25 de diciembre de 2024
El principal plan para reducir el déficit habitacional fue disuelto con el argumento de que el Estado no debe interferir en una actividad «netamente privada».
Pro.Cre.Ar. Pensado para las capas medias de la población, el programa se basaba en líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional.
Foto: @Procrear Palomar-Morón
Para más de medio millón de familias de bajos recursos en todo el país, el programa Pro.Cre.Ar fue la llave de ingreso a su vivienda propia o la puerta de acceso a soluciones habitacionales (ampliaciones, refacciones), desde que se pusieron en marcha en 2012 las líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional (en pesos, inicialmente a tasa cero y hasta 30 años de plazo).
Con una óptica bien distinta, el Gobierno libertario sostiene que el agudo déficit habitacional que se arrastra desde hace decenios es materia exclusiva de la acción privada. En consecuencia, disolvió el fondo fiduciario que sustentaba al Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y destinado a la construcción de unidades de ocupación permanente de hasta 60 metros cuadrados, en lotes propios o de familiares directos.
El cambio reciente, descuentan los funcionarios, tendrá un «efecto positivo» para la ciudadanía, derivado de «la no interferencia del Estado en esta actividad, de índole netamente privada».
De acuerdo con el decreto presidencial 1018/24, «la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área». La nueva orientación replica el criterio ya adoptado durante la gestión de Mauricio Macri, quien entre 2015 y 2019 apenas inició la construcción de 130 viviendas y dio de baja a unas 6.300 de las más de 30.000 que se iniciaron en el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Retomado en 2020-23, el Pro.Cre.Ar concedió en ese trienio más de 180.000 créditos para construcción y adjudicó unas 130.000 viviendas, al tiempo que se completaron 530.000 soluciones habitacionales (desde el inicio del programa) en más de 2.000 municipios.
De todos modos, el impacto de la pandemia –y la recesión consecuente– impidió que se cumplieran las expectativas en materia de empleos en el sector de la construcción: el programa no logró crear los más de 300.000 puestos laborales (aproximadamente 218.000 directos y 84.000 indirectos), como era lo calculado.
Para justificar el fin del Pro.Cre.Ar., el Gobierno aduce que el plan se había transformado «en una carga significativa para las finanzas públicas», producto de su dificultad para fiscalizar y controlar su ejecución. Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a su vez, cuestionó la demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual generó mayores gastos de mantenimiento, vigilancia y expensas, y señaló los «numerosos reclamos» por falta de condiciones de habitabilidad de las unidades construidas.
En definitiva, sintetizan los funcionarios, además de generar «gastos innecesarios para el tesoro público», la gestión del fondo fiduciario público no fue transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común.
Datos
El déficit cualitativo en los aglomerados urbanos asciende a 1.996.000 viviendas (equivalente al 19,7% de los hogares), de acuerdo al dato relevado por el Censo 2022. A la vez, el relevamiento detectó que la cantidad de inquilinos era de más de 3,3 millones (21% de los hogares). El secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar (surgido en las filas del PRO), elevó recientemente la cifra relativa a las urgencias habitacionales hasta 3,5 millones de viviendas, con una tendencia creciente en las últimas décadas.
Frente a esas carencias, el ministerio de Economía sostiene que «el crédito hipotecario es la real solución para impactar en el déficit habitacional», bajo «la premisa del trabajo y el ahorro, todo ello con un marcado rol protagónico del sector privado».
Orientación pro mercado. El cambio de paradigma se basa en la premisa de «trabajo y ahorro» del que pueda acceder a su vivienda.
Foto: NA
La cartera precisó que se encuentran vigentes 26 líneas de créditos de bancos públicos y privados, aunque reconoció que hasta fines de octubre pasado se contaron apenas mil operaciones con hipotecas en todo el territorio nacional. El Palacio de Hacienda, por otra parte, listó un conjunto de «herramientas» para mejorar, con un nuevo paradigma, las condiciones de acceso a una vivienda adecuada. Se afirma, por ejemplo, que la derogación de la ley de alquileres permitió una ampliación de la oferta de viviendas y la baja en los precios de entrada. Con similar orientación pro mercado, el Decreto de Necesidad y Urgencia 1017/24 estableció la hipoteca de bien futuro, con la que se prevé un mayor financiamiento, al «desburocratizar» y eliminar la obligatoriedad del seguro para los contratos de viviendas construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal.
«Claramente −afirmó el secretario Aybar en la última reunión del Consejo Federal de la Vivienda− la solución no pasa por un Estado nacional construyendo viviendas». Hasta el momento, agregó, «había una sola caja, que era el Tesoro Nacional, que de manera híperdiscrecional repartía viviendas sociales».
A juicio del funcionario hoy libertario, un Estado generando las condiciones macroeconómicas y financieras necesarias hará «que aquel que quiera y pueda acceda a un crédito, construya su vivienda dónde y cómo quiera, con los incentivos por parte de las distintas jurisdicciones».
El nuevo modelo se ubica en las antípodas de los planes federales de vivienda destinados a sectores populares entre 2003 y 2013 y en beneficio luego de capas medias, con el programa Pro.Cre.A.r, ambos pensados también con la finalidad de impulsar la reactivación económica y la generación de empleo.
Ahora, en cambio, la presunta resolución del problema se delega en las familias con cierta capacidad de ahorro y chances de pagar la cuota de un crédito bancario, paradójicamente en medio de un esquema que aumenta el desempleo y los niveles de pobreza, busca comprimir los salarios y redistribuye el ingreso en forma regresiva.
