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Representantes de oligopolios locales y multinacionales preparan una intensa campaña para el retorno de las políticas neoliberales. Las pymes unifican posiciones con un sentido opuesto.

 

Foro de convergencia. La organización reúne a las compañías que representan el mayor volúmen de negocios del país. (DYN)

Inédito consenso sobre políticas para crecer entre 60 cámaras empresarias», tituló el diario Clarín su nota central del 28 de noviembre. Otro artículo reforzaba: «Las claves para poder lograr un desarrollo con inclusión social». Los artículos fueron parte de la amplia cobertura mediática del encuentro del Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a las compañías con mayor volumen de negocios en el país. La Nación, para que no quedaran dudas, tradujo el mensaje: «Los empresarios reclaman menor intervención estatal». El matutino se congratuló editorialmente de que las cúpulas hayan llegado a «un diálogo más necesario que nunca». Luego, a través de otro comentario –Adiós a un largo silencio–, respaldó a los titulares de holdings que cada vez más se animan a subir la voz en público, en defensa de viejas recetas aplicadas en los años 90. Esos grandes medios marcaron el tono de lo que el propio Foro anticipó para los próximos meses: una fuerte difusión pública de sus iniciativas en los ámbitos institucional, económico y social, de claro tinte neoliberal y de fuerte confrontación con el rumbo que lleva adelante el Gobierno nacional. La campaña busca instalar puntos centrales en la agenda del próximo período preelectoral, incluidos temas políticos como los llamados a «recuperar las instituciones» y la pretendida «alarma por el narcotráfico». El impacto inicial del conjunto de reclamos no puede ser considerado desdeñable: el resumen de prensa elaborado por la consultora de relaciones públicas del Foro recoge las repercusiones del encuentro en un dossier de 124 páginas, que reflejan las primeras notas publicadas en diarios y portales de Internet.

 

Integrantes
El Foro de Convergencia presentó sus propuestas como opciones aptas para crear 3 millones de nuevos puestos de trabajo en el próximo decenio, a condición de que «dejen hacer» a los empresarios concentrados. Quienes piden libertad de acción son, entre otras entidades, la Asociación Empresaria Argentina (AEA, que conducen el Grupo Clarín y Techint), la Unión Industrial Argentina (UIA), las integrantes de la Mesa de Enlace agropecuaria, las Bolsas de Comercio y de Cereales, la Fundación Mediterránea y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.
La demostración de fuerza fue realizada en el auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), ante unos 800 ejecutivos, accionistas de corporaciones de distintos rubros y dueños de explotaciones agropecuarias, incluidos –en una aparición pública poco habitual– los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y José Aranda.
Participaron de la reunión cinco pre- candidatos a presidente de la Nación: el titular del Frente Renovador, Sergio Massa; Mauricio Macri, del Pro; los radicales Ernesto Sanz y Julio Cobos; y el socialista Hermes Binner. A la cita faltó el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, aunque envió su respaldo a los organizadores.
Los disertantes del Foro prefirieron eludir la crítica directa al Gobierno, e incluso llegaron a reconocer factores positivos, como el bajo nivel de endeudamiento empresario y de las familias, si bien consideraron necesario «liberar» a las compañías para que generen riqueza y puestos laborales. Pidieron, en principio, «tener una baja tasa de inflación, similar a la de la gran mayoría de los países de la región y del mundo, mediante medidas macroeconómicas que ataquen el problema de manera integral». Curiosamente, tratándose de formadores de precios, dejaron de lado cualquier referencia a su propia responsabilidad en el fenómeno. Los empresarios instaron, en cambio, a «garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas», a la vez que propiciaron una «fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía». El Foro demandó además «un marco regulatorio que aliente inversiones de empresas privadas en infraestructura de energía, transporte y comunicaciones», y propició «una reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales». Este último reclamo pareció aludir, aunque sin nombrarlas en forma taxativa, a las retenciones a las exportaciones. Además, insistió en pedir «respeto al ámbito propio de las empresas privadas» y defendió la «independencia funcional» de los entes reguladores y de los organismos de control, «de modo de contribuir a una mayor transparencia, así como a la erradicación de la corrupción pública y privada».
Del mismo modo consideró «de suma importancia en este momento, el desarrollo de una política criminal integral para combatir la inseguridad y el narcotráfico». Luis Betnaza, de la UIA y el grupo Techint, advirtió al respecto sobre el avance de ese tipo de criminalidad en América Latina y mencionó el caso de Rosario como ejemplo. El enfoque fue replicado por el titular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Juan Pablo Simón Padrós.

 

Más mercado
Betnaza sintetizó la clave del encuentro al asegurar que «ya no hay debate: el desarrollo en los próximos años demandará más mercado y menos Estado». En la misma línea, se proyectó durante la reunión una serie de spots con frases de apoyo al Foro, entre otros, de los siderúrgicos Arturo Acevedo y Paolo Rocca; el frigorífico Luis Bameule; el sojero Gustavo Grobocopatel; el alimentario Luis Pagani; los fabricantes de medicamentos Sebastián Bagó y Alejandro Roemmers. Sobresalió entre todos ellos el mensaje de Magnetto, de Clarín: «El documento del Foro es un aporte muy valioso del empresariado argentino al debate con la dirigencia sobre el modelo de país que queremos». Acompañó también, junto con otros grupos de vieja prosapia derechista, la ONG Consenso Republicano, que encabeza Guillermo Alchourón, presidente de la Sociedad Rural en 1988, en ocasión del abucheo al presidente Raúl Alfonsín en el usurpado predio de Palermo.
El clima polémico en la Universidad Católica comenzó con la exposición del intelectual Santiago Kovadloff (habitual columnista del diario La Nación) y de Jaime Campos (de AEA), quien clamó contra «la discrecionalidad del poder» y llamó a «rodear de honor» a las empresas y «glorificar sus triunfos», replicando una cita –pretendidamente actual– de Juan Bautista Alberdi. En el mismo panel Juan Vaquer (titular de DuPont Argentina) pidió «instituciones sólidas» que complementen la democracia, para contrapesar el «demasiado poder en manos de algunos funcionarios, con decisiones discrecionales y hasta caprichosas». A su vez, el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, pintó un panorama de «inflación, exclusión, pobreza y recesión», mientras Enrique Cristofani (Banco Santander Río) confió en la vía desreguladora y privatista para concretar el «sueño de movilidad social».
El segundo panel del encuentro fue moderado por el economista Tomás Bulat, reconocido en los últimos meses por sus reiterados vaticinios sobre la «próxima e inevitable» maxidevaluación de la moneda nacional. La distribución de voceros, en este caso, fue por sectores de actividad. Hablaron así Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales); Cristiano Rattazzi (Fiat); Jorge Ferioli (de la petrolera San Jorge); Martín Dedeu (de la Cámara de Empresarios Mineros); Fernando Lagos (de la Cámara de la Construcción); Claudio Cesario (de ABA); y Roberto Álvarez Roldán (de la consultora Accenture). Si bien con distinto énfasis, todos pidieron «generar condiciones de confianza para atraer inversiones, con fondos que los propios argentinos tienen en el exterior». Resaltaron en ese sentido –a modo de zanahoria o anzuelo– el variado panorama de riquezas potenciales en cada sector, que se comprometieron a desarrollar para beneficio general, tan pronto como los «dejen hacer».

Daniel Víctor Sosa  

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