30 de octubre de 2024

Daniel Víctor Sosa

Definidas como «hojarasca» que limita las iniciativas privadas, el Gobierno busca mayor «libertad» mediante la derogación de 70 leyes. La deslegitimación del rol del Estado.

El sueño eterno ultraliberal –que el Estado no obstaculice o entorpezca las «libertades individuales»­–, ideó un nuevo esquema normativo que promete suprimir «costos inútiles para los contribuyentes». Un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone en ese sentido desregular áreas de negocios, abrir espacios rentables a las empresas y suprimir organismos de monitoreo ciudadano. El objetivo declarado es eliminar 70 leyes, de modo tal que se refuerce la seguridad jurídica de los agentes privados y se aliente el desarrollo personal y conjunto del país, al dejar de lado distintas «barreras» y «sobrerregulaciones».

La estrategia de marketing del Gobierno encontró rápidamente los argumentos para propiciar la abolición de gran parte de esas leyes: las engloba como «inútiles y obsoletas». Dice además que están perimidas, ya que la mitad de ellas datan de la segunda mitad del siglo XX.

El título del proyecto es tan simple como capcioso. Bajo la denominación de «Ley hojarasca», el texto remitido al Parlamento deslegitima todo tipo de intervención estatal, cualesquiera hayan sido sus fundamentos o los motivos en cada período. «La necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren» es uno de los latiguillos que reitera el principal inspirador del proyecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Lo moderno, según el funcionario, es instalar «nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos». El escenario propuesto debe alejarse entonces de «las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX» y que llevaron a «abusos y arbitrariedades». En cambio, «debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control», plantea el Gobierno nacional. Queda claro que la preocupación no incluye las conductas arbitrarias y abusivas que puedan provenir de grupos privados en desmedro de los derechos de ciudadanos y consumidores.

Claves
Para justificar el barrido se indica que, en unos casos, se trata de normas que fueron sustituidas y englobadas por otras «más completas y modernas». Otras quedaron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. También se incluyó en el listado, con obvia intención política, una ley sancionada en 1951, durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, que impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado. Se argumenta que la única finalidad de esa norma «fue perseguir opositores, incluidos quienes hayan denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestro país ante organismos internacionales»; pero se oculta que la ley respectiva se aprobó luego del intento de golpe de Estado encabezado a fines de septiembre de aquel año por el general Benjamín Menéndez, respaldado por fuerzas políticas opositoras.

Luego, hay otras leyes cuya derogación se alienta para «avanzar con el programa de desburocratización, eliminando organismos y normas sobre regulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia». Algunas normas, en tanto, «ya no tienen razón de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos». Del mismo modo se planea eliminar leyes que crearon organismos solventados con recursos del Estado nacional, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que podrán seguir funcionando, pero con recursos propios.

La necesidad de anular ese conjunto normativo se justifica con ejemplos extremos, como es el caso de la ley N° 94 (de 1864), que inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona. El barrido previsto eliminará también la Ley 20.843 (de 1974), «que instauró la (medieval) figura de Padrinazgo Presidencial, que no tiene lugar en una democracia moderna». Caerán asimismo leyes de 1870, que premiaba a quien descubriera minas de carbón; de 1895, sobre la adquisición de armamento; o la de 1989, que establecía el procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en el Ejército, la Armada y el Ejecutivo.

Razones
No obstante, junto con esos y otros casos de evidente obsolescencia utilizados para justificar la iniciativa, se busca invalidar las razones que, en su momento, explicaron la intervención estatal, y allanar a la vez el camino para el avance de inversores privados locales o extranjeros. Por ejemplo, se busca derogar la Ley 16.789 (de 1965), por la cual los automóviles adquiridos por la Administración Pública Nacional debían ser de industria nacional, con el argumento de que ese régimen ya fue derogado por el DNU 70 dictado por el Gobierno actual. Dejarán igualmente de tener vigencia las leyes 22.426 (de 1981), que obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado; o la 26.688 (de 2011), que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.

También perderá vigencia la Ley 25.750 (de 2003), por la cual la propiedad de los medios de comunicación debe ser de empresas nacionales. Esta norma, que limita la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario, «es de dudosa constitucionalidad y afecta el derecho de propiedad», según Sturzenegger.

En la volteada caerán asimismo la Ley 24.057 (de 1992) dictada para favorecer la constitución de asociaciones civiles cuyo objeto es resolver problemas de hábitat, que nunca fue reglamentada, y la Ley 24.127 (de 1992), que instituyó un «Premio Nacional a la calidad» en el sector privado y en la administración pública, ya que «implica un importante gasto para el Estado sin tener registro de utilidad alguna». Finalmente, entre tanta limpieza tampoco regirá la obligación dispuesta por la Ley 14.800 (de 1959), para quien demuela un teatro, de construir en el mismo predio otro con características similares, y será derogada la Ley 26.227 (de 2007) que creó el Consejo Federal de la Juventud con la misión de colaborar con el diseño de las políticas para esa franja etaria.

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