En el gobierno nacional cobra impulso una estrategia que combina acciones y discursos tendientes a crear un clima favorable a futuras modificaciones legislativas proempresariales. El caso brasileño. Mitos sobre la Asignación Universal por Hijo.
9 de agosto de 2017
Ministerio de trabajo. El borrador ya circula por los despachos de la cartera. (DYN)
El gobierno nacional viene preparando el terreno para la reforma laboral. La estrategia oficial combina acciones y discursos tendientes a crear un clima favorable a modificaciones normativas pro-empresariales. La obsesión de Mauricio Macri por el tema es antigua. En la década del 90, el actual presidente sentenció que «en el país hay que reducir los costos, y los salarios son un costo más», en una recordada entrevista con Bernardo Neustadt.
Este año, el presidente sostuvo que «la Justicia laboral debe ser más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte» (en alusión a los trabajadores) porque eso «desalienta inversiones». En ese marco, el Ministerio de Educación de la Nación remitió manuales de texto a estudiantes primarios porteños que denostaban el derecho a huelga. Los libros contienen una historieta en donde un hombre (vestido con elegante traje) comenta a un obrero: «La protesta que paralizó la actividad en las Cámaras de Diputados y Senadores es inadmisible». El trabajador contesta: «Tenemos derecho de reclamar, protestar y manifestar por las reivindicaciones que consideramos pertinente». «El ejercicio de esos derechos debe realizarse respetando la legalidad y los derechos de los demás ciudadanos», alecciona el hombre de traje.
A la baja
La falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el fuerte conflicto en la provincia de Buenos Aires formaron parte de esa estrategia. La ofensiva contra los docentes fue comandada por el presidente de la Nación cuando apuntó directamente contra el dirigente Roberto Baradel en su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa de este año. A eso se suma, además, la embestida contra los jueces laborales que no fallan en línea con las pretensiones oficiales. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo reclamó la destitución de los camaristas laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que avalaron el aumento salarial de los trabajadores bancarios. La cartera laboral llegó a pedirle al Consejo de la Magistratura que revisara los muros de Facebook de los jueces. Gibert manifestó que «nunca había visto algo así» en sus años de magistrado a pesar de que muchas veces firmó sentencias que no eran del agrado de otros gobiernos. «Hay una policía de pensamiento», acusó el camarista.
«La mafia de los juicios laborales» se transformó en otro caballito de batalla del oficialismo. El presidente afirmó que los abogados laboralistas «convencen a los trabajadores de hacer un juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos…Este grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría, con un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Héctor Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina». En esa línea, la Alianza Cambiemos impulsa revisiones (a la baja) de los derechos laborales tal como se acordó con los trabajadores hidrocarburíferos no convencionales. En tanto, la automotriz Volkswagen redujo de 45 minutos a media hora el plazo para ir al comedor y de 25 a 15 minutos el tiempo de recreación que gozaban los trabajadores.
La implementación de una profunda reforma laboral es el verdadero objetivo de esa avanzada antisindical. El oficialismo está convencido que tendrá margen para hacerlo después de las elecciones de octubre. Mientras tanto, el macrismo acumula apoyos externos para encarar esa tarea. A los habituales avales recibidos de las instituciones financieras internacionales se sumó un pronunciamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese organismo divulgó un informe en el que pidió, entre otras cosas, una urgente flexibilización del mercado laboral. La OCDE también reclamó una racionalización del empleo público, eufemismo al que son afectos esas instituciones para no mencionar la palabra despidos.
El espejo del vecino
La otra «ayuda» provino del lado del gigante verdeamarelo, donde el desacreditado mandatario Michel Temer logró imponer una regresiva reforma laboral. En ese contexto, el macrismo plantea la necesidad de alinear la legislación interna porque si no la Argentina perdería competitividad con su principal socio comercial. El sesgo empresarial del proyecto aprobado en Brasil es tan evidente que nadie niega que fue redactado por las principales entidades patronales: la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA). Los abogados laboralistas brasileños sostienen que la nueva normativa sepulta la mayoría de los derechos consagrados en las Leyes del Trabajo (CLT) impulsadas en 1943 por Getulio Vargas. Entre las modificaciones realizadas se establece que los acuerdos por empresa prevalecen sobre la ley, las vacaciones se pueden fraccionar en tres tramos, autoriza la figura del «trabajador itinerante» quien cobra salarios por horas o días trabajados, flexibiliza los controles de los trabajos insalubres, elimina la «contribución sindical obligatoria», que descontaba un día de trabajo anual para la financiación de la tarea gremial, entre otras.
El ministro de Trabajo argentino, Jorge Triaca, intentó relativizar el vínculo entre la brutal reforma brasileña y la proyectada por el gobierno local. «Lo que ocurre en Brasil no necesariamente es espejo para la Argentina», dijo. Sin embargo, no pudo con su genio neoliberal y aclaró: «Tenemos que subir la vara, no bajarla. Subir la vara significa dejar de lado muchos privilegios».