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Nueva agenda

Una reforma fiscal mundial, con mayores cargas tributarias para empresas transnacionales y un piso común, avanza con el respaldo de 131 países.

G-20 en Venecia, Italia. En la reunión del mes de julio se avanzó hacia un acuerdo para imponer una tasa a las multinacionales.

TOMMASO BIONDO/G20.ORG

El proyecto de nueva fiscalidad global recibió un claro impulso en los últimos meses, al contar con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del Grupo de los 7, que integran además Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Luego, el análisis de sus aspectos técnicos formó parte de la agenda de los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 20 (G20), en su reunión de la primera semana de julio en Venecia. «Las multinacionales ya no podrán proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos», ni evitar «el pago de su parte justa, ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición», resumió Biden y contó con el beneplácito de alemanes, franceses e italianos. Con un entusiasmo más moderado, otros analistas resaltan este primer paso, pero advierten que solo alcanzaría a unos 400 megaholdings (entre ellos gigantes tecnológicos como Google y Facebook), por lo que deben añadirse otras medidas para frenar la elusión fiscal legalizada.
En las primeras negociaciones, 131 países aceptaron el plan para fijar un piso de 15% en el Impuesto a las Ganancias de las compañías transnacionales. De ese modo se alientan tres objetivos principales: evitar que las empresas trasladen sus sedes a países de baja tributación; que los Estados dejen de disminuir los tributos sobre las sociedades; y que en el futuro esas compañías paguen impuestos no solo en el lugar donde tengan establecida su sede o su país de origen, sino también allí donde hagan sus negocios.
La búsqueda de un nuevo orden en la fiscalidad internacional, a través de un tipo impositivo universal sobre las sociedades, pretende que los países dejen de competir entre sí con rebajas al gravamen para atraer inversiones externas. Lo cual interesa tanto a los países ricos como a los del G20, integrado por naciones industrializadas y emergentes que, en conjunto, representan el 90% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Resulta relevante asimismo la adhesión de China y de los países que albergan (o habilitan) las principales guaridas fiscales.
El acuerdo para establecer una reforma del esquema tributario internacional y garantizar que las empresas multinacionales paguen los impuestos adecuados, es el resultado de intensos debates durante los últimos años y del compromiso de todas las partes para alcanzar una solución global de consenso. Para atender el problema de la elusión impositiva de las transnacionales, en 2013 se lanzó el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, Erosión de la base y el desplazamiento de beneficio), que actualmente cuenta con 139 países o jurisdicciones miembros. En 2018, para darle más coherencia y transparencia al sistema tributario internacional, el G20 le encomendó a la OCDE que buscara una solución global a los desafíos que imponía la digitalización de la economía. El plan que logró consensuarse finalmente consta de dos pilares. El primero tiene como objetivo garantizar una distribución más justa de los beneficios de las empresas multinacionales más grandes, y reforzar los derechos tributarios de los países. El segundo, busca poner un piso a la competencia tributaria, mediante la introducción de una alícuota mínima para el Impuesto a las Ganancias a nivel planetario.
Quedan aún una serie de puntos y detalles sobre los cuales los miembros del Marco Inclusivo deben ponerse de acuerdo. Resta además persuadir a un pequeño número de países que aún no han adherido (como Hungría e Irlanda). No obstante, está previsto que el acuerdo final se logre este mes en la reunión del G20 en Roma. Luego, durante 2022 se desarrollará un plan de implementación y una legislación modelo, y se prevé la firma de un tratado multilateral que finalmente entrará en vigencia a partir de 2023.

Maniobras
En un mundo en el que las empresas multinacionales trasladan sus ganancias entre jurisdicciones o buscan algún otro mecanismo para evitar pagos, los arreglos tributarios internacionales se basan aún en acuerdos celebrados hace ya un siglo y en una red global de tratados bilaterales. Estos establecen que la rentabilidad de una transnacional solo puede ser gravada donde la empresa tenga presencia física. Esta situación, según un análisis del Banco Central de la República Argentina (BCRA), «tenía sentido cuando el modelo de negocio se basaba en la producción y distribución de bienes físicos, con fábricas y depósitos. Pero en el mundo digital de la actualidad, muchas empresas multinacionales hacen negocios en jurisdicciones en las que no tienen ninguna presencia física. Esto les ha permitido a los gigantes de internet, y muchas otras compañías, eludir impuestos radicando los activos intangibles más valiosos y transfiriendo sus ganancias a países con impuestos más bajos».
Para actualizar esas normas tributarias anticuadas se estableció que los países tendrán derechos impositivos sobre las empresas multinacionales, aunque estas no tengan presencia física en sus jurisdicciones. «Entre el 20% y el 30% de los beneficios de las 100 empresas multinacionales más grandes y rentables que superen un margen preestablecido (del 10% de los ingresos) se reasignarán a las jurisdicciones donde se encuentran los usuarios y clientes de dichas empresas», detalló el BCRA. Hay que recordar que se trata de firmas con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros anuales. Un estudio de la OCDE estima que generará un aumento en la recaudación cercana al 1% promedio en los países en desarrollo, mientras que una alícuota no inferior al 15% sobre las ganancias corporativas hará que el impuesto mínimo global genere alrededor de 150.000 millones de dólares anuales de recaudación extra.
El ministro de Economía Martín Guzmán consideró sin embargo que esa tasa es «demasiado baja, ya que hay un riesgo sustancial de que termine siendo de hecho la tasa máxima. Desde Argentina consideramos que una tasa del 21% sería mejor, una del 25%, aún mejor». También el ministro francés de Finanzas Bruno Le Maire señaló en declaraciones periodísticas que Francia pidió una alícuota del 25%.
Con un campo de juego nivelado en esta materia, los países, en lugar de competir por quien ofrece la tasa impositiva más baja, podrán concentrar sus esfuerzos en competir sobre la base de sus fundamentos económicos: la habilidad de su fuerza laboral, la capacidad para innovar, y la solidez de las instituciones legales y económicas. El acuerdo, además, concluyó el BCRA, «dotará a los países de la capacidad de recaudar los fondos necesarios para poder proveer bienes públicos tan importantes como infraestructura, investigación y desarrollo, y educación».


Daniel Víctor Sosa