31 de julio de 2024
El Gobierno recortó el rol regulador y de compensación que desempeñaba Cammesa desde 2005. Interrogantes ante un proyectado pico de demanda en el verano.
Matriz. En el país, más del 60% de la electricidad se produce en centrales térmicas que funcionan principalmente a gas.
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El panorama hacia fin de año podría ser oscuro. Es decir, literalmente, sin luz. O, mejor dicho, con un volumen de generación de energía eléctrica probablemente insuficiente para satisfacer los picos de demanda que se estiman. De presentarse esa contingencia, serán las empresas del sector privado las principales encargadas de afrontar el déficit, ahora que una reciente decisión gubernamental redujo el rol regulador que venía cumpliendo el Estado.
La resolución 150/2024 de la secretaría de Energía, de principios de este mes, instrumentó un cambio significativo en el papel de compensador y árbitro que Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista) desempeña desde 2005 en el segmento de generación de energía eléctrica.
Esta función tuvo como objeto, en los dos últimos decenios, asegurar el abastecimiento de combustibles (el costo variable más relevante) a precios razonables, con el consecuente impacto favorable en el precio final de la generación eléctrica para empresas y familias consumidoras.
Para eliminar lo que el credo libertario considera intervencionismo estatal, se promueve ahora el funcionamiento «libre» de la oferta y demanda de energéticos tal como fue establecido en las reformas de los años 90 del siglo pasado.
«Se desdibuja el rol de Cammesa en el mercado eléctrico −señala un análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)− en un momento de seria crisis económica y con antecedentes de crisis de abastecimiento de combustibles que han sido permanentes». El episodio más reciente fue el de mayo pasado, cuando un aumento relevante del consumo obligó a importar de urgencia cargamentos de combustibles líquidos.
Cabe recordar que, en el caso de la generación térmica, la Compañía Administradora desempeñó un rol creciente ligado tanto al aseguramiento de la provisión de gas natural como insumo para las centrales, como a la planificación de la compra de combustibles líquidos −fuel oil o gas oil− en los momentos del año en que hay problemas con el abastecimiento de gas natural.
De este modo, Cammesa (controlada por el Estado) mantuvo un rol activo como comercializador de energía eléctrica destinada a las empresas distribuidoras y buscó además dotar de cierta previsibilidad a los precios. En esta materia, el traslado al sector privado de las futuras importaciones de combustibles abre un interrogante sobre el costo de las operaciones y su concreción en los tiempos adecuados para evitar caídas en la oferta de electricidad o su encarecimiento.
Sin equilibrio
Por otra parte, la compañía gestionaba recursos con destino a un Fondo de Estabilización del Mercado Mayorista. Concretamente, mediante contratos de compra-venta de energía se perseguía el objetivo de moderar eventuales impactos u oscilaciones bruscas en la dinámica económica del subsector eléctrico. El equilibrio, por cierto, se asentaba en la disposición de subsidios para evitar el impacto en la producción y el consumo domiciliario de las alzas tarifarias reclamadas por las empresas.
Exigencias al sistema. La temporada estival será el termómetro que pondrá a prueba el nuevo funcionamiento.
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Contra lo que la actual gestión considera una «excesiva intervención» del Estado, la resolución 150 establece la necesidad de encauzar gradualmente al Sector Eléctrico Nacional con los principios rectores contenidos en el Marco Regulatorio establecido a fines de 1991. Es decir, en el comienzo de la experiencia privatista y neoliberal desarrollada por el menemismo. La intención, indicó la medida de la Secretaría de Energía, es avanzar «hacia mecanismos de eficiencia en el costo de generación y su remuneración asociada, promoviendo un régimen de mayor libertad y competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista».
Se propone, en definitiva, «reducir la intervención del Estado nacional, propiciando un mercado en el que la oferta y la demanda realicen transacciones libremente, regulado por normativas que promuevan su funcionamiento autónomo y competitivo». Lo cual supuestamente contribuirá a «una mayor eficiencia y sostenibilidad económica».
Ya a comienzos de año el Ministerio de Economía advirtió que la política de mantener un esquema de subsidios a toda la demanda, generalizados y crecientes en el tiempo e implementada a través de los aportes del Tesoro, resultaba incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas.
La puesta a prueba del nuevo funcionamiento será muy pronto, ya que la propia Cammesa alertó acerca de las sobreexigencias al sistema como consecuencia de una temporada estival que se proyecta con temperaturas más elevadas que lo habitual. Como la generación hidráulica, renovable y nuclear, más las importaciones, no alcanzarán para abastecer la demanda ante las olas de calor cada vez más frecuentes, esta situación podría provocar cortes masivos en el suministro residencial y a empresas, según un informe de la compañía, que trascendió recientemente. El consumo de energía rondaría entre diciembre y marzo de 2025 entre 30.500 y 30.700 megavatios, mil por encima del récord histórico registrado en febrero pasado. En consecuencia, aparece un riesgo de que no se puedan cubrir entre 1.000 y 3.000 MW, hasta el 10% del total en los días más exigentes.
Ante un pico máximo de demanda existe un 19% de probabilidad de necesitar medidas operativas adicionales, como disminuir la capacidad de reservas o iniciar cortes programados de energía, sostiene el documento oficial. «De no contar con la importación considerada y agotando las reservas operativas, será necesario realizar cortes a la demanda», anticipó ese escrito. Frente al reto planteado se medirá la eficacia de modelos de gestión contrapuestos.
