Sin llegar a la privatización ni descartar el camino paralelo de las concesiones, el gobierno alienta un contexto más «amigable» a la inversión de grupos empresarios, nacionales y extranjeros, a través de la participación público-privada.
28 de septiembre de 2016
Tren Sarmiento. El Ministerio de Transporte reactivó el proyecto de soterramiento de la línea ferroviaria a manos de Oderbrecht, Ghella e Iecsa. (Télam)
Achicar el Estado, como en otros períodos de la historia nacional reciente, es la estrella a seguir por el gobierno. En el terreno de la obra pública y los proyectos de infraestructura eso implica ampliar espacios para la intervención de grupos privados, nacionales y extranjeros, con espaldas financieras suficientes como para encarar proyectos de envergadura. El instrumento elegido es la «participación público-privada», que curiosamente ya cuenta con marco normativo vigente: un decreto de mayo de 2001 firmado por el entonces presidente, Fernando de la Rúa, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Dos meses después de asumir en su último cargo público, el padre de la convertibilidad corrigió un decreto anterior, de diciembre de 2000, a fin de «facilitar la asociación del Estado Nacional con el capital privado». Pese a sus facilidades para las empresas, esa norma es ahora considerada insuficiente y el Poder Ejecutivo envió al Congreso una nueva iniciativa, a fin de dotar al mecanismo de mayor jerarquía institucional y concitar la «confianza» de los empresarios.
«Buscamos nuevas formas de asociación ante ciertos riesgos que en las formas tradicionales eran asumibles y que en el siglo XXI dejaron de serlo, quizás porque el Estado abusó de ciertas exorbitancias y el mundo privado no está dispuesto hoy a aceptarlas», explicó el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, durante un seminario organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Alicia Caballero –funcionaria del Grupo Banco Nación y especialista en financiamiento de inversiones–reforzó el concepto: «Venimos de un estado de mala praxis y para remontar la situación tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para generar confianza».
Nuevo marco
El diseño de un nuevo sistema de inversión pública corre en paralelo con planes de financiamiento para lograr una mayor participación extranjera, del mercado de capitales (bancos y aseguradoras) y de organismos multilaterales. En presentaciones públicas y privadas los funcionarios hablan de un nuevo marco asociativo con el que esperan atraer inversiones por 5.000 millones de dólares en el primer año de vigencia del sistema, y más de 30.000 millones hasta el fin del mandato de Cambiemos.
El proyecto remitido al Congreso –y ya aprobado por el Senado con algunas modificaciones– fue elaborado por el abogado Ezequiel Cassagne, del estudio que lleva su nombre, y contó con el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se prevé allí un marco regulatorio general que le permita al sector privado asociarse con el Estado, a través de diferentes mecanismos que serán definidos para cada iniciativa. El Estado podrá participar en forma mayoritaria o minoritaria, a través del financiamiento del proyecto respectivo, el otorgamiento de avales y garantías, otorgando terrenos o mediante algún otro esquema.
Las continuas referencias a demoras en las inversiones buscan reforzar la idea de que solo megadesembolsos privados –y particularmente extranjeros– permitirán cubrir esa brecha. La iniciativa oficial, por lo pronto, apunta a reforzar la «seguridad jurídica» de los inversores. Para lo cual sostiene que, ante las controversias que surjan eventualmente, se podrá «determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje», lo que abre la puerta a la resolución de conflictos en tribunales internacionales como el Ciadi.
También el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsa la vía de la asociación público-privada. En su informe World Economic Outlook pone como ejemplo el caso de Chile y destaca que la inversión en infraestructura a través de endeudamiento impacta positivamente en el crecimiento: un aumento equivalente al 1% del PIB puede traducirse en hasta un 1,5% de aumento en el producto bruto ese mismo año y dicho efecto crece y se potencia por al menos cuatro años, asegura.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, definió a su vez: «Es un instrumento, y cuantos más tengamos, mejor. Lo que necesitamos es generar confianza, y hay que hacerlo con gente profesional. En algunos lugares se necesita a un político que sepa de relación con los gremios; en temas técnicos se requiere alguien que construya y sepa conducir; en una empresa del Estado hace falta alguien que sepa liderar una organización».
En suma, para los organismos multilaterales, políticos y economistas de sesgo neoliberal, todas son ventajas: aumenta la inversión; se generan sistemas tarifarios «realistas»; mejora la gestión en la construcción y administración de la infraestructura; se incorporan mecanismos de estímulo a la eficiencia privada; se distribuyen riesgos entre el Estado y los privados; se aprovecha la capacidad de innovación de las empresas, su tecnología y su mayor escala; y se logra alta credibilidad del sistema financiero, lo que permite obtener bajas tasas de endeudamiento.
Otra vez grandes corporaciones y financistas al frente de procesos que insisten en presentarse como de desarrollo, aún cuando múltiples experiencias pasadas contradicen dicha retórica.
