26 de febrero de 2014
Está en funcionamiento la primera agencia calificadora de riesgo de carácter público en el país. Aliento al financiamiento empresario y estatal en detrimento de acciones especulativas.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al amparo de la recientemente promulgada Ley de Mercado de Capitales, nuevas agencias seguirán a la creada en el ámbito universitario. (Horacio Paone)
Más de cinco años después del estallido de las hipotecas subprime en Wall Street, que derivó en una crisis financiera y económica mundial de proporciones, todavía lejos de haberse cerrado, persisten intocados múltiples mecanismos e instituciones que estuvieron y están en el ojo de la tormenta; entre ellos, las agencias calificadoras de riesgo.
Esas entidades cumplieron un papel clave en el desarrollo de los eventos que llevaron al colapso, al dar su aval a instrumentos de inversión «basura», altamente especulativos y promotores de burbujas de gran impacto destructivo. Tales efectos fueron evaluados, entre otros foros, durante una audiencia especial en Naciones Unidas.
Con miras a morigerar, al menos, esas secuelas, una importante novedad en la materia acaba de registrarse en la Argentina. Antes de fin de año se presentó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la primera calificadora de naturaleza pública de la región, que ya funciona en el ámbito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF, del partido bonaerense homónimo).
A la nueva agencia le seguirán otras similares, según se prevé, al amparo de la nueva Ley de Mercado de Capitales, también asentadas en universidades estatales. Estos nuevos actores apuntan a evitar las distorsiones de las agencias tradicionales (Moody’s, Standard & Poor’s y Ficht, que concentran el 90% de las calificaciones) y a facilitar nuevas vías de financiamiento para el Estado y las pymes de todo el país.
El análisis en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –llevado a cabo el año pasado, en lo que fue el primer debate temático organizado sobre este tema– condenó a este oligopolio, que no sólo ejerce poder de mercado sino que también tiene capacidad de presionar a Estados soberanos, con un alto nivel de «riesgo moral». Bien lo saben los gobiernos que recurren al lanzamiento de bonos para atender sus compromisos financieros o lograr recursos para sus inversiones. Sin embargo, pese a los daños provocados, las calificadoras gozan de una peculiaridad insólita: al emitir sólo «opiniones», logran sortear cualquier tipo de responsabilidad civil.
La delegación argentina en Naciones Unidas criticó, precisamente, que se tomen de este modo decisiones que afectan la economía real de las naciones y pueden perjudicar a sus ciudadanías. En definitiva, y desde el punto de vista de los países en desarrollo, los movimientos de capital de mediano y largo plazo deben evitar los impactos desestabilizadores que tienen los fondos meramente coyunturales y especulativos.
Para esto se requieren reglas globales que subordinen a las calificadoras, tornen más transparente el sistema e incluyan la participación de los países emergentes. Sólo de este modo –se indicó– terminará la dependencia de esas agencias y se medirán riesgos a partir de reportes basados en datos objetivos, no sesgados y sin conflictos de intereses.
Hasta tanto se concreten dichos avances, en la Argentina, la Ley de Mercado de Capitales vigente establece que las universidades públicas pueden actuar como agentes calificadores, lo que permitirá generar mayor competencia y transparencia en la calificación de instrumentos de oferta pública. La nueva Agencia Calificadora de Riesgo Universidad Pública (ACRUP) será presidida por el diputado Roberto Feletti, actual titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. El funcionario lleva varios años de vinculación académica con la UNTreF y dirige su Observatorio de Coyuntura Económica. En el acto de presentación de la entidad, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, remarcó que «se trata de una alternativa creativa, de buscar un actor relevante en el proceso de calificación de riesgo, de carácter público profesional, con una mirada distinta para cubrir falencias del sistema».
Vanoli constrastó la decisión llevada adelante en la Argentina con las discusiones que existen en varios países del G20, sin mayores avances para imponer límites a las agencias. La nueva calificadora, añadió, es además «la contracara de la ampliación de los servicios financieros y base inversora creados en el marco de la nueva ley, que exige también mayor prudencia y evaluación de riesgo».
Feletti, por su parte, consideró que «hay una necesidad en el mercado de este tipo de instituciones, con aporte interdisciplinario», mientras que para el inversor «será también un aporte importante, con mirada académico-institucional del sector público y de muchos que tuvieron desarrollo en el sector privado».
A su vez, el rector de la UNTreF, Aníbal Jozami, destacó que una universidad pública haya cumplido con los requisitos para ser la primer calificadora de tenor público, «a 12 años del derrumbe de la Argentina» tras el default. En términos formales, tras aprobarse la inscripción de la ACRUP como calificadora, el directorio de la CNV podría darle luz verde a la metodología y a los manuales que empleará la nueva entidad.
Oráculos
Las calificadoras de riesgo cumplen la función de «oráculos del mercado», sostienen algunos exégetas, que aún hoy se resisten a reconocer fallos mayúsculos a lo largo de los últimos años; por ejemplo, la nota máxima de investment grade, otorgada a Grecia en 2009, poco antes de su debacle, o la falta de timing en la evaluación de países europeos, que extendió y profundizó sus sucesivas crisis. Más recientemente, y en una clara señal de su orientación conceptual, Moody’s anticipó mejoras en la calificación de México tras la decisión de incorporar capital privado a la petrolera estatal Pemex. Del mismo modo, sólo la arbitrariedad de las calificadoras explica la persistencia en otorgar valoraciones negativas a países como la Argentina, pese a sus evidentes progresos en materia de desendeudamiento, fortaleza fiscal y mayor solidez de sus datos macroeconómicos.
De acuerdo con distintos analistas, el problema que se esconde detrás de las agencias es que abandonaron el análisis de los fundamentos económicos –algo así como expectativas presentes y futuras– para incorporar valoraciones subjetivas basadas en recetas ortodoxas. Esa orientación, casualmente, favorece a grupos concentrados en todo el mundo.
«Las agencias calificadoras –decía el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino– fueron pensadas para evaluar de forma independiente la capacidad de repago de una deuda. Pero, cada vez más, esas evaluaciones influyen sobre el valor de dichas deudas, generando procesos negativos a modo de profecías autocumplidas». Sólo de este modo se explica la persistente descalificación de la deuda argentina, a pesar de su evidente mejora relativa. Por ejemplo, hoy está cada vez menos expuesta al riesgo de una fuerte dolarización que hace un decenio, ya que aumentó la porción de deuda en pesos en detrimento de la nominada en moneda extranjera. Desmontar el sistema actual no será fácil; sin embargo, poco a poco, pueden construirse alternativas que contemplen los intereses nacionales.
—Daniel Víctor Sosa
