12 de febrero de 2014
Las presiones sobre el mercado cambiario y la evolución de los precios durante las últimas semanas como manifestación de una situación estructural de raíces profundas. El rol del Estado.
Ganancias. El sector empresario vincula valores internos con la cotización del dólar, independientemente de la estructura de costos. (Télam)
A pesar de los indudables éxitos en materia de crecimiento, empleo y mejora en la distribución del ingreso, y de las políticas económicas implementadas en la última década, la coyuntura presenta un escenario complejo. Influye el incesante cabalgar de sectores minoritarios que intentan «volver al pasado», cuando era evidente la supremacía de los intereses concentrados por encima de los de las mayorías. Fueron tiempos en los que se privilegiaba la existencia de un Estado mínimo, garante del gran capital, y en los que primaba la especulación financiera por sobre el trabajo y la producción; momentos aquellos de extrema indefensión de las clases populares y los sectores medios y de duros golpes para las condiciones de vida de toda la población.
En ese contexto, no resulta sorprendente el inquietante panorama de crisis y desgobierno que pretenden instalar los medios concentrados y los analistas de derecha, voceros del poder económico que apuesta a reorientar políticas públicas tratando de revertir los avances logrados en materia de distribución del ingreso para reapropiarse así de la parte de la torta que han perdido en estos últimos años; avances que todavía son insuficientes, pero sin dudas son muy positivos. Es en este marco se deben analizar las tensiones en torno al mercado cambiario y la evolución de los precios de las últimas semanas. Además, se debe considerar que esta batalla por la distribución de la riqueza, con las particularidades de cada caso, no solo se libra en Argentina. La puja por el reparto de la torta afecta sin distinción a todos aquellos países que forman parte del espectro capitalista global. Las noticias que llegan desde Europa, con índices de desempleo que en España rondan el 27%, o los datos que muestran que tras la crisis financiera en Estados Unidos se profundizó la tendencia a la concentración del ingreso, dan una idea clara de estos procesos, inherentes al sistema, y que también afectan a países de la región, incluso a aquellos que aplican políticas más cercanas a las que pregonan los organismos internacionales de crédito ligados al neoliberalismo.
Las tensiones cambiarias y el interés desmesurado en torno a lo que ocurre con el dólar guardan vínculos estrechos con problemas estructurales de la economía argentina y con una cultura derivada de estos. Históricamente, el sector industrial demanda divisas para la compra de insumos y bienes del exterior; no obstante, no genera los mismos ingresos en dólares por vía de exportaciones, situación que redunda en un desbalance crónico de divisas para el país. En épocas de altos precios de materias primas, el déficit es cubierto por las exportaciones del sector primario exportador; sin embargo, hasta 2003, se terminó imponiendo una restricción de dólares que frenó el crecimiento de la economía nacional, denominada «restricción externa». En general, afecta a todas las economías subdesarrolladas, aunque castiga con particular intensidad a aquellos países que deciden implementar un camino de financiamiento autónomo que no implique recurrir al «salvavidas de plomo» de los capitales especulativos de corto plazo, o a los préstamos de los organismos internacionales, acompañados de condicionamientos moldeados con el torno neoliberal.
Durante los primeros años de la última década, la restricción de divisas fue morigerada por una actualización permanente del tipo de cambio a partir de la aplicación de una política de flotación administrada. En los últimos, la situación se tensó por la creciente demanda de insumos y bienes de capital importados para atender a una actividad industrial que crecía de la mano de un mercado interno en expansión. A esto se suman las importantes compras de energía en un marco de pérdida del autoabastecimiento, producto del crecimiento de la economía experimentado desde 2003, que no fue acompañado por inversiones en exploración y nuevas perforaciones por parte de la española Repsol (a la cual el gobierno menemista le entregó sin condicionamientos YPF). A esta debilidad estructural deben agregarse los requerimientos de dólares por parte de particulares y empresas, que buscan refugio ante la supuesta inestabilidad financiera y que suelen verse influidos por las expresiones de expertos en la tarea de moldear el «humor social».
En este marco, desde mediados de noviembre el gobierno comenzó a deslizar el tipo de cambio de manera más pronunciada, con el objetivo de recuperar parte de la competitividad perdida. Aprovechando este contexto, determinados sectores comenzaron a apostar fuerte a favor de una mayor devaluación, alimentando desde las sombras el alza del dólar ilegal y promoviendo informaciones de cotizaciones difíciles de verificar. Se trata de un entramado sumamente complejo de operaciones que impactan sobre las reservas, en el que se entremezclan comportamientos oportunistas como la retención de exportaciones de granos –favorecidos por el auge de los silo bolsa–, el adelantamiento del pago de importaciones, y otras operaciones no legales como la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones o las denunciadas por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien sostuvo que se está «en un proceso de investigación respecto a incumplimientos normativos de empresas cercanos a los 6.800 millones de dólares». Es el caso de empresas que efectivamente exportaron y no ingresaron las divisas, como así también maniobras de importadores que transfirieron dólares al exterior anticipando el pago de mercaderías que nunca ingresaron al país.
