La apertura irrestricta del mercado aerocomercial argentino pone a la compañía de bandera en una posición delicada, que podría aprovecharse para intentar reprivatizarla. El arribo de las low cost conlleva un deterioro en la seguridad y la calidad del servicio.
26 de julio de 2017
El plan oficial para flexibilizar el negocio aerocomercial volverá a poner en una situación insostenible al Grupo de Bandera (Aerolíneas Argentinas –AA– y Austral), dando excusas al gobierno para privatizarla como sucedió en los años 90. Desde que asumió Cambiemos, con muchos de sus funcionarios provenientes de la actividad aeronáutica o con negocios en el sector, se implementó un programa de desregulación del espacio aéreo. Comenzó con un plan de ajuste y quita de subsidios para Aerolíneas. El puntapié inicial fue la audiencia pública que se realizó para el otorgamiento de rutas y recursos aeroportuarios a empresas que pretenden operarlas en el segmento low cost. El entramado de políticas y decisiones involucra a varios integrantes del Gabinete nacional y hasta al propio presidente. «En estos últimos meses venimos advirtiendo que a través del Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se está auspiciando de manera poco clara la asignación de rutas», sostiene un documento de los gremios aeronáuticos.
Por primera vez desde 2001 los cinco sindicatos de la actividad (que representan a pilotos, aeronavegantes, asistentes y técnicos) coincidieron en su repudio a la política aeronáutica oficial. El ahogo financiero y la apertura irrestricta de los cielos a empresas interesadas en ser parte del negocio aerocomercial solo ahogará a la línea de bandera y continuará saturando el sistema e infraestructura aeroportuaria. La respuesta del gobierno fue mudar todos los vuelos regionales que se realizaban desde el aeroparque metropolitano al aeropuerto de Ezeiza. Esto afecta principalmente a Aerolíneas Argentinas y Austral, que detentan el mayor porcentaje de tráfico regional. Los gremios denuncian que «con la presente política aerocomercial, Aerolíneas Argentinas y Austral están siendo empujadas hacia la tradicional receta de ajuste: achique empresarial, despidos, rebajas salariales, entrega de conquistas convencionales y precarización laboral; bajo la falacia de que son obligadas por el mercado, cuando en verdad son obligadas por dicha política y los planes del gobierno nacional».
Desmantelamiento
El programa privatizador y flexibilizador del espacio aéreo comenzó discursivamente. «Con lo que se gasta en un año en Aerolíneas urbanizo todas las villas de la Ciudad», había sentenciado el presidente Macri para justificar la baja en subsidios. El gobierno recortó el año pasado un 60% los subsidios a Aerolíneas (hasta los 320 millones de dólares), pese a argumentar que la empresa fue recibida con un rojo presupuestario de 1.000 millones. Este año está presupuestado un 30% menos (180 millones de dólares), pese a que en 2016 la inflación llegó a 40% y en este año se prevé alcanzar un 25%, denuncian desde los sindicatos. A esta situación se suma la reducción de mercado que están sufriendo Aerolíneas y Austral de la mano de empresas extranjeras –como Latam, SKY, COPA, AIR Europa entre otras–, que captan pasajeros desde ciudades del Interior para trasladarlos regional e internacionalmente. Además se permite el ingreso a otras empresas sin ninguna regulación, como los casos de Flybondi y Alas del Sur. Las nuevas rutas autorizadas se superponen en más de un 95% a las rutas de cabotaje que opera actualmente el Grupo de Bandera, destinos que constituyen sus principales ingresos (ver recuadro). Los últimos trazos del ajuste se completan con operaciones denominadas «sale and leasing back», que implica vender los planes de leasing de los aviones que se compraron en la gestión anterior y alquilarlos a la empresa que adquiera las unidades. El objetivo es obtener dinero fresco para gastos corrientes operativos a costa de hipotecar las aeronaves. Hasta el momento se realizó esta operación con cuatro Boeing 747.
El 1 de marzo el fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente, a su padre Franco Macri y a funcionarios y empresarios por «presuntas irregularidades» en la concesión de rutas a Avianca, en la investigación penal abierta por la venta de la compañía MacAir a esa aerolínea. La ANAC aprobó las 16 rutas pedidas por Avianca para operar desde Buenos Aires a ciudades como Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia y Sunchales, entre otras. La denuncia conlleva la presunción de fraude en la venta de MacAir a Avianca por un supuesto acuerdo que habría incluido la promesa de garantizarle rutas de vuelo. También se investigan el entrecruzamiento de negocios entre el dueño de Flybondi, Richard Guy Gluzman, con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El fundador de Flybondi y FB Líneas Aéreas aparece vinculado en varias sociedades con Quintana, incluso como vicepresidente de Pegasus, la principal empresa del funcionario.
