13 de abril de 2015
Funcionarios y expertos coinciden en los retos pendientes para asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud. Refuerzo del sistema estatal y abandono del paradigma neoliberal.
En enero de 2006, al inicio de su primer mandato presidencial, Evo Morales definió entre sus ejes políticos, la «soberanía sanitaria». Por entonces, más del 20% del total del gasto en salud en Bolivia provenía de diferentes formas de cooperación externa. El territorio boliviano mismo había sido dividido en parcelas entregadas bajo la tutela de diferentes organizaciones no gubernamentales (Ong), cooperaciones bilaterales y organismos internacionales. Tras varios años del neoliberalismo más crudo, Bolivia había cedido en gran parte la atención de un derecho básico de la población. Como en Bolivia, la mercantilización de la salud fue también en nuestro país, hasta no hace tanto, el paradigma central. Y ese enfoque aún está lejos de ser desmontado, pese a los avances de las prestaciones estatales que comenzaron en 2003.
La realidad incontrastable marca que, debido a la creciente complejidad del sistema y a la demora en reformas de fondo, se observa una «falta de accesibilidad equitativa a los servicios de salud por parte de millones de argentinos», según reconoce el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán. El funcionario alienta, en este sentido, un sistema con escaso mercado y un aparato público proveedor y financiador muy desarrollado. «Cualquier proceso de reforma tendiente a la justicia social debería tener su correspondencia en el plano sanitario», resume.
El caso –advierte José Carlos Escudero, profesor de las universidades nacionales de la Plata (UNLP) y Luján (UNLu)– es que «en la salud colectiva, el capitalismo ha encontrado hoy un área central de acumulación económica, algo así como lo fue el desarrollo de los ferrocarriles en la segunda mitad del siglo XIX, pero vendiendo ahora unas mercancías que son defectuosas o innecesariamente costosas, como ciertos medicamentos, ciertos métodos de diagnóstico y tratamiento, ciertas estrategias de prevención o atención de enfermedades. La salud es hoy para el capitalismo la garantía de una ganancia superior a la existente en otras áreas de la economía». Es así como «para el capitalismo es anómalo que un bien tan deseado como la salud pueda ser satisfecho (si las medidas que se toman son sensatas) gastando tan poco dinero».
Para el experto, Cuba es el mejor ejemplo mundial de reducido gasto en salud y excelentes resultados. «La salud sensata debe ser conducida por el Estado en su doble papel de regulador y prestador de servicios, no por una sumatoria de Ong. Esta salud debe ser participativa y contenedora, y al capitalismo ninguna de estas cosas le conviene», señala Escudero.
«La tendencia de ofrecer una salud cada vez más conveniente al capitalismo, por más ineficiente o injusta que esta sea, es creciente en todo el mundo», continúa el profesor. Y agrega: «El gasto en salud (privado o encauzado por lo privado) aumenta, especialmente en medicamentos, que es el más fácilmente reducible o racionalizable si la correlación política de fuerzas en los diferentes países fuera más favorable a la justicia social».
La Argentina mantiene un curso diferenciado del Primer Mundo, donde crecen la inequidad y la pobreza, con la consiguiente dificultad de recibir atención de salud y el aumento en la prevalencia de decenas de enfermedades somáticas. Pero las presiones para reinstalar el modelo privatista «van a mantenerse y quizás agudizarse», alerta Escudero.
También las sociólogas y profesoras de la UNLu, Graciela Cohen y Florencia Cendali, ven peligros en este frente. «La salud de la población no puede quedar en manos de quienes lucran, sino que es responsabilidad del Estado. Solo así se podrá comprender el proceso salud-enfermedad como proceso social, y formar una conciencia sanitaria popular», sostienen.
«La desconcentración, descentralización y privatización –diagnostican las académicas– fueron medidas que debilitaron la salud y la transformaron en un bien mercantil capaz de ser ofertado, demandado, vendido, comprado. La confianza excesiva en el papel del mercado conllevó una visión restringida sobre el rol del Estado, asignándole una función residual». En este sentido, las analistas observan «escasos o lentos avances, cuando no contradictorios», en el acceso de toda la población, a partir de «políticas focalizadas, selectivas y mercantiles, tal como sucede en el mercado de medicamentos, vacunas e insumos médicos».
Variables
El bienestar de la población no solo depende de cuestiones biológico-genéticas, sino de aspectos tales como la pobreza, la desigualdad, la alimentación, el empleo, la educación y la vivienda, entre otros. Estos determinantes sociales de la salud y la enfermedad hacen hincapié en la posición socioeconómica, la estructura y la clase social y, a la vez, en algunos elementos materiales, como las condiciones de vida y de trabajo.
Para la salud colectiva –señalan Cohen y Cendali–, se requiere un abordaje multi disciplinario, saberes que no solo piensen el cuerpo biológico y la solución a través de «remedios-medicamentos» para cada patología, sino que hagan eje en los «remedios-recursos estructurales». De allí la relevancia de los avances en la erradicación de la pobreza; la instalación de redes de agua potable y cloacas domiciliarias; las viviendas sin hacinamiento; una mejor alimentación; buenas condiciones laborales; ingreso salarial mínimo; jubilaciones y pensiones, entre otros determinantes que optimizan el nivel de vida. Sin desconocer el impacto de los avances que el Gobierno nacional ha puesto en marcha para incrementar el acceso a servicios básicos de gran parte de la población hasta hace poco tiempo excluida, las sociólogas cuestionan la demora en la formulación de políticas de salud universales, y aseguran que «el establishment neoliberal, individualista y consumidor se perpetúa en esta área de seguridad social». Para las especialistas, «se confirma la dificultad –a mediano plazo– de reconstruir un modelo nacional de salud solidario que posea una concepción nacional y popular, esto significa que la salud sea parte de este proyecto, donde se recupere el rol del Estado, se fortalezca el sistema público y no se lo piense para la enfermedad».
El ministro Gollán coincide en la necesidad de desarrollar acciones capaces de «mejorar sensiblemente» la provisión de salud a la población. Propone en este sentido programas de terminalidad educativa para mujeres en edad fértil; capacitación laboral a poblaciones con consumos problemáticos; modificación de las currículas universitarias; erradicación de viviendas ranchos, entre otras medidas, como parte de una propuesta sectorial que incluya a otras áreas de gobierno.
«El debate consiste –señala Gollán– en establecer si vamos a continuar aplicando el 93% de los recursos disponibles para la curación y solo el 7% para la preservación de la salud, cuyas acciones se llevan a cabo mayoritariamente en el primer nivel». Se requiere además modificar la percepción sustancialmente curativa que la población tiene de la salud; mudar la formación cientificista de las instituciones formadoras de los agentes de salud; trocar el marco jurídico-legal que la regula; y, fundamentalmente, «transformar la estructura de intereses económicos que se ha desarrollado a su alrededor».
Gollán impulsa además un cambio de perspectiva que privilegie la idea de preservación de la salud sobre la curación, pero advierte que «la conveniencia de aplicar acciones sanitarias sencillas y masivas que evitan millones de enfermedades, sobre las tecnologías ultrasofisticadas que resuelven pocos casos, no se consigue sino a través de cambios culturales que demandan años o décadas».
«Sostenemos al Sistema Público de Salud como el bastión principal del sistema en la Argentina, no solo por concepción ideológica, sino por la constatación fáctica de que es la única garantía para proveer salud», concluye Gollán.
—Daniel Víctor Sosa