Por otra parte, la alta concentración de los eslabones de la cadena de producción, distribución y comercialización de los mercados relevantes en la economía argentina constituye un rasgo que también incide sobre la dinámica del mercado de cambios, más aún si tenemos en cuenta que en el sector agropecuario 7 grandes empresas comercializan el 80% de la soja que se produce en nuestro país. No se trata de un dato menor, como tampoco lo es el oportunismo de algunos productores agropecuarios, personalizado en los dichos del presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, quien sostuvo que «conviene más especular con la inflación y con el dólar que producir o fabricar productos», declaraciones que apuntan a alterar el normal funcionamiento de la economía y a generar expectativas de mayor devaluación, claramente contrarias al interés general.
Devaluación y después
El salto cambiario de enero implicó un reconocimiento implícito de que el tipo de cambio tenía cierto atraso, y debería servir para mejorar la competitividad exportadora. No obstante, el sentido de oportunidad de la suba obedece a la necesidad, en el corto plazo, de estimular la venta de granos retenidos y postergar los pagos adelantados de importaciones. Con el nuevo valor de convergencia en torno a los 8 pesos se busca generar un ingreso de dólares que estabilice las reservas y que diluya las expectativas de una nueva devaluación.
La realidad macroeconómica argentina no es la de una situación de insolvencia económica sino que se encuentra más próxima a una cuestión de iliquidez transitoria de divisas. Sin embargo, el sector agropecuario, que cuenta con espaldas financieras, intentó montar un escenario para forzar nuevas devaluaciones. Se trata de uno de los últimos cartuchos a los que apuestan estos productores, ya que –se estima– en abril arranca la cosecha gruesa de la campaña 2013-2014. Al respecto, consultores de la city como Miguel Bein señalan que con la liquidación de la próxima cosecha «se estabilizará el stock de divisas» y esto permitirá afrontar «la demanda de insumos imprescindibles para seguir creciendo, sostener el nivel de empleo y crear nuevos puestos de trabajo».
Otro aspecto a considerar de la devaluación, sin dudas el más importante para la mayoría de la población, se vincula con los riesgos asociados con su traslado a precios, un riesgo que se potencia a la luz de una cultura que vincula los precios internos con el valor del dólar, con independencia de la estructura de costos de cada producto. Este comportamiento, precautorio en algunos casos, adquiere visos especulativos en aquellos segmentos que son liderados por unas pocas empresas que aprovechan los contextos de incertidumbre para incrementar sus amplios márgenes de ganancia. Por esta razón, el gobierno salió decidido a controlar el cumplimiento de los «Precios Cuidados», de la misma forma que inició procesos legales a empresas por subas de precios injustificadas y por faltantes, y rubricó acuerdos con distintos sectores para retrotraer los valores de los bienes a niveles previos a la devaluación.
En el futuro cercano, a nivel macro, resultará central garantizar los niveles de actividad y empleo. Por lo pronto, la suba de las tasas de interés por parte del Banco Central se adoptó como una forma de reducir la demanda de dólares de particulares y empresas, y así estabilizar las tensiones a la espera de la liquidación de las exportaciones. Las fichas están puestas ahora en lo que pueda ocurrir con las paritarias; en este punto será central garantizar el poder de compra de la población, y con ello la demanda interna y el empleo, sin caer en pedidos desmesurados que traten de anticiparse a la inflación futura. El gobierno viene dando señales claras de su compromiso por evitar que la puja distributiva perjudique a los sectores más vulnerables, controlando la evolución de los precios en el interior de las distintas cadenas de valor. También ha sido claro en cuanto al uso de la política fiscal, a contramano de los pedidos del establishment. Ejemplos sobran: aumentos en las jubilaciones por la ley de Movilidad, el Plan Progresar y la suba de un 200% de la Ayuda Escolar Anual.
La presencia de un Estado activo sigue siendo, hoy más que nunca, un factor central para garantizar la continuidad de un modelo económico que privilegie la generación de empleo digno y una más equitativa distribución de la riqueza que el trabajo y los recursos naturales del país generen. La resistencia de los capitales concentrados será dura y sólo posible de enfrentar y vencer con la participación de la población, sujeto imprescindible para defender las políticas que se han venido llevando a cabo en los últimos 10 años.
—Gustavo Nagel
Dirigente cooperativista
