15 de abril de 2023

Daniel Víctor Sosa

Referentes de la oposición proponen cerrar o privatizar compañías públicas sin tener en cuenta las capacidades que le brindan la Estado en distintos sectores.

«Hay algunas para cerrar, otras para reorganizar y otras para privatizar. Está en proceso de evaluación», amenazó el economista de Cambiemos Carlos Melconian, en referencia al plan para las empresas públicas que la oposicion llevaría adelante en caso de triunfar en las próximas elecciones presidenciales. Al hablar días atrás como titular del Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea, Melconian (asesor de grandes grupos locales y extranjeros desde fines de los años 90 del siglo pasado, y titular del Banco Nación durante la gestión macrista) justificó su propuesta de liquidación o venta de ese patrimonio estatal, ante la necesidad de «erradicar el déficit fiscal». La consigna de enajenación de esas compañías es compartida por distintas vertientes neoliberales y se repite con frecuencia, sin mayores consideraciones sobre el rol económico y social que cumplen.
Un reciente informe del Ministerio de Economía, en tanto, aportó datos concretos sobre la actuación de las 34 empresas (no financieras) que, en la actualidad, gestiona el Estado nacional. El análisis, a partir de la ejecución presupuestaria correspondiente a 2022, indica como cuestión relevante que una elevada proporción de las erogaciones de ese grupo se destinó a inversiones (el 22%, más de 500.000 millones de pesos, frente a menos de 190.000 millones en 2021).
El relevamiento justifica además la actividad en distintas áreas estratégicas, en especial por parte de 11 de esas compañías que hoy representan el 91% del total de ingresos y gastos totales ejecutados por el sector.
Lo cierto es que el déficit operativo del conjunto de compañías estatales fue de 849.000 millones de pesos (ingresos por 1.970 millones y gastos de 2.320 millones). Pero esa cifra en rojo, lejos de darle la razón a los partidarios del recorte, en realidad refleja la prestación de servicios imprescindibles a toda la sociedad (universo empresario incluido), que el sector privado no está en condiciones de atender, o lo haría en términos muy onerosos.
Según el estudio de Economía, apenas dos estatales suman más de la mitad de los gastos de este conjunto empresario. Enarsa (hoy rebautizada Ieasa, Integración Energética Argentina) concentra el 37% y Aerolíneas Argentinas el 17,5%. Les siguen AySA (11,9%); OFSE (Operadora Ferroviaria, 8,6%); Correo Oficial (4,2%); y NASA (Nucleoeléctrica Argentina, 3,6%). Las críticas opositoras en este terreno no profundizan en los motivos de los déficits, o en las contrapartidas socioeconómicas, con lo cual la exhibición de cifras poco aporta a la comprensión de las variadas participaciones del Estado. Ciertamente, el año pasado el resultado operativo de Ieasa fue de −419.000 millones de pesos, el de OFSE, −174.000 millones, el de Aerolíneas, −79.000 millones y el de AySA −66.000 millones. La primera de esas empresas aseguró el abastecimiento de gas en cumplimiento de contratos con Bolivia, más cargamentos de GNL del exterior (todo ello, con precios elevados por la guerra Rusia-Ucrania). Pero también avanzó en las obras de los gasoductos Néstor Kirchner y del Noroeste, en las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y en el tendido de líneas de extra alta tensión, entre otros proyectos.

Beneficios
Aerolíneas, a su vez, garantizó la conectividad local e internacional de 11,3 millones de pasajeros (este año superarían los 13 millones), en un marco también afectado por el fuerte encarecimiento de los combustibles. El grueso de los servicios aéreos fueron prestados en vuelos de cabotaje (8,7 millones de usuarios) y regionales (1,2 millón). La empresa también transportó más de 650 toneladas de cargas. OFSE, a su vez, contribuyó al repunte económico al mantener y luego optimizar el transporte terrestre, aún en condiciones de pandemia, lo cual implicó inversiones en infraestructura y material rodante para las distintas líneas urbanas y regionales, que trasladaron en el año a más de 290 millones de de pasajeros.
Mientras, AySa concretó proyectos de agua y cloacas, particularmente en cientos de barrios del Conurbano bonaerense. Los principales emprendimientos involucran obras en expansión, de mejoras y mantenimiento, en el Sistema Riachuelo y la ampliación Bernal más Río Sur. Otras compañías públicas fueron deficitarias en menor medida: el saldo negativo del Correo fue de 35.000 millones de pesos; el del tren Belgrano Cargas (de gran ayuda para el agro y otras producciones provinciales), de 19.000 millones; y el de Corredores Viales ascendió a 11.100 millones. Por su parte, el desequilibrio operativo de Casa de Moneda bordeó los 10.000 millones de pesos, mientras el de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) llegó a 2.775 millones.
Entre las principales empresas estatales sobresalieron dos con resultados positivos: el de Nasa fue de 7.481 millones de pesos, en tanto que la Administración General de Puertos (AGP) totalizó 8.963 millones.
Más allá de las cifras, «si nos quedamos con los prejuicios, las referencias a las empresas públicas se acotan a una única dimensión: el gasto que implican para las arcas del Estado y, por lo tanto, quedan asociadas a los desequilibrios fiscales», reflexionó Fernando Peirano, titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Ancyt). En rigor, concluyó, las empresas públicas son palancas de desarrollo, a la vez que «le brindan al Estado las capacidades que necesita para regular y construir soberanía en sectores cada vez más complejos y estratégicos». 

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