunció que «vamos a ir empresa por empresa, actividad por actividad. El gran desafío que vamos a tener en esta etapa es mejorar la competitividad, que no pasa ni por el club de los devaluadores ni por el club de los endeudadores, que pasa por el club de los que queremos generar mayor valor agregado, mayor innovación, mayor ciencia y tecnología… También la competitividad exigirá que examinemos en forma conjunta utilidades y rentabilidades para hacerlas acorde con los estándares internacionales».
La mayoría de esas facultades no tienen nada de novedosas porque ya están incorporadas a la vigente Ley de Abastecimiento. Esa norma fue sancionada durante el tercer gobierno peronista en 1974 con el objetivo explícito de combatir el agio y la especulación de grandes empresarios y comerciantes. En ese momento, la Ley de Abastecimiento también fue muy resistida por la cúpula empresaria. El diario La Prensa, vocero de ese sector, sostuvo entonces que era «de extremo a extremo violatoria de la Constitución» y que se corría el peligro de retornar a la corrupción y abusos a que dieron lugar «los procedimientos similares que se siguieron entre los años 1946 y 1955».
La aplicación de la ley fue suspendida, en noviembre de 1991, por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, porque sus disposiciones no se compadecían con «el afianzamiento de la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado». El Decreto 722/99 reestableció su vigencia al declarar el «estado de emergencia de abastecimiento».
Ahora, el proyecto de reforma no incorpora mayores instrumentos regulatorios que los ya disponibles. La iniciativa del PEN incluso suprime aspectos cuestionables de la normativa vigente (penas de cárcel para los infractores, intervención de empresas, expropiaciones, suspensión de patentes).
El interrogante es, en ese contexto, ¿por qué el rechazo empresario es tan virulento? La respuesta podría ser que la aplicación de la Ley de Abastecimiento vigente se ve dificultada por algunos cuestionamientos judiciales. La sanción de una nueva ley dotaría al Estado una mayor legitimidad regulatoria. Ese fortalecimiento de la capacidad estatal es la que genera urticaria en la cúpula empresaria.
En ese sentido, el presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, señaló que la iniciativa «resulta claramente inconstitucional, en razón de que viola varios de los artículos de la Carta Magna». La posible interpretación judicial de ese planteo es toda una incógnita pero la última reforma constitucional incorporó la protección de los derechos del consumidor en su artículo 42.
Con respaldo
Por otra parte, las difíciles relaciones entre el Gobierno nacional y algunas asociaciones de defensa del consumidor parecen haber mejorado en los últimos meses. El clímax del enfrentamiento fue cuando el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, multó a asociaciones y consultoras por difundir índices de precios alternativos. El conflicto continuó escalando al suspenderse preventivamente, de su inscripción al Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, a la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), representada por Sandra González, a la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), de Fernando Blanco Muiño, y a Consumidores Libres, entidad comandada por Héctor Polino.
La recomposición de las relaciones tuvo su primer capítulo a comienzos de año. En esa oportunidad, el secretario de Comercio, Augusto Costa, recibió a una veintena de asociaciones (entre ellas, las tres sancionadas) para coordinar el monitoreo del programa Precios Cuidados. A comienzos de agosto, trascendió que la secretaría decidió levantar la suspensión que pesaba sobre esas entidades de consumidores. En ese marco, el ex diputado socialista Héctor Polino manifestó su apoyo a la última batería de medidas impulsada por el Poder Ejecutivo. Polino calificó como muy positiva la creación de un fuero especial y el incremento de las multas previstas en la actual Ley de Abastecimiento. El máximo referente de Consumidores Libres reclamó que la iniciativa «se apruebe rápido en el Congreso».
—Diego Rubinzal
