21 de junio de 2024
El informe del organismo de crédito sobre la marcha de la economía argentina tensa los ejes de la política cambiaria. Flexibilización del tipo de cambio y devaluación.
Perspectivas. En su último informe, el Fondo exige terminar con el control de cambios.
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La aprobación de la Ley Bases, en la Cámara de Senadores, fue una victoria política del Gobierno nacional. Aunque el texto original sufrió modificaciones importantes, el voto desempate de Victoria Villarruel alcanzó para darle un poco de aire al oficialismo. Lo contrario había ocurrido, en 2008, con el famoso «voto no positivo» de Julio Cobos durante el tratamiento del proyecto de retenciones móviles sobre las exportaciones sojeras. Como se sabe, el kirchnerismo logró superar esa derrota y se impuso en las elecciones presidenciales de 2011.
Dicho de otra manera, la historia enseña que, tal como señalara el expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, «no hay derrotas, ni victorias, definitivas». La administración libertaria debería tomar nota de esa lección para no festejar en demasía.
Ese mismo día, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó la aprobación de la demorada octava revisión del Acuerdo vigente. Esto gatilló el desembolso de 790 millones de dólares para reforzar, aunque solo por algunos días, las reservas del Banco Central. Esa jugada reafirmó la idea de que el Fondo continúa en modo «wait and see» (esperar y ver) ante el gobierno de Milei. Le suelta la soga un poco, cuando observa algunos resultados concretos (la aprobación de la Ley Bases en este caso). Esta postura abre un signo de interrogación acerca del futuro cercano, sobre todo cuando el Gobierno espera un apoyo más importante del organismo. En una reciente disertación pública, el ministro Luis Caputo blanqueó que «empezaremos a negociar un nuevo programa… se lo conté al propio Fondo personalmente en octubre y noviembre. Llevará un tiempo, pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente que con ese nuevo programa llegue nueva plata».
El interrogante que asoma es: ¿el FMI aportará «fondos frescos» para apuntalar la estrategia oficial de levantamiento del «cepo» cambiario? Habrá que ver como continúa esa película, pero, por lo pronto, el Fondo le continúa marcando la cancha al Gobierno libertario.
El lunes pasado, la burocracia fondomonetarista publicó un informe sobre la marcha de la economía argentina. El «staff report» avaló el rumbo ortodoxo del programa económico, pero sin dejar de marcar críticas y «recomendaciones». Por caso, el Fondo corrigió su proyección de caída del PIB para este año del 2,8% al 3,5%. «La recesión actual podría prolongarse, alimentando las tensiones sociales y complicando la implementación del programa», advierte el informe.
En líneas generales, el organismo propone una hoja de ruta para la política económica asentada en los siguientes ejes: Avanzar en la apertura de los controles cambiarios; generar las condiciones para retornar el año que viene a los mercados internacionales de deuda; ampliar el apoyo político a las reformas; mayor protección a los sectores vulnerables; avanzar en un esquema de tasa de interés real positiva para fortalecer la demanda de la moneda doméstica, y mejorar la «calidad» del ajuste fiscal (reformas al impuesto a la renta, recortar subsidios y gastos tributarios, mayores controles del gasto).
Presiones
En la misma semana que el Senado aprobó el proyecto de Ley Bases, el INDEC difundió que la inflación de mayo llegó al 4,2%. La contrapartida de ese «logro» es una caída de la actividad económica en línea con los registros pandémicos. La desaceleración inflacionaria también fue apuntalada por la postergación de los aumentos tarifarios y el ancla cambiaria (es decir, el virtual congelamiento del tipo de cambio oficial luego de la megadevaluación inicial), entre otros motivos.
Con relación al primer punto, los incrementos en las tarifas comenzarán a aplicarse (de manera parcial) a partir de este mes. Por eso, el propio presidente Javier Milei reconoció que la inflación volverá a aumentar en junio.
Con respecto al tipo de cambio, las presiones del Fondo para devaluar son cada vez más desembozadas. En particular, el staff report sostiene que «la política cambiaria debe flexibilizarse con el relajamiento de los controles de cambios a medida que las condiciones lo permitan. Si bien la tasa fija de crawl (2% mensual) ha ayudado a anclar la inflación tras la gran devaluación escalonada, las autoridades ajustarán la política cambiaria con el tiempo para que sea más flexible y refleje mejor los fundamentos y salvaguarde una mejora adicional en la cobertura de reservas, necesaria para respaldar una flexibilización de los controles de cambios». «Tras los pasos iniciales para desmantelar las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas en desmantelar todos los tipos de cambios múltiples y las restricciones cambiarias, empezando por las medidas más distorsivas, incluida la eliminación del esquema preferencial de exportación 80/20 (finales de junio de 2024) y la eliminación del impuesto PAIS antes de fines de 2024», continúa el informe.
Las presiones del Fondo para devaluar apuntan a reforzar las reservas del Banco Central. Lo mismo ocurre con el virtual ultimátum para terminar con el «dólar blend», la alternativa que tienen los exportadores de liquidar el 80% de las divisas en el mercado oficial y el 20% restante al contado con liquidación (CCL).
¿Por qué aumentarían las reservas? En el primer caso porque la suba del tipo de cambio incentivaría una mayor liquidación de la cosecha. En el segundo porque el 100% de los dólares deberían liquidarse en el mercado oficial.
Ahora bien, la solución propuesta (devaluación) tiene impacto en los precios. En otras palabras, la suba del dólar puede poner en crisis el proceso desinflacionario. Por eso, el ministro Caputo se apuró en confirmar la continuidad del crawling peg al 2% mensual.
El sector agroexportador es otro actor clave en esta disputa. La liquidación de las exportaciones es un poco menor a lo esperado para esta época del año. Los especialistas estiman que el remanente de liquidación de la cosecha gruesa es cercano a los 15.000 millones de dólares. Gobierno, FMI y agroexportadores están bailando al son de un inquietante minué.
