Además de las privatizaciones acordadas con el Fondo Monetario, el gobierno apura la venta de compañías energéticas y asegura las condiciones para que grandes grupos locales y extranjeros avancen en el control de la provisión eléctrica.
28 de junio de 2018
La vocación privatizadora del gobierno nacional ya tiene vía libre a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un apartado del memorando de entendimiento compromete la venta de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses «para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones». Se incluyen allí las acciones de 44 compañías «incautadas en 2008», es decir, cuando se reestatizó el sistema previsional y se disolvieron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Sin embargo, aún antes de pautarse esta próxima enajenación del patrimonio público, y siempre en el mismo rumbo, la Casa Rosada autorizó otras cesiones al capital privado, particularmente en el sector energético. Por ejemplo, mediante la creación de YPF Luz, la nueva empresa orientada a la generación eléctrica, que esconde la asociación con la estadounidense General Electric, poseedora de un 25% de la compañía. Y avanza, además, la venta de dos centrales térmicas de la antigua Enarsa y de la distribuidora Transener.
Luz
Mientras se apuran las entregas venideras, otras operaciones que incorporan capital privado (estadounidense, específicamente) ya se concretaron sin demasiada repercusión. YPF Luz fue presentada a comienzos de junio y se anunciaron inversiones por unos 3.000 millones de dólares en el próximo quinquenio para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, que le permitirán proveer al sistema nacional unos 4.500 MW en diversas tecnologías. Un 13% de la potencia hoy instalada en el país, de todo tipo de fuentes. YPF celebró en diciembre pasado un acuerdo con GE Energy Financial Services, compañía de inversión perteneciente a General Electric Company, que suscribió el 25% del capital accionario de YPF Energía Eléctrica S.A. (hoy YPF Luz). En aquel momento se adelantó además que la petrolera estatal está «en conversaciones avanzadas con una tercera parte, que podría suscribir otro 25% del capital».La nueva empresa tiene en la actualidad una capacidad de generación de más de 1.800 MW –suficiente para abastecer a 3 millones de usuarios– a través de sus operaciones en el complejo de generación térmica en Tucumán (1.103 MW), dos centrales térmicas en Vaca Muerta (228 MW), una central de cogeneración en la refinería La Plata (128 MW) y la central Dock Sud (348 MW).
El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, precisó que la controlada YPF Luz es la quinta generadora de energía eléctrica del país, pero el objetivo es posicionarla en los próximos cinco años en el tercer lugar. Por lo pronto, la empresa tiene cinco proyectos en construcción: dos parques eólicos de 100 MW (en Chubut y Santa Cruz); un ciclo combinado de 470 MW en El Bracho, Tucumán; y una planta de cogeneración de 85 MW en la refinería de La Plata. La empresa avanza, además, en el diseño de más de 12 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, que abarcan la generación de energía térmica, eólica, solar y otras, que en caso de resultar exitosos podrían agregar más de 1.500 MW a la capacidad de generación actual. La meta es que el 20% de la energía eléctrica que genere hacia 2022 provenga de fuentes renovables.
La apertura de YPF al capital privado, hay que recordar, ya se viene produciendo en los últimos años en Vaca Muerta, con la formación de hidrocarburos no convencionales, en la que se pactaron sociedades con Chevron, Schlumberger y Dow (estadounidenses), Petronas (indonesa), Shell (angloholandesa) y Statoil (noruega).
Centrales
El estilo amigable del gobierno con el gran capital incluye la oferta de las centrales termoeléctricas, como la bonaerense Ensenada de Barragán y la santafesina Brigadier López, por las que espera recaudar unos 1.000 millones de dólares. Los pliegos respectivos ya fueron publicados por la estatal Integración Energética Argentina (IEASA), sucesora de Enarsa, y el proceso previo generó el interés de una veintena de compañías locales y del exterior.
Ensenada de Barragán tiene una potencia instalada de 560 MW, mientras Brigadier López, situada en el parque industrial de Sauce Viejo, suma 280 MW. Ambas serán enajenadas hacia fines de septiembre, según se estima. Quienes se adjudiquen las plantas tendrán la obligación de completar las obras de cierre de ciclo, ya en ejecución avanzada, que permitirán elevar esas potencias a 840 y 420 MW, respectivamente. En el caso de Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.) el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, mantiene la decisión de venta expresada por su antecesor, Juan José Aranguren. Se trata de la principal operadora de la red nacional de casi 8.800 kilómetros de líneas de transmisión, a los que deben adicionarse los aproximadamente 5.500 kilómetros de líneas de su controlada, la bonaerense Transba. La consultora PriceWaterhouse fue seleccionada como asesora de la operación para valuar esa tenencia estatal, mientras se espera en simultáneo el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación. De poco parece haber servido, como valla a la enajenación, el rechazo a la privatización interpuesto por expertos del radicalismo, que advirtieron tanto el carácter estratégico de la firma, así como los beneficios que reportaría mantenerla en el patrimonio público.
El Estado no debe tener injerencia en los mayores negocios privados, dice el FMI, y asienten en el gobierno.
