11 de octubre de 2021
Cuando la actividad económica parece reactivarse reaparecen los reclamos empresariales para flexibilizar las leyes que regulan las relaciones laborales.
Proyectos en danza. Todos ellos toman como ejemplo el convenio UOCRA que no crea más empleo formal y recorta derechos laborales.
NA
El INDEC publicó a fines de septiembre los últimos datos sobre desocupación correspondientes al segundo trimestre del año. Un 9,6% que marcó una disminución del 3,5% respecto al mismo trimestre de 2020 (13,1%) y 0,6% menor a la del trimestre anterior (10,2%). Por su parte, el ente estatal ubicó la tasa de actividad en 45,9% y la de empleo en 41,5%. Sin embargo, hay que hacer una aclaración: el descenso de la tasa de desocupación se explica por el aumento del número de personas inactivas «y no por un crecimiento del empleo, que se frenó luego de tres trimestres de recuperación sostenida y se mantiene 92.000 puestos abajo del segundo trimestre de 2019», señalan desde el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación German Abdala. Esta situación ya se había reflejado durante el relevamiento de datos del INDEC del segundo trimestre de 2020, el período más afectado por el ASPO, donde «la caída del empleo no se evidenció como una caída de la desocupación sino, precisamente, como un aumento de la inactividad. Sin embargo, el hecho de que la transición haya sido desde la desocupación hacia la inactividad (y no desde el empleo hacia la inactividad) podría estar indicando también la –preocupante– presencia del “efecto desaliento”. Esto es, que las personas desocupadas se retiraron del mercado de trabajo desanimadas luego de infructuosas búsquedas laborales», señala el informe del ITE. Algo similar habría ocurrido durante el segundo trimestre de este año, bajo los efectos de la «segunda ola» de COVID-19. Ya en septiembre del año pasado, al conocerse la tasa de desempleo (13,1%), la entonces vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, reconoció que el porcentaje «estaba subestimado por la cantidad de gente que no pudo salir a buscar trabajo por la pandemia». Qué sucederá en el mercado laboral tras la normalización de la actividad, producto de la campaña de vacunación y la baja de casos, es una incógnita que develará el paso de los meses, más aún si tenemos en cuenta que respecto a la prepandemia COVID-19 a la actualidad se destruyeron 92.000 puestos de trabajo, en un escenario de crecimiento poblacional (+542.000 personas).
En este contexto, los grandes grupos empresarios y el principal partido de la oposición vuelven a la carga pidiendo cambios en las reglas del mercado de trabajo, en particular las que regulan las indemnizaciones por despido. Así, en pocas semanas, la agenda mediática se colmó de opinadores –cual déjà vu– empeñados en crear –o recrear– un sentido común cuyo argumento principal se asienta en que la falta de generación de puestos de trabajo se debe a la «rigidez» de las leyes laborales. Extraña interpretación, donde cerca de la mitad de la clase trabajadora registrada es la causa de la expulsión de la otra mitad.
Del mismo lado
Proyectos de empresarios (como el del textil Teddy Karagosian y su Mochila Argentina o Flexiseguridad, que busca emular un modelo europeo de seguro de desempleo en lugar de indemnizaciones) y de dos legisladores de JxC (el diputado del PRO Héctor Stefani y el senador radical Martín Lousteau) son parte de las «nuevas reglas laborales» que buscan imponerse en el congreso nacional. El proyecto del diputado PRO –en línea con las declaraciones al respecto del jefe de Gobierno porteño, días antes de las PASO– propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones (SGI) por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual. Mientras que el de Lousteau propone suplirlo por un fondo similar al que rige para los trabajadores de la construcción, convenio UOCRA, que ya quedó demostrado, solo sirvió en tiempos de intensa actividad y alto nivel de empleo.
Especialistas en derecho laboral sostienen que implementarlo en otros sectores priva a los trabajadores de un derecho, violando el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Sin embargo, lo esencial sería la alteración de fuerzas entre capital y trabajo que estos proyectos intentan llevar adelante para darle una nueva orientación al mercado de trabajo nacional. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma, anticipó cuál sería el resultado de aprobar una legislación que reemplace la indemnización por despido por un seguro similar a la libreta de desempleo del sector de la construcción: «No va a redundar en una mayor creación de empleo formal y va a implicar un recorte de derechos laborales». Y argumenta: «En los últimos 13 años, desde 2009, la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las actividades». Además, aclara que un régimen «flexible» de finalización de contratación no trajo aparejado un crecimiento diferencial del empleo registrado, pero los despidos bajo esta legislación permitieron que «los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica. La velocidad de la destrucción del empleo en la construcción fue mucho más rápida que en el resto de los sectores durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20», mientras que «la flexibilización del despido tampoco conduce necesariamente a un incremento de la formalidad: en la industria de la construcción el 60% de los asalariados no tiene aportes jubilatorios. Sin embargo, los costos de un cambio de sistema sí son claros: una reducción de las indemnizaciones, la socialización de sus costos por vía de un incremento de precios y una mayor disciplina patronal en los establecimientos».
En el mismo rumbo, se expidió el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA, al analizar el proyecto presentado por Lousteau, cuando señala que «la experiencia argentina demuestra que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente», a la vez que señala: «Esta medida sin dudas implicaría una menor estabilidad en el empleo, ya que el costo disuasorio de un despido desaparecería. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo. En síntesis, menos estabilidad y mayor disciplinamiento para los trabajadores y trabajadoras». Las voces de los sindicalistas también se hicieron escuchar. La CGT se expresó en contra y sostuvo que este tipo de proyectos son «negativos porque el derecho a la indemnización es disuasorio, para que el empleador no pueda deshacerse de los trabajadores tan fácil. Y protege al trabajador porque recibe la totalidad de todos los años trabajados. Es una mala estrategia, van a encontrar a la central obrera en contra». En la misma línea, Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos e integrante de la CTA, afirmó que «es una propuesta que rechazamos de plano. El problema del empleo no es el régimen laboral, es que las empresas no acceden al crédito, tienen competencia desleal o caída de la demanda interna. Todos los intentos de flexibilizar nunca terminaron con más empleo», afirmó.
