15 de julio de 2024
Aun con un amplio apoyo mundial, el proyecto de gravar las ganancias de los multimillonarios con un impuesto mínimo global se demora por el rechazo de Estados Unidos.
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Puja por el espacio. Las empresas de los milmillonario Elon Musk y Jeff Bezos rivalizan por la conquista de la Luna y Marte.
Foto: Shutterstock
Unos pocos centros de poder mundial que agrupan a gran parte de los superricos, como Estados Unidos, continúan resistiendo la propuesta tributaria, lanzada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio «Lula» da Silva, en el marco de la presidencia del Grupo de los 20 (G20). «Si los 3.000 milmillonarios del planeta (poseedores de fortunas de más de 1.000 millones de dólares) pagaran el 2% sobre el rendimiento de sus fortunas, podríamos generar recursos para alimentar a 340 millones de personas que, según la FAO, sufren inseguridad alimentaria grave en África», sostuvo el mandatario sudamericano.
La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, por su parte, dijo que su país está a favor de impuestos progresivos que promuevan que los ricos tributen una mayor parte de sus ingresos que el resto de la población, pero de inmediato aclaró que su Gobierno no participará en el proceso para acordar un gravamen como el propuesto por Lula, que ya cuenta con el apoyo de Francia, Alemania, Sudáfrica, España, Bélgica, Colombia, entre otras naciones, y hasta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Yellen tampoco firmará el documento que surja de las discusiones que se llevan a cabo en el marco del G20.
La presidencia rotatoria brasileña del Grupo de los 20 planteó, como una de las prioridades de su mandato, la discusión de un nuevo modelo de tributación internacional que procure combatir las desigualdades y motorice la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. El objetivo del nuevo gravamen es evitar que los multimillonarios trasladen su riqueza a paraísos fiscales para eludir regímenes impositivos más estrictos. O que se produzca una carrera de baja de tasas para atraer esos gigantescos capitales y socavar la capacidad del resto de los países para imponer obligaciones a sus residentes de mayores fortunas.
El economista Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, estimó que los superricos pagan hoy solo 0,3% por las ganancias obtenidas, mientras el gravamen propuesto generaría unos 250.000 millones de dólares en ingresos cada año. Existen sobradas evidencias, afirmó el experto, que demuestran que la tributación global actual de los multimillonarios es regresiva. Lo que significa que la tasa impositiva efectiva que pagan es más baja, a veces mucho más baja, que las pagadas por los contribuyentes promedio. «Aunque es mucho lo que los países pueden hacer individualmente, la mejor manera de abordar esta regresividad es mediante la creación de un estándar mínimo común a través de la coordinación internacional», dijo Zucman.
Un puñado
Los ultrarricos, precisó, «están repartidos por casi todo el planeta. Se calcula que unos 800 están en Estados Unidos, 800 en el sudeste asiático, unos 500 en Europa, más de 100 en América Latina». Los países de residencia de los milmillonarios recibirían el dinero que a cada uno le correspondiera y decidiría en qué gastarlo. Zucman explicó luego que gravar la riqueza en lugar de los ingresos, que es normalmente donde se centran los gravámenes, evitaría que los multimillonarios exploten estrategias que les permitan aumentar su patrimonio mientras generan pocos ingresos imponibles.
El ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, sostuvo que el impuesto «es una cuestión de eficiencia y justicia», y agregó que «la idea es que cada uno pague su parte justa de contribución». La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, añadió a su vez que «en la mayoría de los países, los ricos pagan menos impuestos que la clase media e incluso los pobres». Por lo cual instó a cerrar los canales de evasión fiscal y formuló un llamado a la comunidad internacional «para que implemente acuerdos que permitan compartir información tributaria».
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Da Silva en la OIT. El mandatario brasileño encabeza la propuesta para gravar la riqueza de los superricos en todo el mundo.
Foto: @ilo
Al hablar como invitado en la última cita del Grupo de los Siete (G7), integrado por las mayores potencias planetarias, Lula recalcó que «la excesiva concentración de poder e ingresos representa un riesgo para la democracia». El presidente brasileño pidió apoyo a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, cuyos documentos serán debatidos en la reunión ministerial programada para el 24 de este mes en Río de Janeiro, con miras a la cumbre del G20 prevista para noviembre en Brasilia.
La Alianza «no es una nueva organización, ni un nuevo fondo de financiamiento. La idea consiste en una gran colaboración entre los países, para hacer frente a este enorme y urgente problema del hambre en el mundo», aclaró el ministro brasileño de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, Wellington Dias.
El flagelo expresa una de las puntas del desequilibrio. En el otro extremo, «unas 3.000 personas concentran casi 15 billones (millones de millones) de dólares. Más del producto bruto (PIB) de Japón, Alemania, India y el Reino Unido sumados, y más de lo que necesitarían muchos países para desarrollarse», afirmó Lula al intervenir en la reciente conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Agregó que esa concentración de ingresos «es tan absurda que los superricos tienen programas espaciales propios», en alusión a magnates como Elon Musk, dueño de la agencia espacial SpaceX, o Jeff Bezos, cuya compañía Blue Origen también incursiona en el espacio exterior. El antiguo sindicalista metalúrgico paulista comentó: «Quizá encuentren un planeta mejor que la Tierra, aunque los trabajadores aquí son los que les han permitido tener sus riquezas. No precisamos buscar esas salidas mágicas, porque es la Tierra la que necesita nuestro cuidado, no Marte».
Una eventual victoria del magnate Donald Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre sería un revés importante para la propuesta de Lula. De todos modos, para prosperar, la iniciativa no está condicionada a un consenso total y puede arrancar de manera viable si la adoptan entre 30 o 50 países, concluyó Zucman.