En los últimos 30 meses, el precio de los combustibles acumula un alza del 113%, en un contexto de liberalización total del mercado del sector, donde la cotización del dólar y el costo internacional del crudo auguran nuevos aumentos.
13 de junio de 2018
Importaciones. Crecieron un 30% en detrimento de las ventas nacionales. (Jorge Aloy)
Como otras políticas, la energética tiene fuerte impacto en la distribución del ingreso, y el gobierno de Cambiemos lo sabe y actuó en consecuencia al mejorar los balances de petroleras y concesionarias de servicios públicos, cuya contracara es el empeoramiento de las finanzas hogareñas y del cuadro de costos de las pequeñas y medianas empresas. Los periódicos aumentos de combustibles se inscriben en ese escenario de bruscos reacomodamientos de precios relativos que exacerban la distribución regresiva del ingreso.
Los ajustes iniciales (un 31,3%) se concentraron en los primeros cinco meses del nuevo gobierno. Ya en ese momento, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que «si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación con otros gastos, dejará de consumir». Mientras que Mauricio Macri tranquilizaba diciendo que «con la suba de los precios de los combustibles que rige desde este mes (en referencia a mayo de 2016), está terminado el proceso de aumentos de las naftas iniciado cuando se sinceró el valor del dólar». Si bien la promesa presidencial se cumplió en lo que restaba del año, los precios volvieron a subir desde comienzos de 2017. Además, el 1º de octubre de ese año, el gobierno nacional anunció la liberalización total del mercado de combustibles; en consecuencia, las compañías dejaron de necesitar autorización oficial para retocar los precios. Tras ese anuncio, el ministro de Energía sostuvo que no creía que hubiera aumentos de precios. Sin embargo, al día siguiente de las elecciones legislativas, los surtidores de las estaciones de servicio reflejaron otro incremento, llevando a un acumulado en la suba de combustibles del 32,7% en 2017.
La tendencia alcista continuó este año con la escalada en la cotización internacional del petróleo y el impacto de la devaluación agregó «nafta al fuego». El virtual congelamiento de precios por dos meses, anunciado por el ministerio el 8 de mayo, fue otro capítulo de esta saga. Sin embargo, el acuerdo duró poco: el 2 de junio hubo otro retoque del 5% por cambios en el impuesto a los combustibles, acumulando el precio de la nafta una suba del 113% desde la asunción presidencial de Mauricio Macri.
Escasez
La restricción externa condicionó el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y el déficit energético contribuyó a la escasez de dólares. Por ejemplo, las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) pasaron a ser habituales desde 2010, mientras que en años anteriores la compra de este costoso insumo era un recurso de contingencia estacional, en invierno. Así, en total, las importaciones de combustibles insumieron casi 25.000 millones de dólares en el período 2012-2015.
Durante ese lapso, una de las principales causas del déficit energético fue la política desinversora de Repsol-YPF. El investigador Mariano Barrera señala en Subexploración y sobreexplotación: la lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina que «la empresa, de 2008 a 2010, distribuyó dividendos en una magnitud muy superior a las utilidades obtenidas. En efecto, mientras que en ese período la firma distribuyó el 144% de las ganancias; entre 1999 y 2007, la magnitud fue del 75%». En otras palabras, las utilidades no fueron reinvertidas, sino que financiaron su expansión internacional a otros países de América Latina, África, Golfo de México y Oriente Medio.
Así, entre 1997 y 2011, la participación de Repsol-YPF sobre la producción total retrocedió del 35% al 23%, y del 42% al 34%, para el caso del gas y del petróleo, respectivamente.
El kirchnerismo apostó al desembarco del grupo Eskenazi para dialogar con un interlocutor local, pero los resultados no fueron los esperados y se llegó a la declaración de utilidad pública y expropiación del 51% del capital accionario de Repsol-YPF. Además, el gobierno avanzó en el diseño de nuevos marcos regulatorios y la petrolera estatal comenzó a revertir la tendencia declinante de la producción.
Actualidad
La administración macrista fue en sentido contrario: dejó sin efecto las normas que regulaban inversiones y permisos de exploración y explotación de hidrocarburíferos. Incluso la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, creada en 2012, fue disuelta por un decreto presidencial.
El macrismo sostiene que la desregulación sectorial incrementará las inversiones y la producción. Los datos duros contradicen dicho discurso: la producción está cayendo (ver Barranca abajo) y la exploración de nuevos yacimientos retrocedió un 25% entre 2015 y 2017.
La caída de la participación del crudo refinado nacional es una de las consecuencias de ese cambio de política. En su artículo, «Combustibles: ni liberales ni populistas… empresarios estafadores inescrupulosos», los investigadores del Observatorio para la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) sostienen que «lógicamente, la caída de la participación del crudo nacional en las refinerías implicó a su vez un ascenso extraordinario del crudo importado, pagado a precio dólar. ¿De qué aumento hablamos? Del 29% entre 2015 y 2017. ¿Y con las importaciones de combustibles en igual período? Las importaciones netas crecieron un 30,6%; su participación sobre la demanda del público creció al 15,5%, el mayor porcentaje desde 2013».
